Republicanos desechan demanda de ciudad de Indiana para frenar venta ilegal de armas. ¿Por qué?

Casi 25 años después de presentar una demanda contra la industria de armas de fuego por no evitar la venta ilegal de las mismas, la ciudad de Gary, en el noroeste de Indiana, logró una importante victoria el otoño pasado, cuando un juez ordenó a los fabricantes de armas que entregaran registros de producción y ventas de varios años.

Sin embargo, en marzo, el gobernador Eric Holcomb firmó una nueva ley que, de manera retroactiva, prohíbe que las ciudades presenten tales demandas, dando fin al caso. Los republicanos señalaron que la industria de las armas de fuego no es responsable de las ventas ilegales. Los detractores de esa industria afirman que la ley deja claro que los fabricantes no consideran prioritario acabar con los crímenes cometidos con armas de fuego y refleja su apatía hacia los residentes de Gary, que en su mayoría son de origen negro.

“Hay violencia por armas de fuego en todas partes de Estados Unidos”, sostuvo la reverenda Dena Holland-Neal, que reside en Gary desde hace mucho tiempo. “Y alguien tiene que rendir cuentas”.

Gary tiene una mayor diversidad racial que el resto de Indiana y, al estar justo al este de Chicago, es uno de los pocos bastiones demócratas. La mayoría de su población, que se calcula en 67.970 habitantes, es negra, en contraste con 10% de la población de todo el estado, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

La capellana hospitalaria Carmen McKee, que asesora a las víctimas de violencia con armas de fuego y a sus familias, dijo que el racismo caracteriza las acciones de los formuladores de políticas, que desestiman las necesidades de Gary diciendo “’es sólo Gary’ o ‘es sólo otra área de personas de color’”.

“Y sin embargo, no permitirían que eso ocurriera en su área”, aseveró McKee.

Gary es una de las docenas de ciudades estadounidenses que demandaron a los principales fabricantes y vendedores de armas como reacción a los índices descontrolados de homicidios y crímenes violentos de la década de 1990. Pero los casos de otras ciudades se quedaron a medio camino y dejaron a la demanda de Gary como la última en vigor cuando, en noviembre, un juez del condado Lake ordenó que los fabricantes presentaran décadas de registros comerciales.

“Este caso se ha mantenido debido a que es una demanda válida”, dijo Rodney Pol, uno de los abogados del caso y senador estatal demócrata que representa a Gary.

La legislatura de Indiana, dominada por los republicanos, actuó rápidamente para aprobar la nueva ley este año, estipulando que únicamente el secretario de Justicia del estado puede presentar una demanda civil contra un fabricante de armas de fuego o municiones, y la hizo retroactiva hasta el 27 de agosto de 1999, tres días antes que Gary presentara su demanda.

El congresista Chris Jeter, que redactó la ley, dijo ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes que la orden del juez causaría costos excesivos para los fabricantes de armas de fuego, los cuales, según él, no deberían ser considerados responsables de las ventas ilegales.

“Simplemente creo que hay un esfuerzo para intentar poner fin a este uso del sistema judicial como un arma contra los fabricantes de armas de fuego”, declaró Jeter.

No hizo ningún intento de ocultar que Gary era su objetivo previsto.

“Este proyecto de ley representa un último intento para eliminar este último caso pendiente”, añadió.

Jeter no respondió a una solicitud de entrevista de The Associated Press.

Para los residentes y funcionarios de Gary, el inminente fin de la demanda es un recordatorio de cómo la industria de las armas de fuego ha cambiado y del continuo impacto devastador de la violencia por armas de fuego.

“Este país tiene una enorme necesidad de hallar alguna forma de integrar algunas leyes para afrontar la violencia por armas de fuego que logren una diferencia”, dijo Holland-Neal. “¿Cómo ocurrirá? Francamente, no tengo idea”.