Obispos exigen a las autoridades contener escalada de violencia en el sur de México
Un grupo de obispos del estado de Guerrero, en el sur de México, pidió el lunes a las autoridades civiles y militares que ejerzan su autoridad y protejan a los habitantes de esa región, en la que han sido asesinadas más de una decena de personas en los últimos días y donde, fruto de la violencia, se suspendieron las actividades escolares en tres municipios.
Tras los sangrientos enfrentamientos entre dos bandas rivales ocurridos desde el pasado jueves en la localidad de Técpan de Galeana, en el sureño estado de Guerrero, donde se han reportado al menos 19 homicidios, cuatro obispos denunciaron el recrudecimiento de la violencia en la zona. En un comunicado solicitaron a las autoridades que “ejerzan su autoridad y garanticen la seguridad, el libre tránsito y el trabajo exento de cuotas y extorsiones”.
Ante la ola de violencia que enfrenta Técpan de Galeana las autoridades estatales suspendieron desde la semana pasada las actividades escolares en esa localidad y en dos municipios vecinos.
En el escrito, que dio a conocer el lunes la Conferencia del Episcopado Mexicano en su cuenta de X, los obispos José de Jesús González, Leopoldo González, Joel Ocampo Gorostieta y Dagoberto Sosa, afirmaron que “las luchas de poder en torno a intereses parciales se hacen cada vez más fuertes porque cuentan con la complicidad, tolerancia o indiferencia de muchos que deberían promover y asegurar la justicia, la legalidad y la seguridad”.
Los cuatro obispos alcanzaron notoriedad a inicios de año cuando participaron en unos diálogos con integrantes de grupos delictivos para tratar de frenar la violencia en Guerrero, en cuya capital fue asesinado y decapitado Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo en octubre, a seis días de haber asumido el cargo.
El pronunciamiento de los obispos se da a una semana del homicidio del sacerdote Marcelo Pérez, quien por muchos años levantó su voz contra la violencia en el sur del país. Pérez murió el 20 de octubre tras ser tiroteado en una calle de la localidad sureña de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas. Por el caso fue detenida una persona.
El asesinato de Pérez fue condenado de manera enérgica por la cúpula de la Iglesia católica mexicana y organizaciones de derechos humanos que exigieron al gobierno de Claudia Sheinbaum medidas urgentes para contener a los grupos criminales y proteger a la población.
Otro de los focos de violencia del país está concentrado en el estado noroccidental de Sinaloa donde desde inicios de septiembre se desató una cruenta lucha entre dos facciones del poderoso cartel de Sinaloa que ha dejado más de un centenar de muertos y mantiene atemorizados a los habitantes de Culiacán, capital del estado.
Pese a las críticas, Sheinbaum se mostró el lunes optimista por las políticas de seguridad de su gobierno, que arrancó a inicios de mes, y aseguró que los resultados “se va a ir viendo poco a poco”.
Ante la pregunta de un periodista de si estaba dispuesta dialogar con las organizaciones delictivas, la mandataria dijo en su conferencia de prensa matutina que “no voy a negociar con delincuentes. Vamos a seguir construyendo paz atendiendo las causas y cero impunidad”.
Sheinbaum presentó este mes un plan nacional de seguridad, que incluyó algunas de las políticas de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, entre ellas el desarrollo de programas sociales y la participación de los militares en labores de seguridad pública.
El plan está sustentado en cuatro ejes: la atención de las causas de la violencia a través de programas sociales para evitar que los jóvenes sean captados por la delincuencia; la consolidación de la Guardia Nacional bajo el mando del ejército; la creación de un sistema nacional de inteligencia e investigación, y el trabajo coordinado entre el gobierno federal, los estados, los municipios y el Ministerio Público.