Presidente panameño anuncia que pedirá convocatoria a referendo para decidir futuro contrato minero
El presidente panameño Laurentino Cortizo anunció el domingo que pedirá se convoque a un referendo para decidir sobre la derogación o no de un contrato con una empresa canadiense para extraer cobre en una zona boscosa del norte del país, un asunto que ha generado multitudinarias protestas en los últimos días.
En un breve mensaje nocturno a la nación, Cortizo dijo que le solicitará al Tribunal Electoral la organización de la consulta popular para el 17 de diciembre.
“A través de la participación ciudadana, mediante el voto, podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano”, manifestó el mandatario, luego de una nueva jornada de protestas y manifestaciones en la capital y el resto del país centroamericano.
Fue el tercer anuncio que hace Cortizo esta semana en cadena nacional en un intento por apaciguar las masivas protestas, impulsadas mayormente por jóvenes a través de las redes sociales y por gremios de la industria de la construcción, magisteriales y médicos, entre otros, que exigen la derogación del contrato-ley.
En rascacielos residenciales de la capital se hicieron sonar cacerolas luego del anuncio presidencial.
Cortizo, a quien le resta menos de un año para culminar su quinquenio, sancionó y promulgó aceleradamente el contrato ley el viernes 20 de octubre. La ley le dio derecho a Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, para seguir extrayendo, procesando y comercializando cobre y otros minerales en una zona de más de 12.000 hectáreas por un periodo de 20 años, prorrogable a 20 más.
Mientras que el gobierno defende el contrato con el argumento de que salvaguarda miles de empleos en esa mina y hace un importante aporte a la economía del país de poco más de 4 millones de habitantes, los que lo rechazan señalan que el Estado otorga demasiadas concesiones a la empresa y es desventajoso financieramente para Panamá.
Se oponen también a los derechos que se le dan a la mina para el uso del agua en esa zona considerada de importancia hídrica, y advierten del impacto al medio ambiente, incluyendo la deforestación y el vertido de material a ríos tras el procesamiento del mineral.
Cortizo también anunció que elevará al nivel de ley la prohibición de la minería metálica a nivel nacional.