Biden se enfrenta a llamados “urgentes” para conceder indultos en masa para condenas por cannabis

Los miembros del Congreso solicitaron “de forma urgente” una actualización del presidente Joe Biden sobre si planea perdonar todas las condenas federales no violentas por cannabis a medida que se acerca la temporada navideña.

Una carta de los representantes de EE.UU. Jamaal Bowman, Earl Blumenauer y Barbara Lee sigue una solicitud de febrero de casi 40 miembros de la Cámara de Representantes que le piden al presidente que use su autoridad ejecutiva para otorgar indultos masivos por delitos relacionados con la marihuana.

El mes pasado, un grupo de senadores también instó al presidente a otorgar tales indultos para todas las personas encarceladas hoy en día y las de hace tiempo con condenas por cannabis a nivel federal.

Muchos estadounidenses “permanecen tras las rejas debido a las políticas de cannabis racialmente discriminatorias y acumulan tarifas criminales”, escribieron los legisladores en una carta con fecha del 7 de diciembre.

“Para comenzar a rectificar el daño causado por estas políticas implementadas de manera discriminatoria y reunir a las familias antes de las vacaciones, reiteramos nuestra solicitud de que utilice su autoridad ejecutiva para perdonar a todas las personas condenadas por delitos de cannabis no violentos, ya sean encarcelados anteriormente o actualmente”, escribieron.

Los legisladores también exigieron que “todas las multas y tarifas penales federales se cancelen por todos los delitos no violentos de cannabis”.

Los legisladores señalaron el avance de una legislación integral para legalizar o despenalizar y regular la cannabis a nivel federal, la cual recibió apoyo de legisladores republicanos y demócratas, pero agregaron que Biden tiene “el poder de tomar medidas decisivas para comenzar este trabajo necesario”.

“Si bien este proyecto de ley lograría un progreso considerable hacia la revisión de las políticas estadounidenses de cannabis, usted mantiene el poder unilateral de tomar una acción transformadora importante al emitir un indulto general de todos los delitos federales no violentos de cannabis”, escribieron.

Los defensores de la reforma de la justicia penal sugirieron que hasta 40.000 personas se encuentran en la cárcel hoy en día por condenas relacionadas con la cannabis, una cifra que se basa en datos de casi 20 años de la Oficina de Estadísticas de Justicia, datos federales inadecuados y condenas complejas que incluyen otras ofensas. Los delitos pueden pintar un panorama turbio del estado de encarcelamiento por delitos relacionados con las drogas.

En 2019, el gobierno federal estuvo involucrado en solo una fracción de los 545.000 delitos de cannabis acusados en EE.UU. ese año, según los legisladores. Ese año, el FBI solo acusó a 5.350 personas con cargos de primera línea por cualquier delito relacionado con las drogas, no solo la cannabis.

Una abrumadora mayoría de los más de 350.000 estadounidenses arrestados por la policía estatal y local por delitos relacionados con la marihuana en 2020 se le acusó de posesión simple, según informes de delitos del FBI.

El presidente no tiene autoridad para intervenir con condenas estatales y locales. Pero la legislación propuesta por un grupo bipartidista de congresistas encabezados por el representante republicano Dave Joyce y la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez ayudaría a los estados a comenzar a eliminar los antecedentes penales de tales delitos.

Las últimas medidas siguen a varias iniciativas del Congreso que buscan cambiar de manera drástica la opinión pública nacional y el apoyo bipartidista para poner fin a la guerra contra las drogas.

Una encuesta reciente de Pew Research encontró que hasta el noventa y uno por ciento de los estadounidenses apoyan la legalización de la marihuana, el sesenta por ciento cree que debería ser legal su uso recreativo y el treinta y uno por ciento cree que debería permitirse solo para uso medicinal.

La cannabis aún es ilegal según la programación federal actual de medicamentos, aunque 36 estados la han permitido para uso médico, y 18 estados, incluido Washington DC, han introducido medidas para regular su uso no médico.