Departamento de Justicia considera fusionar ATF y DEA en amplia reestructuración
El liderazgo del Departamento de Justicia está proponiendo recortar algunas oficinas y reestructurar drásticamente el departamento, incluyendo la combinación de las dos agencias responsables de hacer cumplir las leyes sobre drogas y armas, según un memorando revisado por The Associated Press.
El memorando del subsecretario de Justicia Todd Blanche busca comentarios sobre un plan de reorganización que combinaría la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en una sola agencia "para lograr eficiencias en recursos, resolución de conflictos de casos y esfuerzos regulatorios".
Es parte de un impulso de la administración Trump para reducir y remodelar las agencias del gobierno federal, lo que ya ha llevado a una serie de demandas. El presidente Donald Trump ha ordenado a las agencias desarrollar planes para eliminar puestos de empleados y consolidar programas.
Quizás la parte más radical del plan del Departamento de Justicia es el impulso para fusionar la DEA y la ATF, que actualmente tienen directores separados y tienen misiones distintas. El memorando no incluyó detalles sobre cómo se combinarían las dos agencias, o si algunos de los agentes serían eliminados.
Se han planteado preguntas sobre el futuro de la ATF después de que el director del FBI, Kash Patel, en un arreglo inusual, fuera designado para servir simultáneamente como líder interino de la agencia responsable de hacer cumplir las leyes sobre armas de fuego. La ATF ha sido durante mucho tiempo objeto de críticas por parte de los conservadores por su papel en la regulación de armas.
El plan del Departamento de Justicia también propone combinar oficinas de políticas en Washington y eliminar ciertas oficinas de campo en todo el país que trabajan en asuntos como antimonopolio y medio ambiente.
Los abogados de la división de impuestos, así como los empleados de la sección que maneja casos de corrupción pública, serían reasignados a las oficinas de los fiscales de Estados Unidos, excepto por un "equipo central de abogados supervisores" que permanecería en Washington, según la propuesta. La AP informó a principios de este mes que los abogados de la sección de integridad pública, que supervisa los casos de corrupción pública, han sido notificados de que tendrán que asumir nuevas asignaciones en el departamento y que solo cinco abogados podrían permanecer en la unidad.
Un portavoz del Departamento de Justicia no proporcionó de inmediato un comentario sobre el plan, que no ha sido finalizado. Se instruyó a los jefes de las agencias del Departamento de Justicia a responder con cualquier preocupación sobre las propuestas antes del 2 de abril.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.