Caso de pagos de Trump conlleva aspectos jurídicos espinosos

El encubrimiento es peor que el delito, dice la frase. Y en el caso contra Donald Trump por dinero pagado para acallar señalamientos de relaciones sexuales extramaritales, los fiscales dicen que el encubrimiento agravó el crimen.

En una imputación y otros documentos desprecintados el martes, los fiscales dicen que Trump falsificó registros contables internos de su compañía con respecto a un soborno a la actriz pornográfica Stormy Daniels con el fin de impedir que una historia potencialmente perjudicial para él saliera a la luz mientras hacía campaña por la presidencia en 2016. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que el hecho de que Trump intentó encubrir delitos relacionados con esos comicios fue lo que permitió que los fiscales determinaran que los 34 cargos eran por crímenes graves.

Sin embargo, la imputación suscita cuestiones espinosas en torno a la ley estatal y federal que podrían proporcionar resquicios para que la defensa intente hacer que los cargos sean sobreseídos incluso antes de que el caso sea llevado a juicio.

“La conclusión es que es oscura”, dijo Richard Hasen, experto en derecho electoral y profesor de la facultad de derecho de la Universidad de California, campus Los Ángeles. “Y el fiscal de distrito no proporcionó un análisis jurídico detallado sobre cómo pueden hacer esto, cómo pueden superar estos obstáculos potenciales. Y ello podría inmovilizar el caso por largo tiempo”.

Trump, aspirante a la nominación presidencial republicana para 2024, dice que no hizo nada ilegal y que el caso es una persecución política en su contra. En declaraciones desde su mansión de Florida apenas unas horas después de que se presentara en la corte, declaró: “Este caso falso fue interpuesto sólo para interferir con las próximas elecciones de 2024 y debería ser abandonado de inmediato”.

A fin de cuentas, el caso no versa en torno a los detalles de mal gusto sobre el pago a Daniels. Y tampoco trata sobre la relación enconada de Trump con Michael Cohen, que solía ser su abogado pero ahora es un testigo del gobierno.

Presuntamente trata sobre un candidato presidencial que usó su dinero e influencia para sepultar historias potencialmente perjudiciales para él que pudieron haber hecho que los electores se decantaran por un rival político suyo, especialmente luego de que la reputación de Trump había sido golpeada en esa época por comentarios que había hecho acerca de las mujeres.

El falsificar registros contables puede ser imputado como un delito menor, un crimen de menor nivel que normalmente no derivaría en tener que ir a la cárcel. Pero se convierte en un delito grave —el cual conlleva hasta cuatro años tras las rejas— si es que hubo una intención de cometer u ocultar un segundo crimen. Bragg dijo que su oficina suele manejar casos graves por registros contables falsos.

En el caso de Trump, Bragg señaló que los registros contables falsos fueron pensados para encubrir presuntas infracciones a las leyes electorales a nivel estatal y federal. El pago de 130.000 dólares a Daniels excedió el tope federal a las contribuciones de campaña, agregó Bragg. Citó también una ley electoral de Nueva York que especifica que el promover a un candidato por medios ilegales es un delito.

“Esto es lo que este demandado hizo cuando falsificó registros contables con el fin de ocultar intentos ilegales de promover su candidatura, y es por eso que hoy estamos aquí”, le dijo uno de los fiscales del caso, Chris Conroy, al juez el martes.

Los fiscales interpusieron una “exposición de hechos” en la que explicaban su versión de que hubo un plan para proteger las posibilidades de que Trump llegara a la presidencia al comprar y suprimir información desfavorable para él. Aún así, algunos observadores jurídicos se sorprendieron de que la lectura de cargos no fuese más específica acerca de cómo cada uno de los cargos fue ascendido a cargo grave.

“Aquí hay una gran cantidad de puntos para los cuales se requiere un poco de imaginación para unirlos entre sí”, dijo Richard Klein, profesor de derecho penal en el Centro Touro de Derecho. Bragg dijo que la imputación no especifica los posibles delitos subyacentes porque la ley no lo requiere. Pero dada la probabilidad de que los abogados de Trump la impugnen, “uno pensaría que les gustaría estar pisando terreno mucho más firme que (el que pisan) en parte de este material”, señaló Klein, ex abogado de oficio de la ciudad de Nueva York.

Hasen dijo que no está claro si los candidatos a puestos a nivel federal pueden ser enjuiciados en casos que involucran leyes electorales estatales. La defensa también podría alegar que el caso no puede ser incoado en un tribunal estatal si involucra una ley electoral federal.

Sin embargo, los fiscales también aludieron a otra acusación que involucra leyes fiscales: que el proyecto de Trump incluía un plan para describir en forma errónea los pagos a Cohen como ingresos para las autoridades fiscales de Nueva York.

“Sí hablaron sobre delitos fiscales, y creo que potencialmente eso podría ser más llamativo para el jurado”, declaró Renato Mariotti, exfiscal federal, en ABC News. “Es una apuesta más segura que los delitos relacionados con finanzas de campaña”.

