Oficina de DDHH de la ONU pide a El Salvador investigar muertes en las cárceles

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó el viernes su preocupación por la extensión del régimen de excepción en El Salvador y pidió al gobierno del presidente Nayib Bukele que ponga fin a esa medida y que investigue todas las muertes en las cárceles de personas bajo custodia del Estado.

En una nota de prensa la Oficina reconoció el complejo reto que enfrenta en El Salvador para combatir a la delincuencia así como el grave sufrimiento infligido por las pandillas que durante décadas han aterrorizado a la población.

Sin embargo, afirmó que “debilitar el Estado de derecho y la integridad del sistema legal mediante las limitaciones de los derechos a un juicio justo no es la respuesta”.

“Pedimos a las autoridades que levanten el estado de emergencia y revisen las medidas que han tomado. También les pedimos que investiguen de inmediato todas las muertes en custodia de acuerdo con los estándares internacionales, que los responsables sean sancionados y que se garantice justicia a las víctimas”, dijo la portavoz Marta Hurtado.

La nueva declaración del organismo se produjo luego de que la organización no gubernamental salvadoreña Cristosal presentara un informe en el que documentó que al menos 153 personas murieron bajo la custodia del Estado durante el régimen de excepción decretado por el Congreso el 27 de marzo de 2022 después de que en un solo día las pandillas asesinaran a 62 personas en todo el país.

Cristosal aseguró que las muertes de los detenidos fueron resultado de torturas, lesiones graves y sistemáticas y que casi la mitad de las personas fallecidas fueron víctimas de muertes violentas. Una parte de esas muertes también fueron causadas por patologías que evidencian una negligencia deliberada en la provisión de asistencia médica, medicamentos y alimentos, registrándose decesos por desnutrición.

La organización mencionó las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que han sido infringidos de manera generalizada a miles de personas detenidas durante la vigencia del régimen de excepción.