Claves para entender el polémico “decretazo” de AMLO

Perciben un tufo de autoritarismo. La oposición política y algunos organismos autónomos en México están tratando de hacer frente a un polémico decreto publicado el pasado 22 de noviembre, el cual insta a todas las dependencias a aprobar los proyectos de la administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se considera a sí mismo de izquierda.

Y no solo eso. Los partidos políticos de ideologías de centro y derecha en el país quieren entender por qué el denominado “decretazo presidencial”, en su Artículo Primero inscrito en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cataloga como “seguridad nacional” la aprobación obligatoria de todos los proyectos y obras de infraestructura de la administración actual.

Lo preocupante es que la medida no solo brindaría una ‘gran oportunidad’ para que la denominada “Cuarta Transformación” cumpla con sus promesas de campaña, sino que traería consigo un ambiente de opacidad al reservar toda la información referente a obras y proyectos federales, incluidos los contratos y presupuestos.

El diario Wall Street Journal calificó este acto como una “señal” de desesperación de AMLO, y remarcó las altas probabilidades de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide esta medida. “[El decreto] es un acto más de desesperación que una muestra de fuerza”, publicó el rotativo estadounidense.

Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reveló que preparará una “controversia constitucional” para evitar que las dependencias gubernamentales “reserven por seguridad nacional” la información de obras y proyectos de la administración lopezobradorista.

El Partido Acción Nacional (PAN), el más conservador del país, se unió al reclamo y aseguró en una misiva que “tomará acciones legales” para erradicar esta medida. “La batalla claramente es que la información sea pública, que sean licitaciones y para lograr eso, no tienen que ser declarados tema de seguridad nacional, no hay razón para que sea un tema de seguridad nacional“, expresó el dirigente Marko Cortés.

Académicos argumentan que el “decretazo” representa una “transgresión” al Artículo 6 de la Constitución Política de México, que establece el libre derecho al acceso a la información pública. Si bien el Artículo considera que puede “reservarse” la información por “razones de interés público y seguridad nacional”, el ordenamiento es claro cuando dice que “deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.

El “decretazo” también preocupa a la población mexicana, puesto que las dependencias y entidades de la administración federal están obligadas a otorgar una “autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras”. Esta aprobación deberá ser emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la presentación de la solicitud.

A pesar de que AMLO ha reiterado que se trata de un ordenamiento que “pretende agilizar trámites” para la construcción de obras públicas, ese atisbo controlador del que hablan expertos, presume un intento por ocultar información más que de rendir cuentas. Por ello, insisten en compararlo con otros mandatarios latinoamericanos que han brindado más atribuciones de Estado a las Fuerzas Armadas y que refuerzan la militarización como parte de la consolidación de un proyecto político, como es el caso de los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela; y Daniel Ortega, de Nicaragua.

El “decretazo” no solo presume ser un ‘carta abierta‘ para que el Ejército esté involucrado en todas las áreas de desarrollo del país, sino que también se ha convertido –según la prensa local–  en “la constructora más grande de México”. En al menos dos años, las fuerzas castrenses han recibido más de 25 mil millones de pesos –cerca de 1.250 millones de dólares– para la construcción de escuelas, hospitales, carreteras y el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la Base Militar de Santa Lucía, el proyecto insignia del gobierno de AMLO.

“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, reiteró AMLO durante su toma de posesión como presidente de México, el 1 de diciembre de 2018. Sin embargo, los escándalos de corrupción en el gobierno lopezobradorista resuenan tras el “decretazo“, debido a que el primer mandatario se ha visto envuelto en posibles conflictos de interés e, inclusive, en supuestos casos de nepotismo.

Una de las promesas de campaña que llevó al Ejecutivo Federal al presidente López Obrador fue el combate frontal a la corrupción. “No habrá corrupción que sea tolerada desde arriba”, expresó. “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, dijo en cada una de las plazas públicas en las que se presentó.

Y para algunos sectores, el mandatario faltó a su más grande ideal político.

Una de las controversias políticas que golpeó la credibilidad del proyecto de nación de AMLO fue la de su prima Felipa Guadalupe Obrador Olán, que ganó contratos por más de 365 millones de pesos –más de 18 millones de dólares­– con la empresa paraestatal de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los primeros años de su gestión. El objetivo de los contratos era realizar el análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en algunas instalaciones de una filial de Pemex conocida como Exploración y Producción.

