La Corte Suprema bloquea los ‘green cards’ de miles de inmigrantes con protección humanitaria
Grupos de defensa de los inmigrantes y legisladores demócratas instan al Congreso a actuar sobre la reforma migratoria
La Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de que los inmigrantes que viven legalmente en EE.UU. con “estatus de protección temporal” (TPS) puedan optar a la green card si entraron inicialmente al país sin permiso legal, asestando un golpe a los miles de inmigrantes que han confiado en ese estatus legal para conseguir la residencia permanente en el país.
La decisión unánime del alto tribunal de la nación el 7 de junio podría afectar a miles de personas que viven en EE.UU. bajo esas protecciones, que se conceden a los inmigrantes que huyen de la violencia y las condiciones inseguras en sus países de origen.
Los demandantes, José Santos Sánchez y Sonia González, huyeron de El Salvador en la década de 1990 y llevan casi 30 años viviendo en Estados Unidos. Su hijo menor es ciudadano estadounidense. Cuando El Salvador recibió la designación de TPS en 2001, solicitaron y obtuvieron el estatus y lo han mantenido desde entonces. Cuando Sánchez solicitó la tarjeta de residencia en 2014, le fue denegada.
“La cuestión aquí es si el otorgamiento del TPS le permite obtener el estatus [de Residencia Legal Permanente] a pesar de su entrada ilegal. Sostenemos que no es el caso”, escribió la jueza Elena Kagan en la opinión del tribunal.
La ley federal establece que los inmigrantes que son “inspeccionados y admitidos” en EE.UU. pueden solicitar un ajuste de su estatus, o la residencia permanente legal, ampliamente conocida como un ‘green card’. Los titulares del TPS y sus defensores han argumentado que el arduo proceso de conseguir ese estatus debería cumplir los requisitos de “inspeccionado y admitido”.
Pero la jueza Kagen argumentó que la designación del TPS no es en sí misma una “admisión”.
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“Una admisión se define como la entrada legal del extranjero en los Estados Unidos tras la inspección y autorización de un funcionario de inmigración”, escribió. “El programa de TPS otorga a los extranjeros un estatus de no inmigrante, pero no los admite. Debido a que la concesión del TPS no viene con un billete de admisión, no elimina el efecto descalificador de una entrada ilegal”.
Alrededor de 400.000 inmigrantes viven en Estados Unidos con la protección del TPS procedentes de una docena de países, como Birmania, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Venezuela, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen.
En virtud de la sentencia de la Corte Suprema, aquellos que no fueron admitidos legalmente antes de recibir sus protecciones del TPS, muchos de los cuales son de América Central, podrían correr el riesgo de ser deportados cuando esas protecciones expiren.
Claudia Lainez, titular del TPS y organizadora regional de la Alianza Nacional del TPS, una coalición de más de 50 grupos que abogan por el estatus de residencia permanente para los beneficiarios del TPS, calificó la decisión como un “gran golpe para una de las únicas vías disponibles para que nuestras familias ajusten su estatus” en Estados Unidos.
Organizaciones de defensa de la inmigración, grupos de derechos civiles y legisladores demócratas han dicho que la decisión del tribunal subraya la urgencia de aprobar una reforma migratoria en el Congreso que podría asegurar una vía de residencia legal para miles de inmigrantes.
“Esto no disuadirá nuestra lucha por obtener tarjetas de residencia para todos los titulares del TPS”, dijo Lainez en un comunicado. “Esta noticia sólo enfatiza el hecho de que el Congreso debe actuar ahora para garantizar protecciones permanentes y para que el presidente Biden amplíe el estatus del TPS a todos los que lo merecen”.
La Cámara de Representantes aprobó en marzo un amplio proyecto de ley de reforma migratoria que crearía un proceso de ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños, o Dreamers, así como para los beneficiarios del TPS. La medida fue aprobada por una votación de 228-197.
El senador estadounidense Ben Cardin, entre los principales patrocinadores de una medida del Senado, la Ley SECURE, que proporcionaría un camino hacia la residencia permanente para los beneficiarios del TPS, señaló que las protecciones del TPS “se supone que muestran que los Estados Unidos es la Tierra de la Compasión para aquellos en dificultades humanitarias.”
“La decisión de hoy de la Corte Suprema de los Estados Unidos hace, en cambio, que la nuestra sea la Tierra de la Promesa Incumplida”, comentó.
El mes pasado, el gobierno de Biden renovó la designación del TPS para Haití, que según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, “está experimentando graves problemas de seguridad, malestar social, un aumento de los abusos de los derechos humanos, una pobreza agobiante y la falta de recursos básicos, que se ven exacerbados por la pandemia de covid”.
A raíz de esta decisión, una coalición de grupos de defensa de la inmigración y activistas para la aprobación de la Ley SECURE han presionado al Congreso y a la administración para que “proporcionen una solución a largo plazo para los inmigrantes que han hecho de Estados Unidos su hogar y que contribuyen inmensamente al tejido de nuestra nación”, dijo Namrata Pokhrel, una nepalí titular del TPS de Texas.
“Vivir de plazo en plazo, bajo la amenaza constante de ser devueltos a condiciones peligrosas no es protección”, indicó en un comunicado.