Bragg va a “traer testigos, va a mostrar mucha evidencia documental para intentar demostrar que todos estos pagos fueron realizados con el fin de impulsar la campaña presidencial”, dijo Jerry H. Goldfeder, veterano abogado electoral en Nueva York y director del Proyecto sobre Derecho al Voto y Democracia de la Escuela de Derecho Fordham.

“Está por verse si puede demostrarlo más allá de una duda razonable”, señaló Goldfeder. Pero, añadió, “no subestimen al fiscal de distrito Alvin Bragg y no sobreestimen al señor Trump”.

Los abogados del exmandatario han tratado de mostrar que él es una víctima de extorsión que tuvo que hacer los pagos para impedir que información falsa y vergonzosa saliera a la luz pública. Dicen que los pagos no tuvieron nada que ver con la campaña.

Es similar a un argumento presentado por John Edwards, exsenador demócrata por Carolina del Norte, acusado de canalizar casi 1 millón de dólares en contribuciones de campaña ocultas en un intento por ocultar a su amante embarazada durante su postulación a la presidencia en 2008. Edwards alegó que los pagos eran un asunto personal, con el que pretendía impedir que su esposa se enterara del amorío. Un jurado lo absolvió de un cargo y se estancó en otros. No fue sometido a juicio de nuevo.

El caso de Nueva York es sólo una de muchas preocupaciones jurídicas que enfrenta Trump.

Fiscales de Georgia están investigando los intentos de Trump y sus aliados de revocar su derrota electoral en el estado en 2020. Fiscales federales están indagando si documentos gubernamentales secretos fueron sujetos a un mal manejo penal en la mansión de Trump en Florida, al igual que los intentos del exmandatario y sus aliados de revocar los resultados de los comicios presidenciales a nivel federal.

“El presentar una acusación fallida sólo le va a permitir alegar que se trata de una cacería de brujas”, dijo Hasen con respecto a Trump. “Y podría convencer a algunas personas de que todos los potenciales casos penales contra Trump están llenos de afirmaciones espurias, siendo que me parece que los otros casos potenciales que involucran documentos secretos, las elecciones de 2020, parecen mucho más sólidos tanto a nivel jurídico como de hechos”.

Seguramente los abogados de Trump van a atacar la credibilidad de Cohen, un mentiroso que ha sido declarado culpable y que está lejos de ser el testigo ideal de la fiscalía. El abogado inhabilitado ha dicho que Trump le ordenó organizar el pago de dinero para comprar silencio con el fin de evitar que la postulación de Trump a la Casa Blanca se viera afectada por información indeseada.

Cohen ha reconocido en la corte que ha mentido anteriormente, e indudablemente los abogados de Trump intentarán aprovechar eso a su favor. Cohen se declaró culpable en 2018 de mentirle al Congreso para encubrir que estaba negociando el proyecto de la Torre Trump en Moscú en nombre de Trump durante su campaña presidencial. Cohen también se declaró culpable en un caso federal paralelo de infracciones a las leyes que regulan el financiamiento de las campañas y otros cargos con relación a los pagos para acallar señalamientos de relaciones sexuales extramaritales.

Después de que fiscales federales declinaron interponer cargos contra Trump en el caso de dinero para comprar silencio, un exfuncionario policial le dijo a The Associated Press que los fiscales albergaban inquietudes en torno a la confiabilidad de Cohen en su papel de testigo. Fiscales federales creían que estaba lejos de estar claro que Trump pudiese ser declarado culpable de un delito relacionado con el financiamiento de su campaña, incluso si un jurado creía los alegatos de Cohen de que el exmandatario ordenó los pagos para acallar acusaciones de relaciones sexuales extramaritales.

Trump ya ha indicado que podría intentar lograr que el caso sea trasladado fuera de Manhattan, y el martes escribió en redes sociales que debería ser procesado en Staten Island. Dijo que ese distrito —que es más conservador que el resto de la ciudad de Nueva York— es “un lugar muy imparcial y seguro”.

El exmandatario también podría alegar que la prescripción del delito —que es de cinco años para la mayor parte de los delitos graves en Nueva York— ya se cumplió porque los pagos para comprar silencio y los reembolsos a Cohen ocurrieron antes.

Hubo algunas extensiones a las prescripciones durante la pandemia de COVID-19, y la ley estatal también puede detener el reloj con respecto a la prescripción de un delito cuando un potencial demandado se encuentre continuamente fuera del estado. Trump visitó Nueva York raras veces durante los cuatro años de su presidencia y ahora vive la mayor parte del tiempo en Florida y Nueva Jersey. Sus abogados podrían cuestionar si la pausa en el cómputo del tiempo para determinar si un delito prescribió o no es aplicable a funcionarios elegidos que trabajan en Washington.

“Este caso tiene algunas cuestiones muy buenas para que la defensa litigue en torno a ellas”, dijo Duncan Levin, abogado defensor de la ciudad de Nueva York y exfiscal de Manhattan. “Bajo ninguna circunstancia es un caso sencillo”.

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Richer reportó desde Boston y Long desde Washington. El corresponsal de la AP en la Casa Blanca Zeke Miller contribuyó a este despacho.