Otro de los casos que fueron catalogados como “nepotismo” en la administración actual fue el de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del actual director general de la Comisión Federal de Electricidad en México, Manuel Bartlett Díaz. A meses de que se propagara el covid-19 en el país, Bartlett Álvarez recibió un contrato por adjudicación directa –sin licitación– de 94.9 millones de pesos –más de 4.7 millones de dólares– del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para la compra de 75 unidades de “ultrasonido torácico (portátiles de mesa) para tórax y pulmón”, de acuerdo con documentos oficiales.

Pero el caso que, sin duda cimbró la administración federal de México, fue la filtración de una serie de videos en los que aparece el hermano del presidente, Pío López Obrador, recibiendo dinero en efectivo para la campaña presidencial de AMLO en 2018. Luego de la controversia, el primer mandatario dijo que se trataban de “aportaciones voluntarias para fortalecer el movimiento” de Regeneración Nacional (Morena), el partido político que fundó y que hasta hoy día lidera.

Pese a que más del 60% de los mexicanos aprueban la gestión de López Obrador, según algunas encuestas; el tufo autoritario crece debido a que el mandatario se ha caracterizado por la polarización y los choques con sus opositores a través de sus conferencias matutinas, como una estrategia para ocultar los pocos resultados en diversos rubros, entre ellos, la transparencia y la rendición de cuentas.

El “decretazo“ sigue causando incertidumbre, ya que los proyectos y obras incluidas en este ordenamiento, contemplan los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos. Se trata de áreas en las que están clasificadas las megaconstrucciones del gobierno de AMLO.

Tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), propuesto durante la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto, López Obrador impulsó la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la Base Militar de Santa Lucía, la obra emblemática de su gobierno y el proyecto en el que el Ejército Mexicano trabaja a marchas forzadas para su inauguración prevista para marzo de 2022.

La cancelación del NAICM costó 163.540 millones de pesos –más de 8.170 millones de dólares–, según un reporte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Una de las razones por las que se descartó el proyecto que ya tenía un 53% de avance fue la poca transparencia y rendición de cuentas, pues según AMLO, el proyecto “beneficiaría a un grupo de potentados al servicio del poder político”.

Sin embargo, el Aeropuerto Felipe Ángeles no se ha alejado de la corrupción que el gobierno de AMLO criticó de administraciones pasadas. Algunas investigaciones periodísticas han revelado que esta construcción ha avanzado más del 50% y sin hacer público un solo contrato. Al menos en 2021, el Ejército Mexicano recibió 21 mil millones de pesos para el proyecto, es decir, poco más de 1 mil millón de dólares.

Otras investigaciones han desvelado la falta de transparencia de esta edificación, pues aseguran que empresas fantasmas, compañías sancionadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), negocios de juegos e, inclusive, pequeños negocios como tlapalerías, han sido las beneficiadas con al menos 966 contratos millonarios. El caso más emblemático es el del pequeño negocio que vende artículos de albañilería y ferretería, que recibió contratos por 77 millones de pesos –más de 3.8 millones de dólares– por el presunto suministro de 500 mil piezas.

Otra de las empresas recibió 19 millones de pesos en contratos –950 mil dólares– y no hay registro de su sede física ni del dueño que se desempeña como policía municipal en México.

El panorama es más amplio de lo que se percibe. Otras obras de infraestructura como el Tren Maya, cerca de 1,500 kilómetros de vías que conectarán la península de Yucatán; y la refinería de petróleo en Dos Bocas, Tabasco; son prioridad para la administración y se presume que también podrían estar plagadas de irregularidades no solo técnicas sino presupuestarias.

Expertos aseguran que el “decretazo” es un ‘arma de doble filo‘, ya que no solo se trata de un mandato presidencial que remarca los casos de corrupción, nepotismo y opacidad en el país; sino que también es una “estrategia” para que el legado de la “Cuarta Transformación” juegue un rol importante en los comicios electorales que se avecinan en el año 2024, y en los que el presidente López Obrador pretende mantener la permanencia de su fuerza política en el Poder Ejecutivo durante seis años más.