Joe Biden, la reelección y el papel de los latinos rumbo al 2024

Este martes 25 de abril, el presidente de EEUU, Joe Biden, anunció que se postulará a la reelección de su cargo en 2024. Se trata de una férrea campaña política por la Casa Blanca.

“Cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia, defender sus libertades fundamentales”, dice el actual mandatario en un vídeo difundido en redes sociales. Y agrega: “Creo que este es el nuestro. Por eso me presento a la reelección como presidente de EEUU. Únanse a nosotros. Terminemos el trabajo”.

El material audiovisual presenta imágenes de la violenta toma del Capitolio norteamericano, el 6 de enero de 2021, cuando partidarios del expresidente de EEUU, Donald Trump, tomaron la sede del Congreso. En el vídeo también se aprecian marchas en contra del derecho al aborto; y resaltan, con música de esperanza, algunas tomas de Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, trabajando de la mano para cumplir su agenda.

De ganar y culminar su segundo periodo, Biden tendrá para ese momento 86 años. Eso está minando las dudas hasta en su propia base electoral, quienes temen que el mandatario “demasiado viejo” para el cargo; e, inclusive la oposición republicana, ya prepararía una campaña en ese tenor.

En respuesta, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que los logros legislativos de Biden son prueba de que está en condiciones de postularse.

Por su parte, los votantes latinos, que son uno de los grupos más influenciales en las elecciones estadounidenses, tienen opiniones encontradas sobre Biden. Según una encuesta, el presidente tiene un 45 % de aprobación por su desempeño laboral y un 54 % de desaprobación. Sin embargo, más del 70% de los latinos dice que “no quiere que el expresidente Donald Trump siga siendo una figura política nacional”.

Aquí algunas de las promesas de campaña de Biden para los latinos rumbo al 2024:

Desde el 20 de enero de 2021 que asumió el cargo, Biden intentó aprobar la legislación de inmigración en el Congreso sin mucho éxito. Y, a pesar de que activistas y defensores de los derechos humanos han reconocido el cese de la construcción del muro fronterizo, así como algunos elementos de la prohibición musulmana, el camino aún es largo.

En lo que respecta al DACA (Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés), en agosto de 2022, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional de EEUU) publicó la regla final para cientos de no ciudadanos al aplazarles su remoción y darles la oportunidad de trabajo renovable cada dos años.

Hasta el momento, el DHS ha señalado que permanece vigente la orden judicial del Tribunal de Distrito Sur de Texas, la cual prohíbe otorgar solicitudes de DACA y autorizaciones de empleo a migrantes no ciudadanos.

A principios de 2023, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la Ciudad de México, Joe Biden y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pusieron en funciones un nuevo sistema de solicitud de acceso a EEUU que prioriza la entrada por vía aérea y no a través de la frontera con México, basado en la exitosa implementación del programa Uniting for Ukraine”, detalla un comunicado de prensa.

No obstante, cualquier persona que intente cruzar a EEUU de forma irregular, será expulsada de vuelta a México bajo el argumento de la política del Título 42, la cual fue puesta en marcha en marzo de 2020 por el expresidente Donald Trump, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, y la cual establece la expulsión inmediata de extranjeros por razones de salud pública.

En 2022, la Comar (Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados) en México inició su proceso para brindar asilo a 10.000 ciudadanos venezolanos. Lo anterior como parte del acuerdo vigente con EE.UU, el cual establece que podrán regularizar su situación migratoria en el territorio norteamericano.

Como parte de su propuesta de Reforma Migratoria que aún no ve la luz, la Administración Biden propuso en febrero de 2021, un profundo cambio en la emisión de ciudadanías a inmigrantes indocumentados en EEUU. Se trata de un ambicioso plan que, pretende brindar 11 millones de residencias a viajeros sin documentos.

Se trata de ciudadanos de México y Centroamérica que, después de un proceso de ocho años, podrían ser acreedores a la ciudadanía estadounidense.

Una de las últimas legislaciones comparables con esta data de hace casi 40 años, cuando el entonces mandatario Ronald Reagan legalizó a tres millones de indocumentados, en 1986.

Hasta julio de 2021, el Censo de Población de EEUU estableció que 62.6 millones de habitantes son de origen latino. Esta cifra representa un incremento respecto a los 50.8 millones que representaban en 2010; y los 35.7 millones que había en 2000. Tan solo del año 2010 al año 2021, los latinos ya no representaban el 13% de la población total; ahora son el 19%, significando el grupo étnico más grande en la nación.

Tan solo en España, la población total es de 47 millones de habitantes; es decir, en EEUU sigue habiendo más personas hispanohablantes y de origen latino que en otros países, exceptuando México, con 126.7 millones de habitantes.

A pesar del estancamiento de leyes en pro de la comunidad latina en EEUU, en estos estados es donde hubo mayor crecimiento de la población hispana: Florida, Texas, Nueva York, Illinois y California.

Como cada elección presidencial, se prevé que este grupo poblacional defina la permanencia de Joe Biden o el regreso del Partido Republicano al poder.

A pesar de que grupos opositores al régimen de Joe Biden han querido instaurar la prohibición nacional del aborto, el mandatario firmó una orden ejecutiva en 2022, la cual garantiza el acceso a esta medida y a métodos anticonceptivos.

Esta acción fue impulsada por los demócratas, luego de que el Tribunal Superior eliminará la protección legal al aborto, abriendo la posibilidad de que mujeres pudieran purgar algunas penas por el hoy derecho de decidir sobre sus propios cuerpos.

Por si fuera poco, la orden ejecutiva también incluyó educación para proveedores médicos y aseguradores sobre cuándo proveer la información de mujeres que deciden abortar o preguntan por el acceso a estos servicios a instancias de procuración de justicia, en un esfuerzo por no victimizar ni condenar a las interesadas.