Presidenta mexicana pide a la Fiscalía federal asumir el caso del predio con numerosos restos óseos
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el miércoles que solicitó a la Fiscalía General de la República que asuma las investigaciones sobre el hallazgo de numerosos restos óseos en una finca situada en un área controlada por delincuentes en el estado de Jalisco, al oeste de México, ante las fallas en las que habrían incurrido las autoridades estatales en la resolución del hecho.
Sheinbaum dijo que le pidió a la Fiscalía federal que “atraiga el caso de Jalisco”, tras la polémica que desató el dantesco hallazgo que realizó la semana pasada un grupo de activistas que dejó al descubierto diversas omisiones y fallas por parte de las autoridades estatales que hace seis meses intervinieron el predio.
Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum expresó su respaldo al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien el martes cuestionó la actuación de la Fiscalía de Jalisco y anunció que se abriría una investigación. La mandaria dijo que “es importante esta investigación coordinada” para deslindar responsabilidades.
El titular de la Fiscalía de Jalisco, Salvador González de los Santos, admitió el martes que los trabajos que se hicieron en el lugar “fueron insuficientes”, y anunció que se abrió una averiguación para deslindar responsabilidades.
Según indicó la Fiscalía de Jalisco en un comunicado, fueron hallados “seis lotes óseos” en cuatro espacios de un terreno ubicado en el municipio de Teuchitlán, a casi 60 kilómetros de Guadalajara, capital del estado.
Hasta la fecha las autoridades no han ofrecido una cifra estimada de cuántas personas habrían sido asesinadas en el lugar. Se estima que la identificación de los restos óseos, que están en gran parte calcinados, podría demorar varias semanas.
El informe de las autoridades estatales señala que se localizó un “área de entrenamiento táctico y otra de acondicionamiento físico”, así como pertenencias de víctimas y personas que pudieron estar involucradas en actividades ilícitas. como medicamentos, artículos de higiene personal y otros objetos.
La Fiscalía de Jalisco reconoció que la Guardia Nacional descubrió el predio, llamado “Rancho Izaguirre”, el 18 de septiembre durante un operativo en el que fueron detenidas diez personas, dos fueron liberadas y fue encontrado un cadáver cubierto con plástico.
Un día después, la Fiscalía estatal inició la búsqueda en el lugar con una retroexcavadora, medidores de compactación del suelo y perros, pero luego las investigaciones no avanzaron, sin que las autoridades aclararan por qué.
El caso se reavivó el 5 de marzo luego de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco —conformado por activistas que buscan a sus familiares desaparecidos— informó que habían encontrado en el “Rancho Izaguirre” numerosos restos calcinados que estaban bajo capas de ladrillo y tierra y objetos objetos personales. Según Indira Navarro, líder de esa agrupación, llegaron al lugar gracias una llamada anónima.
Navarro indicó que de acuerdo con los relatos que les aportaron personas que lograron salir con vida del predio, un grupo criminal utilizaba la finca como un centro de entrenamiento y que desmembró e incineró los cuerpos de algunos de sus integrantes. “Esta finca fungía como de adiestramiento, entrenamiento, y aunque se ha escuchado muy feo, muy fuerte, fue de exterminio”, dijo la activista a The Associated Press.
La Fiscalía de Jalisco se ha negado a reconocer que en el lugar operaba un centro de exterminio alegando que muchas de las personas que estaban allí llegaron por su propia voluntad.
Los hallazgos en el “Rancho Izaguirre” han acrecentado las preocupaciones de muchos mexicanos que buscan a sus familiares desaparecidos
México acumula más de 120.000 desaparecidos que reflejan una gran crisis humanitaria que por décadas ha golpeado al país. La búsqueda de muchos desaparecidos descansa sobre los hombros de sus familiares, que cuentan con escasos recursos y sin protección de las autoridades.