Corte Suprema desiste de bloquear política de deportaciones de Biden

La Corte Suprema anunció el viernes que desistirá de bloquear una norma del gobierno de Estados Unidos que da prioridad a la deportación de inmigrantes que representen el mayor peligro para la seguridad pública o hayan sido capturados en la frontera.

Los jueces, por ocho votos contra uno, desestimaron un recurso de estados gobernados por republicanos contra una norma que, de acuerdo con el gobierno, reconoce que no hay dinero ni personal suficiente para deportar a las 11 millones de personas que se encuentran sin autorización legal en el país.

Luisiana y Texas habían argumentado que la ley federal de inmigración obliga a las autoridades a detener y deportar incluso a aquellos que significan escaso o ningún riesgo.

Sin embargo, la corte sostuvo que los estados no tenían derecho a demandar en este caso.

El juez Brett Kavanaugh señaló que el poder ejecutivo no tiene otra alternativa que la de establecer prioridades en la aplicación de la ley.

“Eso es porque el Poder Ejecutivo invariablemente carece de los recursos para arrestar y juzgar a cada violador de cada ley y debe reaccionar y ajustarse constantemente a las necesidades siempre cambiantes de la seguridad y el bienestar público del pueblo estadounidense”, escribió Kavanaugh.

Una directiva del Departamento de Seguridad Nacional de septiembre de 2021 detenía las deportaciones, salvo en casos de individuos que hubiesen cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas graves a la seguridad pública”. La directiva, que corresponde a la presidencia de Joe Biden, actualizaba una de la presidencia de Donald Trump que ordenaba deportar a las personas que se encontraban en el país sin autorización, cualesquiera que fuesen sus antecedentes penales o lazos con la comunidad.

El año pasado, un juez federal en Texas bloqueó la aplicación de la directriz en todo el país y una corte de apelaciones en Nueva Orleans se negó a entender en el asunto.

El único disenso en el fallo de la Corte Suprema fue del juez Samuel Alito, quien sostuvo que favorece indebidamente al presidente sobre el Congreso “y vuelve aún más impotentes a los estados agobiados por los efectos de la inmigración ilegal masiva”.