Venezuela arremete contra imparcialidad de Corte de La Haya

El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció el martes la existencia de supuestos vínculos entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y organizaciones que nutren la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad que pesa sobre el país sudamericano por las protestas de 2017 en las que murieron 120 personas.

Según un comunicado divulgado por el gobierno venezolano, que no aporta detalles, existirían “vínculos probados de la fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto”.

Eso pone en “duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte”, según el mensaje de denuncia.

Los cuestionamientos de Venezuela contra la CPI, con sede en La Haya, se produjeron justo el día en que vence el plazo para que el país presente sus argumentos en contra de la investigación formal abierta en noviembre de 2021.

El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, solicitó en noviembre pasado la reapertura de su investigación sobre las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas bajo el mandato de Maduro durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017. Seis meses antes de la solicitud para reabrir la pesquisa, Venezuela había solicitado a la CPI que difiriera la investigación contra las autoridades venezolanas.

La CPI es una instancia de último recurso que investiga presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo, un sistema conocido como complementariedad.

Aunque la Corte ha reconocido que las autoridades venezolanas han emprendido reformas legales, consideró que “siguen teniendo un alcance insuficiente o aún no han tenido un impacto concreto en los procesos potencialmente relevantes”.

El gobierno venezolano, por su parte, sostuvo que su sistema judicial se encuentra activado permanentemente para garantizar la justicia bajo su jurisdicción y rechazó las acusaciones sobre la falta de pasos concretos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos como “gratuitas e inveraces”.

Caracas habla de “las falacias de la agresión mediática y geopolítica” que señalan a Venezuela de crímenes que suponen un ataque contra derechos humanos fundamentales. Algo que “nunca ha ocurrido”, resaltó el comunicado.

El gobierno atribuye el proceso ante la Corte de La Haya a una estrategia de “’cambio de régimen” promovida por Washington, aludiendo a que Venezuela ha aportado “abundante información que evidencia el carácter político" de la investigación.

El proceso contra Venezuela se centra, entre otros delitos, en la muerte de más de un centenar de personas durante las protestas masivas de 2017. Los juicios y condenas han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría de ellos agentes de los cuerpos de seguridad; pero hasta ahora no han establecido responsabilidades en la cadena de mando, según denuncias de opositores y activistas de derechos humanos.

La administración de Maduro suscribió en su momento un memorando de entendimiento con el fiscal Khan en el que se compromete a cooperar para esclarecer los hechos que dieron pie a iniciar el proceso. Las víctimas tienen hasta el 7 de marzo para presentar sus testimonios.

Pero el comunicado del martes denuncia “diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la fiscalía de la CPI, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite”, añadió el escrito.

El caso fue llevado a la CPI por los estados miembros Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, quienes solicitaron una investigación sobre los delitos presuntamente cometidos desde principios de 2014.

La predecesora de Khan, Fatou Bensouda, realizó una investigación preliminar y en 2020 dijo que encontró una base razonable para concluir que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al menos desde abril de 2017.