¿En qué consiste la demanda contra DeSantis por enviar migrantes a Martha’s Vineyard?

La decisión del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de enviar decenas de migrantes de Texas a Martha’s Vineyard la semana pasada, ha dado lugar a una nueva batalla, no solo política sino legal, entre los estados republicanos y los demócratas por controlar la agenda migratoria del país.

DeSantis y sus correligionarios se congratulan del traslado de migrantes a uno de los enclaves turísticos más lujosos del país para demostrar su inconformidad con la política migratoria de Biden, pero los demócratas señalan que se trató de una acción ilegal, inhumana y cruel porque lo hizo bajo engaños.

A diferencia de los gobernadores de Texas y de Arizona, que también han enviado a migrantes a distintos puntos del país, pero sin mentir sobre el destino al que llegarían, DeSantis recurrió a la manipulación y al engaño al prometerles que irían a Boston y que ahí encontrarían trabajo y asistencia humanitaria y migratoria. Para su sorpresa, los migrantes, en su mayoría venezolanos, llegaron a Martha’s Vineyard, una exclusiva isla de Massachusetts, donde nadie los estaba esperando.

Este engaño es la base legal de una demanda colectiva contra DeSantis y el secretario de Transporte de Florida, Jared Perdue, presentada por la organización LCR (Lawyers for Civil Righsts) de Boston, a nombre de las casi 50 personas que fueron transportadas a Martha’s Vineyard y de Alianza Américas, una red defensora de los derechos de los migrantes.

La demanda ofrece una descripción detallada de la forma en que los migrantes, entre los que había varias mujeres y niños, fueron manipulados, despojados de su libertad, autonomía corporal, debido proceso e igual protección ante la ley, para inducirlos a abordar dos aviones con falsas promesas.

“Estos migrantes”, alega la demanda, “experimentaron una crueldad similar a la que sufrieron cuando huyeron de sus países de origen”.

A juicio de los abogados de LCR, las acciones del gobernador DeSantis violan los derechos de los migrantes establecidos en la Cuarta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución, así como la Ley de los Derechos Civiles de 1964.

Y agregan que DeSantis también interfirió de manera inadmisible con la administración del sistema de inmigración del país, que es exclusivo del gobierno federal, no de los estados, “para promover un objetivo ilegal y una agenda política personal”.

En opinión de Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de LCR, que brinda asistencia gratuita a los migrantes, “ningún ser humano debe ser utilizado como peón político en el debate altamente polarizado del país sobre inmigración”.

Por su parte, Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, también condenó duramente a De Santis. “Que el gobernador de Florida use cínicamente a inmigrantes recién llegados que han solicitado asilo en EE.UU. para promover una agenda impulsada por el odio destinada a crear confusión y rechazo en todo el país, no solo es moralmente despreciable sino totalmente contrario a las mejores tradiciones de protección humanitaria apoyadas por la mayoría de los estadounidenses”.

“Es por eso”, agregó Chacón, “que hemos tomado las medidas para impugnar legalmente lo que vemos no solo como una acción moralmente reprobable, sino que también creemos que es ilegal”.

Oren Sellstrom, director de LCR, dijo a su vez que “la táctica política y cobarde [del gobernador DeSantis] ha puesto en peligro a los migrantes” y añadió que el mandatario estatal violó descaradamente numerosas leyes con el único fin de asegurar los titulares en los medios.

Los abogados de LCR  subrayaron que, además de pedirle a la corte federal que prohíba a los demandados inducir a los migrantes a viajar a través de las fronteras estatales mediante manipulaciones y mentiras, la demanda colectiva busca compensación por los daños sufridos por los migrantes.

Cabe destacar que estos migrantes, que cruzan la frontera desde México en busca de asilo político en Estados Unidos, están protegidos temporalmente de la deportación. Las autoridades los liberan en territorio estadounidense para que esperen aquí la resolución de sus casos por parte de un tribunal de inmigración, según lo establecido por las leyes de este país y los tratados internacionales.

La ofensiva demócrata contra DeSantis se ha intensificado en los últimos días porque, además de la demanda de LCR, hay una investigación abierta por un alguacil en Texas sobre el traslado de migrantes a Massachusetts.

Por si fuera poco, en el Congreso de la Florida, los legisladores demócratas han acusado al gobernador de violar la ley al usar, sin autorización, dinero del programa de reubicación de indocumentados del Departamento del Transporte para trasladar a los migrantes a Martha’s Vineyard. Los legisladores quieren que se implementen medidas para evitar que DeSantis repita sus acciones.

Hasta ahora, el gobernador no se ha pronunciado públicamente sobre las demandas que enfrenta por enviar migrantes a Martha’s Vineyard, pero mantiene que sus acciones tienen como fin “proteger” a su estado de las políticas de fronteras abiertas de la Casa Blanca.

En este entorno, se anticipa que el enfrentamiento entre demócratas y republicanos por el tema migratorio se recrudecerá, atizado por las elecciones de noviembre y por el aumento en el número de detenciones en la frontera. Según la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) este año fiscal la cifra de arrestos ascendió a 2 millones y se deportaron a casi 1,3 millones de personas.