Policía de Bolivia regresa al feudo de Evo Morales tras dejar la zona cocalera por presión política
La policía boliviana regresó el lunes a la región cocalera del Chapare, bastión del expresidente Evo Morales, de donde se vio forzada a salir por presiones y ataques durante las protestas de octubre que lideró el exmandatario en contra de su antiguo aliado y sucesor, el presidente Luis Arce.
Los trabajadores de bancos y de oficinas públicas, que también se marcharon de esa región tropical del centro de Bolivia tras recibir amenazas, regresarán paulatinamente en los siguientes días, dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.
Según informes de la policía, el Chapare es una de las regiones más inseguras del país donde operan mafias vinculadas al tráfico de cocaína. Para el Ministerio de Gobierno es la principal región productora de la droga.
Morales está atrincherado en ese territorio, protegido por sindicatos cocaleros que lidera, desde que el Ministerio Público le iniciara una investigación por el presunto abuso sexual de una menor que resultó embarazada cuando era mandatario en 2016. El político, de 65 años, acusó a Arce de usar el caso para incriminarlo judicialmente. “Es un plan negro para eliminarme políticamente y sacarme de la carrera electoral”, dijo previamente.
Ante la ausencia de la policía en el Chapare, incrementó la inseguridad en esa zona, según informes policiales.
Alcaldes y autoridades locales de esa región recibieron a un contingente de 250 policías con “un acto de desagravio” el lunes. El regreso fue posible después de un acuerdo entre representantes municipales y del gobierno, dijo el comandante de la policía general, Augusto Ruso.
Morales y Arce están enfrentados en una feroz batalla política interna por el control del aparato partidario de cara a las elecciones de 2025, que ha sumido al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en una crisis que pone en riesgo su hegemonía de 18 años de gobierno.
Durante los bloqueos de carreteras que duraron 24 días, varios policías resultados heridos con dinamita y más de un centenar de seguidores de Morales fueron detenidos y procesados por terrorismo. El gobierno acusó a Morales de haber provocado pérdidas por más 1.000 millones de dólares a la alicaída economía boliviana.