ONU condena actos graves de intrusión contra periodistas y defensores de DD.HH. en México

La ONU (Organización de Naciones Unidas) expresó su “preocupación por los actos de vigilancia ilícita contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, que fue denunciada hace unos días por varias asociaciones civiles en México.

“Estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado. Los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica, contrario al entorno libre y seguro que corresponde garantizar para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de prensa”, declaró Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El organismo recordó que el Estado es responsable de promover un ambiente de tolerancia hacia la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones, con el fin de fortalecer la vida democrática de la sociedad, en este caso, la mexicana.

Luego de que Andres Manuel Lopez Obrador justificó el uso de software de espionaje por parte de las Fuerzas Armadas asegurando que se trata, más bien, de “labores de inteligencia”, la oficina en México de ONU-DH llamó a las autoridades mexicanas a esclarecer el alcance de los servicios de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares.

El lunes 3 de octubre pasado, la organización Article 19, representantes de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, llamaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha negado en repetidas ocasiones que su gobierno haga espionaje, a dar una respuesta a la violación de la seguridad y la privacidad que se lleva a cabo bajo su mando.

La acusación estuvo respaldada con el análisis forense de varios dispositivos móviles que realizó Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, que confirmó el ataque con Pegasus, un malware de espionaje que vende la israelí NSO Group, únicamente a gobiernos. Además del documento filtrado en el ataque del grupo de hackers Guacamaya a la Sedena, que comprueba la compra de un sistema de monitoreo remoto de información a Comercializadora Antsua, representante oficial de NSO Group en México.

“Hay una agenda al margen del mando civil que gobierna este país”, dijo Ricardo Raphael, periodista que estuvo bajo espionaje, “es una agenda política que subordina al poder civil, por eso tiendo a pensar que el presidente de la República, no solamente ha sido engañado sobre el espionaje a periodistas, sino sobre que el poder civil está por encima de los demás”.

En el 2019, López Obrador aseguró que su gobierno no había adquirido aparatos de espionaje, como había sucedido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, como estas mismas asociaciones lo denunciaron también.

“Nosotros no hemos comprado equipos para escuchas, entre otras cosas, por la corrupción que significaba comprar todos estos equipos a precios elevadísimos a empresas extranjeras (...) Hay todavía equipos sin usar que compraron en el gobierno anterior, pero nosotros no hacemos eso, y no lo hacemos por una cuestión de principios”, dijo en su conferencia de prensa matutina el 5 de noviembre de 2019.

Sin embargo, en el mismo ejercicio que realiza desde Palacio Nacional, pero del pasado 4 de octubre, López Obrador reculó y dijo que, en efecto, el Ejército posee este tipo de sistemas pero que no se usan para espionaje, sino para hacer “labores de inteligencia”, al tiempo que retó a que se presenten las pruebas de lo contrario.

“Si hay algo que ustedes consideren ilegal y tienen las pruebas, preséntenlas ante las autoridades competentes (...) Ahora se vive en un auténtico Estado de Derecho. Entonces, si te estoy diciendo que nosotros no espiamos a nadie, estoy hablando con la verdad. Presenten las pruebas para que me desmientan”, respondió al cuestionamiento de la periodista Nayeli Roldán.