Donald Trump presenta apelación para bloquear documentos del Comité Antidisturbios del Capitolio

Los abogados del expresidente Donald Trump han pedido a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia que impida que la Administración Nacional de Archivos y Registros entregue los registros de la Casa Blanca generados antes y durante la insurrección del 6 de enero al comité de la Cámara que investiga los eventos de ese día.

El mes pasado, Trump demandó al Comité Selecto de la Cámara para Investigar el Ataque del 6 de enero al Capitolio, al Representante Bennie Thompson (presidente del comité), a NARA y al Archivero de los Estados Unidos David Ferriero en un intento por evitar que el comité tenga acceso a cientos de documentos, incluidos registros de visitas y llamadas, memorandos, borradores de órdenes ejecutivas y otros registros, creados en la Casa Blanca en el período previo al peor ataque al Capitolio desde el incendio de Washington en 1814.

El expresidente afirma que puede impedir que el Congreso acceda a los documentos solicitados porque están protegidos por el privilegio ejecutivo, una doctrina legal que protege las comunicaciones entre un presidente y sus asesores. Trump presentó la demanda después de que la abogada de la Casa Blanca, Dana Remus, anunciara que el presidente Joe Biden había decidido no hacer ningún reclamo de privilegio sobre los documentos, citando las "circunstancias únicas y extraordinarias" presentadas por el ataque, que fue perpetrado por los partidarios del expresidente con la esperanza de evitar que el Congreso certificara la victoria de Biden en las elecciones de 2020.

En su moción de emergencia solicitando la suspensión de la orden del tribunal de distrito, los abogados de Trump argumentan que, en ausencia de una suspensión del fallo del tribunal de distrito, el expresidente “sufrirá un daño irreparable a través de la denegación efectiva de un derecho constitucional y legal a ser escuchado plenamente en un serio desacuerdo entre el expresidente y el actual presidente”.

"El presidente Trump es uno de los cinco estadounidenses vivos a quienes, como expresidentes, se les ha confiado la protección de los registros y las comunicaciones creadas durante su mandato", escribieron, y agregaron que el expresidente "tiene derecho a ser escuchado y a buscar intervención judicial en caso de que surja un desacuerdo entre el actual presidente y el expresidente sobre las solicitudes del Congreso y el privilegio ejecutivo”.

Tal argumento es similar a uno que ya fue rechazado por la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan, quien el martes escribió que Trump no había demostrado que sufriría un daño irreparable por la transferencia de documentos al comité.

“En la medida en que el demandante argumenta que él, como ciudadano privado, sufrirá lesiones, no ha identificado ningún interés personal que se vea amenazado por la producción de registros presidenciales. No afirma tener ningún interés personal en los registros o la información que contienen, y no identifica ningún daño reconocible a la privacidad, la propiedad o de otro modo que él mismo sufrirá si se producen los registros, y mucho menos un daño que sea ‘cierto y grande’ ... si se niega la medida cautelar”, escribió, y luego agregó que el privilegio que Trump está reclamando está destinado a beneficiar al país, no a los presidentes personalmente.

El juez Chutkan también dictaminó que, a pesar de las afirmaciones de Trump en sentido contrario, el derecho a invocar el privilegio ejecutivo pertenece al presidente en ejercicio, lo que significa que es Biden, no Trump, quien está en la mejor posición para decidir si es de interés público para el Congreso ver los documentos en cuestión.

“El demandante no reconoce la deferencia debida al juicio del presidente en ejercicio. Su posición de que puede anular la voluntad expresa del poder ejecutivo parece basarse en la noción de que su poder ejecutivo ‘existe a perpetuidad’”, escribió. “Pero los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente. Se reserva el derecho de afirmar que sus antecedentes son privilegiados, pero el presidente en ejercicio ‘no está obligado constitucionalmente a honrar’ esa afirmación’”.

El juez agregó más tarde que la decisión de Biden de no usar el privilegio "es consistente con la práctica histórica y su poder constitucional".

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Los abogados de Trump le han pedido a la corte un calendario de sesiones informativas aceleradas que obligaría a ambas partes a presentar escritos para argumentar en la próxima semana.

“Las partes solicitan respetuosamente que la Corte considere la moción tan rápidamente como la Corte lo considere factible”, escribieron.

Si el Tribunal de Circuito no interviene, Ferrerio comenzará a entregar documentos a la comisión a las 18:00 horas del 12 de noviembre.