El impacto del racismo en la salud pública del país durante la pandemia

Christy DeGallerie notó un patrón sorprendente en su grupo de la internet para sobrevivientes del coronavirus: Los pacientes de raza blanca recibían medicinas de las que ella nunca había oído hablar, rayos X y sus médicos escuchaban atentamente lo que ellos les decían.

Esa no había sido su experiencia. Cuando esta mujer afroamericana fue a una sala de emergencia para hacerse una prueba de COVID-19, una enfermera le dijo que no era necesario porque no tenía fiebre. Pidió entonces hablar con un médico de raza negra, quien le dijo a la enfermera que le tomase de nuevo la temperatura. Tenía 101 grados Fahrenheit (38 centígrados).

“Sabemos que cuestionan nuestro dolor, que nuestro dolor no es real para ellos”, expresó DeGallerie, quien posteriormente fundó un grupo para sobrevivientes del COVID-19 negros. “No deberían negar tratamiento médico a nadie. Es algo lamentable para la gente negra”.

Eliminar las experiencias como la vivida por DeGallerie es una prioridad para las autoridades de muchas localidades que buscan respuestas a una pandemia que pone de manifiesto las desigualdades raciales y a las protestas por las injusticias raciales que estallaron tras la muerte de George Floyd y otros afroamericanos a manos de la policía. Desde el año pasado, unas 70 ciudades, casi tres docenas de condados y tres estados declararon el racismo una crisis de salud pública, según la Asociación Americana de Salud Pública.

Líderes locales dicen que reconocer formalmente el papel del racismo en la salud pública, así como en el acceso a la vivienda, en el medio ambiente, el comportamiento de la policía y el acceso a alimentos es un paso importante, sobre todo porque a menudo no era visto como un tema de salud pública. Lo que hacen para resolver las desigualdades sistémicas varía y muchos dicen que son solo gestos simbólicos.

Kansas City, Missouri e Indianápolis usaron esas declaraciones para decidir cómo disponer de fondos públicos. El alcalde de Holyoke, Massachusetts, una comunidad mayormente blanca de unos 40.000 habitantes, declaró Juneteenth (en que se festeja la abolición de la esclavitud) un feriado municipal pago. La cámara baja de Minnesota aprobó una resolución comprometiéndose a “participar activamente en el desmantelamiento del racismo”. El gobernador de Minnesota asumió un compromiso verbal y sus colegas de Nevada y Michigan firmaron documentos públicos.

“Primero hay que definir claramente las injusticias para poder resolverlas”, declaró el vicegobernador de Michigan Garlin Gilchrist en un comunicado.

El condado de Milwaukee, en Wisconsin, se precia de ser el primero que tomó una medida de este tipo en mayo del 2019. Lo hizo en respuesta a las enormes disparidades en el condado más poblado del estado, en el que casi el 70% de sus residentes son afroamericanos. Es el único condado con una tasa de pobreza mucho más alta que el promedio estatal, 17,5% comparado con el 10,8% a nivel estatal, según un informe de la Universidad Wisconsin-Madison.

Las autoridades del estado crearon una “herramienta presupuestaria para alentar la igualdad racial” que exige a los distintos departamentos que expliquen sus plantes para contratar y retener una fuerza laboral diversa y cómo sus presupuestos afectarán a las comunidades postergadas.

Kansas City fue una de las comunidades que primero tomaron este camino, en agosto del 2019. La concejal Melissa Robinson dice que ofrece una nueva perspectiva para la toma de decisiones.

Por ejemplo, cuando la municipalidad aprobó un plan de asistencia para la pandemia de 2 millones de dólares, se asignó más dinero a las zonas con más residentes afroamericanos, que fueron golpeados desproporcionadamente por el virus, en lugar de dividirlo por partes iguales entre todos los barrios.

“Hay que ver qué comunidades son más afectadas”, afirmó.

Hay quienes dicen que las declaraciones no sirven de mucho y algunos clérigos sostuvieron que la declaración de Indianápolis fue “irrelevante”.

El director de la Coalición para la Salud de los Hispanos de Chicago dijo que la resolución del condado de Cook del 2019 no hace nada para ayudar a quienes no tienen seguro médico, generalmente porque no ganan lo suficiente. Casi el 20% de los hispanos menores de 65 años no tienen cobertura médica, comparado con el 11% de los afroamericanos y el 8% de los blancos, según la Fundación de la Familia Kaiser.

“No podemos aprovecharnos de la gente y pagar sueldos bajos, sin prestar atención a su salud”, expresó la directora de la coalición Esther Sciammarella.

DeGallerie dice que nunca sintió con tanta fuerza las disparidades raciales. Los participantes en su grupo para sobrevivientes afroamericanos del COVID-19 comentan con frecuencia que los profesionales médicos no los toman en serio y que les dan un tratamiento deficiente.

Y duda que esto vaya a cambiar.

“Lo creeré cuando venga de las bocas de los pacientes negros”, manifestó.

___

Sophia Tareen integra el equipo de la Associated Press que cubre temas raciales y étnicos. Está en https://twitter.com/sophiatareen