Protestan en Perú por desinterés de autoridades ante asesinatos de trabajadoras sexuales transgénero
Trabajadoras sexuales y activistas LGTBI+ marcharon la tarde del jueves en Lima para protestar por la impunidad en un asesinato que ocurrió en febrero de 2023 de dos personas transgénero y en reclamo por la desprotección que viven en Perú.
“Van dos años desde que asesinaron a nuestras dos compañeras y no hay justicia, por eso hemos decidido representar lo que la gente no ve, pero nosotros lo vivimos en carne propia”, dijo a The Associated Press Angela Villón, una extrabajadora sexual de 61 años y activista por los derechos de sus colegas.
En la marcha, se escenificó el asesinato frente a una sede de la policía y de la fiscalía.
La mañana del 13 de febrero de 2023 las trabajadoras sexuales de una calle del centro histórico de Lima recibieron en sus teléfonos celulares los videos de los asesinatos de dos compañeras, Ruby Torres, de 31 años, y Priscila Aguado, de 19. Torres recibió 30 disparos y Aguado seis balazos, según las autoridades.
En la representación que se ejecutó frente a policías que resguardaban el local de la Dirección de Investigación Criminal en Lima, la activista Villón hizo el papel de una amiga de Torres que pide ayuda en una comisaría para hallar a la mujer transgénero desaparecida, pero recibe evasivas. Pasan las horas y la amiga se entera que el cadáver de Torres ha sido hallado dentro de una maleta como, en efecto, lo reportó la prensa local en 2023.
“Busca concientizar el sufrimiento que nadie ve, porque los transgénero en el Perú no existen ni para el Estado y ni para las autoridades, nadie toma en cuenta las denuncias donde un transgénero está en peligro”, añadió Villón quien aseguró que existen demasiadas dificultades cuando se intenta interponer denuncias policiales por abusos o crímenes contra personas transgénero.
La policía capturó en 2023 a quien habría sido el chofer del auto donde se subieron por última vez las dos mujeres transgénero, pero hasta el momento no han capturado al asesino, comentó Ángela Villón.
La policía identificó al capturado como Jackson Alberto Sáenz, un venezolano de 40 años, de la banda “Los hijos de Dios”, un brazo local del Tren de Aragua que obtiene sus ingresos en distintos delitos, incluido la trata de personas y el proxenetismo. En Perú, la prostitución no es ilegal, pero no tiene regulación. La AP buscó comentarios en la policía, pero no obtuvo una respuesta al momento.
“Perú tiene uno de los marcos legales que menos protegen a las personas trans a nivel de la región, tienen una ausencia total en las leyes y en las políticas públicas", dijo a la AP Alfonso Silva Santisteban, un investigador de Salud Pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El experto detalló que los instrumentos públicos de recolección de datos sobre asesinatos de personas transgénero en Perú no existen. “No hay clasificación mediante género, entonces es difícil tener estadísticas oficiales", añadió.
No obstante, el Observatorio de Derechos Humanos TLGBI (correcto) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia indicó que entre 2020 y 2023 hubo 54 crímenes de odio, es decir, tenían indicios de motivación basada en prejuicios contra la identidad de género o diversidad sexual. De ese total, 30 víctimas eran mujeres trans, 23 gays y una lesbiana.
Una investigación del Ministerio Público entre 2012 y 2021 donde se analizaron 88 “muertes dolosas de personas LGTB” determinó que el 68,9% de los casos tenía indicios de motivación basada en prejuicios contra la identidad de género o diversidad sexual. “Solamente el 2% de los casos fue investigado como crímenes de odio porque ese fenómeno no existe para la administración pública”, dijo Silva Santisteban.
La única legisladora presente en la marcha, Susel Paredes, quien se ha declarado lesbiana y pertenece a la bancada legislativa opositora Cambio Democrático, indicó que en Perú no existe el tipo penal de “crimen de odio”. Añadió que hace ocho meses presentó un proyecto de ley para incorporar este nuevo delito en el Código Penal para castigarlo con entre 25 y 35 años de cárcel, pero el proyecto aún no ha debatido.