Puerto Rico finaliza ajustes de referéndum sobre estatus político entre críticas por su alto costo
Los planes para celebrar un referéndum no vinculante sobre el estatus político de Puerto Rico fueron objeto de escrutinio el miércoles por su coste multimillonario, cuando los funcionarios electorales anunciaron el orden y las opciones que estarán presentes en la futura votación.
El referéndum valorado en 1,3 millones de dólares, que los críticos han calificado de “inconsecuente”, incluirá tres opciones en el siguiente orden: independencia con libre asociación, estadidad e independencia. En la opción de libre asociación se negociarían cuestiones como asuntos exteriores, ciudadanía estadounidense y uso del dólar.
El orden de las opciones se estableció tras un sorteo televisado que se realizó el miércoles y que fue supervisado por jueces de la comisión electoral de Puerto Rico.
Independientemente del resultado del referéndum previsto para las elecciones generales del 5 de noviembre, el estatus de la isla no cambiará. Para ello se necesitaría la aprobación del Congreso y del presidente de Estados Unidos.
Jessika Padilla, presidenta suplente de la comisión electoral, dijo que la agencia tenía un presupuesto original de 6,2 millones de dólares para las próximas elecciones, pero que se le concedieron 7,5 millones, y que los fondos adicionales se destinaron al referéndum.
Los críticos señalan que Puerto Rico está saliendo de la mayor reestructuración de la deuda pública en la historia de Estados Unidos tras anunciar en 2015 que era incapaz de pagar una deuda de más de 70.000 millones de dólares tras décadas de mala gestión, corrupción y endeudamiento excesivo.
Jesús Manuel Ortiz, líder del principal partido de la oposición, el Partido Popular Democrático, ha dicho en los últimos días que el referendo es “un gasto totalmente injustificado en momentos en que el país vive una verdadera crisis en el costo de vida”.
Mientras tanto, los líderes del Partido Independentista Puertorriqueño han acudido a los tribunales para impugnar el referéndum. La Corte Suprema de la isla emitió una resolución la semana pasada en la que declaraba que atendería el caso.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista, partidario de la estadidad, anunció el 1 de julio que celebraría un referéndum y ha defendido su decisión. En repetidas ocasiones ha dicho que los 3,2 millones de ciudadanos estadounidenses de la isla carecen de igualdad y ha señalado que no se les permite votar en las elecciones generales de Estados Unidos.
El referéndum se anunció un mes después de que Pierluisi, demócrata, perdiera en las primarias de su partido frente a Jenniffer González, republicana y representante de Puerto Rico en el Congreso. Ambos se presentaron juntos en 2020.
La política en Puerto Rico se define por el estatus político de la isla, por lo que es habitual encontrar a demócratas y republicanos en el mismo partido.
González es partidaria del expresidente Donald Trump, quien ha dicho que no apoya la estadidad para Puerto Rico. Sin embargo, la republicana se ha comprometido a impulsar la estadidad si gana en noviembre.
Puerto Rico ya ha celebrado seis referéndums, el más reciente en 2020, cuando se planteó a los votantes una única pregunta: “¿Debería Puerto Rico ser admitido inmediatamente en la Unión como Estado?”.
Casi el 53% votó a favor de la estadidad, y solo alrededor de la mitad de los votantes registrados participaron en las elecciones generales de ese año.