Diputados argentinos se alistan a votar reformas de Milei en tercer día de debate
El Congreso argentino debatía el viernes por tercer día consecutivo el paquete de reformas económicas que demanda el presidente ultraliberal Javier Milei en medio del cruce de reproches entre el gobierno y la oposición por el accionar de las fuerzas de seguridad para limitar las protestas contra la iniciativa.
El proyecto oficial de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” —o “Ley Ómnibus” por la gran cantidad de aéreas sobre la cual legisla--, considerado por Milei clave para el éxito de su programa económico, empezó a discutirse el miércoles en la Cámara de Diputados, lo cual lo convierte en el debate más extenso de las últimas dos décadas.
Ello obedece a que el partido gobernante La Libertad Avanza es la tercera fuerza en el Parlamento y eso la obliga a buscar consensos en la oposición para conseguir los votos necesarios —al menos 129— sobre un total de 257 diputados que le permitan lograr la aprobación.
En línea con su pensamiento libertario, Milei busca tumbar los cimientos de la tercera economía de Latinoamérica con una ambiciosa reforma en distintas áreas que desregulen la economía y limiten la intervención del Estado.
La iniciativa oficial otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo para, entre otras medidas, privatizar empresas públicas, suprimir controles sobre distintas actividades económicas, reformar la administración pública y establecer un nuevo esquema de tarifas de servicios públicos. También legisla sobre salud, educación, cultura y medioambiente.
El oficialismo confía que finalmente este viernes logre al menos la aprobación en general del proyecto, para luego avanzar en la votación artículo por artículo. En este punto, las negociaciones no están cerradas debido a que la oposición más dialoguista mantiene reparos sobre varios puntos de la reforma, entre ellas las privatizaciones y el plazo de delegación de facultades legislativas al presidente.
Como telón de fondo del debate parlamentario se produjeron en los últimos dos días violentos enfrentamientos entre la policía y militantes de organizaciones de izquierda y sociales que rechazan las reformas de Milei. Hubo una decena de detenidos y varios heridos, entre agentes y una veintena de periodistas.
Mientras la oposición más dura denunció la represión policial, el gobierno defendió la aplicación del nuevo protocolo de seguridad para impedir que las protestas interrumpan la circulación vehicular en las avenidas y calles aledañas al Congreso.
“No estamos dispuestos a que un grupo de violentos logre frenar un debate legislativo”, advirtió el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, en rueda de prensa. “Parece infantil a esta altura aclarar que quien corta la calle, quien agrede a un ciudadano o a un agente policial, está cometiendo un delito”.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó una denuncia para que se investigue la supuesta comisión de delitos de las fuerzas de seguridad “frente a la violencia institucional desplegada” y para reclamar el retiro de las agentes federales de los alrededores del Congreso y su reemplazo por la policía de la Ciudad de Buenos Aires.