Cámara baja de Georgia aprueba iniciativa que obliga a la policía a ayudar a detener migrantes
La Cámara de Representantes de Georgia respaldó el jueves una iniciativa que obligaría a todos los departamentos de policía locales a ayudar a identificar a migrantes sin estatus legal en el país, arrestarlos y detenerlos para su deportación.
La cámara baja aprobó la iniciativa HB 1105 con una votación de 97-74 después de que la policía acusó a un venezolano de matar a golpes a una estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia. La propuesta pasa ahora al Senado para su debate.
José Ibarra fue arrestado el viernes por cargos de asesinato y agresión en relación con la muerte de Laken Riley, de 22 años, el día anterior. Ibarra, de 26 años, es un ciudadano venezolano que, según las autoridades migratorias, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022. Se desconoce si había solicitado asilo.
Riley era estudiante de enfermería en la Universidad Augusta, campus Athens, después de iniciar su carrera universitaria en el campus de Athens de la Universidad de Georgia. Su cuerpo fue encontrado el 22 de febrero después de que su compañera de cuarto informó que no había regresado después de que salió a correr por la mañana en una zona boscosa.
La medida también impondría nuevos requerimientos en la manera en que las autoridades penitenciarias deben consultar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) para determinar si se tiene conocimiento de que alguna persona está ilegalmente en el país. El representante estatal republicano Jesse Petrea dijo que esa disposición es necesaria para aplicar una ley estatal existente que obliga a los departamentos de policía locales a consultar al ICE sobre personas que no parecen ser ciudadanos estadounidenses.
Los jefes de policía locales niegan que estén haciendo caso omiso de la ley. El proyecto de ley haría que los sheriffs que no consulten el estatus migratorio sean culpables de un delito menor. El proyecto de ley también negaría la financiación estatal a las cárceles y alguaciles que no cooperen.