Bufete de abogados que atacó Trump pudo haber quedado 'destruido', explica su presidente
El presidente de un destacado bufete de abogados que la semana pasada llegó a un acuerdo con el mandatario Donald Trump para evitar las consecuencias de una orden ejecutiva de la Casa Blanca, explicó el domingo en un correo electrónico dirigido a sus colegas que concretó un pacto porque la orden “fácilmente pudo haber destruido a nuestro despacho”.
En su correo electrónico, Brad Karp ofrece la explicación pública más detallada hasta la fecha sobre su decisión de hacer significativas concesiones a la Casa Blanca luego de que se emitió una orden ejecutiva dirigida contra su bufete, Paul, Weiss, Rifkind, Garrison & Wharton.
La orden —la más reciente en una serie de acciones en contra de los despachos cuyos abogados han llevado a cabo labores jurídicas con las que Trump discrepa— amenazaba con suspender los permisos de seguridad para los abogados del bufete, así como con poner fin a cualquier contrato federal en el que la firma estuviera involucrada. Mencionó como explicación el hecho de que un exabogado de la compañía, Mark Pomerantz, fue parte central de una investigación que emprendió la fiscalía del distrito de Manhattan en torno a las finanzas de Trump antes de que asumiera la presidencia.
Sin embargo, Trump anunció el jueves que había rescindido la orden después de reunirse con Karp en la Casa Blanca. La presidencia informó que el despacho había accedido a brindar 40 millones de dólares en servicios legales gratuitos para impulsar la agenda del gobierno federal, incluida la lucha contra el antisemitismo; no tomar en cuenta elementos de diversidad, igualdad e inclusión en sus prácticas de contratación; y aceptar a clientes sin importar su afiliación política.
La resolución provocó una intensa reacción dentro de la comunidad jurídica. Algunos abogados criticaron al despacho por doblegarse ante Trump en lugar de enfrentarlo, particularmente en un momento en que el mandatario usa el poder de su presidencia para poner en riesgo el sustento de abogados y empresas que considera que lo han traicionado. El acuerdo también expuso el reciente éxito que ha tenido Trump al momento de obtener concesiones de una amplia gama de objetivos, tanto en el ámbito académico como en la industria privada, que han optado por ceder en lugar de luchar.
En el correo electrónico dirigido a los empleados de Paul Weiss al que The Associated Press tuvo acceso, Karp describió la orden como una "crisis existencial" para el bufete. Añadió que era muy probable que la firma no hubiera sido capaz de sobrevivir a una disputa prolongada con el gobierno de Trump.
"La orden ejecutiva fácilmente pudo haber destruido a nuestro despacho", escribió Karp. "Puso todo el peso del gobierno sobre nuestro bufete, nuestra gente y nuestros clientes. En particular, amenazaba a nuestros clientes con la pérdida de sus contratos gubernamentales y la pérdida de acceso al gobierno si seguían empleando al despacho. Y en un obvio intento por atacarlos a todos ustedes, así como al bufete, planteó la posibilidad de que el gobierno no contrataría a nuestros empleados".
Karp escribió que, en un principio, la firma estaba preparada para impugnar la orden ejecutiva en los tribunales, tal como lo hizo otro bufete de abogados que fue objeto de una orden ejecutiva de Trump, Perkins Coie. Incluso mientras un equipo de abogados preparaba una demanda, dijo, "se volvió evidente que, incluso si en un principio hubiéramos logrado suspender la orden ejecutiva mediante un litigio, eso no habría resuelto el problema fundamental, que era que los clientes percibieran a nuestro bufete como persona non grata para el gobierno".
También dijo que nunca se materializó el apoyo que esperaba recibir de otros despachos jurídicos.
"Lamentablemente, lejos de recibir apoyo, nos enteramos de que ciertos otros despachos buscaban explotar nuestras vulnerabilidades al ir agresivamente por nuestros clientes y reclutando a nuestros abogados", escribió.
En ese contexto, cuando el bufete se enteró de que el gobierno podría estar dispuesto a llegar a un acuerdo, buscó y negoció uno en "cuestión de días."
"Entiendo que muchos de ustedes se sientan incómodos con el hecho de que hayamos llegado a algún tipo de resolución. Eso es completamente comprensible", escribió Karp a sus colegas, añadiendo que “no había una respuesta correcta al dilema en el que nos encontrábamos”.
Añadió: “Es muy fácil para los analistas juzgar nuestras acciones desde la barrera. Pero no hay nadie en el mundo exterior pueda entender lo estresante que es enfrentar una orden ejecutiva como esta hasta que se es objeto de una”.
El despacho jurídico es uno de los numerosos objetivos de Trump que han llegado a un acuerdo reciente con el gobierno en lugar de seguir provocando la ira del mandatario.
Por ejemplo, la Universidad de Columbia acordó el viernes poner su departamento de estudios sobre Oriente Medio bajo nueva supervisión y reformar sus medidas en lo referente a protestas y disciplina estudiantil, cediendo a un ultimátum del gobierno de Trump para implementar esos cambios o correr el riesgo de perder miles de millones de dólares en financiamiento federal.
Meta y ABC resolvieron demandas presentadas por Trump y realizaron pagos de liquidación para la futura biblioteca presidencial de Trump. Otras empresas tecnológicas y financieras han revertido públicamente programas de diversidad, igualdad e inclusión para apegarse a las directrices políticas del mandatario.
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El periodista de Associated Press Zeke Miller, en Washington, contribuyó a este despacho.