Republicanos que ven condena de Trump como políticamente motivada juran “enjuiciar a la izquierda”

En los días que pasaron desde que Donald Trump fue condenado por 34 delitos graves en su juicio por dar dinero a cambio de silencio, los republicanos que consideran que el caso está políticamente motivado se fusionaron alrededor de un nuevo grito de campaña: Someter a juicio a la izquierda.

Candidatos, funcionarios titulares y miembros de la familia del expresidente han amplificado los llamados a castigar a sus enemigos políticos y han instado a sus colegas republicanos a comenzar a imputar crímenes a los demócratas.

“Es hora de que los procuradores generales y los fiscales de distrito de los estados republicanos se pongan a trabajar”, escribió Mike Collins, representante de Georgia, en la red social X, antes Twitter, después de que un jurado de Manhattan declaró culpable a Trump.

El influyente activista conservador Charlie Kirk instó a los fiscales republicanos a ser “creativos” en la presentación de cargos. “Someter a juicio a la izquierda, o perder Estados Unidos”, dijo en X.

“Debemos combatir el fuego con fuego”, dijo en una entrevista para un podcast Donald Trump Jr., el hijo mayor del magnate.

Los llamados a convertir al sistema judicial en un arma contra los demócratas son un poco más intensos que algunas otras sugerencias de represalias que los republicanos han hecho desde el veredicto de culpabilidad, como los llamados a investigar a los fiscales del caso de Manhattan o a que los votantes den su propio veredicto enviando a Trump de vuelta a la Casa Blanca en noviembre.

Dichos llamados representan una muestra de lealtad a Trump, que durante meses ha dicho que el caso en su contra es una forma de “interferencia electoral” partidista y se ha referido al gobierno del presidente Joe Biden como “malvado” y “corrupto”. También son una muestra de un creciente sentimiento entre algunos republicanos de que la condena por delitos graves de un expresidente por falsificar registros de negocios para influir ilegalmente en una elección cruzó un límite en las normas judiciales.

“Lo que acaba de ocurrir hoy es una línea que no podemos volver a cruzar”, dijo Megyn Kelly, presentadora de un talk show, cuando Trump fue encontrado culpable. “Y esos demócratas lamentarán el día en que decidieron usar la ‘guerra legal’ para detener a un candidato presidencial. No hablo de violencia. Hablo de represalias”.

En una publicación de X, el candidato republicano a la Cámara de Representantes Brandon Gill de Texas lamento lo que consideraba “fuerza bruta” en lugar de un “sistema legal aplicado con igualdad” en las acusaciones presentadas contra Trump. “Es la ley del más fuerte”, comentó. “Los republicanos deben despertar a la nueva realidad y responder en consecuencia”.

La indignación se produce en un momento en que Trump y otros republicanos han afirmado, sin pruebas, que Biden y su gobierno tenían el control del juicio en Nueva York. El caso fue conducido por un fiscal de nivel estatal, el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg.

Biden se refirió a los ataques de Trump contra el sistema judicial en un evento de recaudación de fondos realizado la noche del lunes en Connecticut, calificándolos como “peligrosos para la democracia estadounidense”, y señalando que el expresidente fue condenado en un caso estatal y no en uno federal. El secretario de Justicia, Merrick Garland, criticó la idea de que el gobierno federal estuviera involucrado, calificándola como teoría conspiratoria, en una comparecencia realizada el martes ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, y diciendo que es un ataque contra el proceso judicial.

“No controlamos al fiscal del distrito de Manhattan”, dijo Garland el martes. “El fiscal del distrito de Manhattan no está subordinado a nosotros. El fiscal del distrito de Manhattan toma sus propias decisiones sobre los casos que desea presentar ante la ley de su estado”.

Los republicanos han señalado elementos reales del caso para alegar que éste tiene motivaciones políticas. Por ejemplo, Bragg, que es demócrata, hizo campaña para el cargo en 2021, basándose, en parte, en sus atributos para asumir la investigación de la oficina contra Trump. El juez del caso, Juan M. Merchan, donó 15 dólares a Biden en 2020 y tiene una hija que trabaja en la política demócrata, aunque ha dicho que nada de esto afectó su capacidad de mostrarse imparcial. Y el fiscal Matthew Colangelo se unió a la oficina de Bragg después de trabajar en el Departamento de Justicia del gobierno de Biden.

Trump también criticó a Bragg por presentar el caso en 2023, cuando su supuesto delito se relacionaba con una campaña ocurrida siete años antes. Bragg se defendió diciendo que él presenta casos “cuando están listos”.

Los demócratas del Congreso criticaron los llamados republicanos a usar el sistema de justicia para atacar a los demócratas, calificándolos como “imprudentes” y potencialmente peligrosos para la democracia. Dijeron en entrevistas que esa reacción era improcedente debido a que Trump fue juzgado justamente por un jurado y que tiene el derecho de apelar.

“Un jurado de 12 personas determino por unanimidad que, más allá de toda duda razonable, cometió 34 delitos”, señaló Deborah Ross, representante demócrata de Carolina del Norte e integrante de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la cámara baja. “Eso es totalmente diferente a presentar cargos engañosos y que los miembros del Congreso dicten quién debe ser demandado de forma frívola”.

Glenn Ivey, representante de Maryland y miembro demócrata de la Comisión, dijo que hay antecedentes de republicanos que procesan a demócratas y viceversa, pero se siente “relativamente confiado de que esos casos sigan siendo resueltos por jurados que tome su trabajo en serio y traten de apegarse a las pruebas y a la ley”.

Mientras Trump espera su sentencia, que se emitirá el mes próximo, demócratas prominentes también enfrentan procesos legales de alto perfil. El senador de Nueva Jersey, Bob Menendez, actualmente es juzgado por acusaciones federales de soborno en Nueva York, mientras que el representante de Texas, Henry Cuellar, y su esposa, fueron acusados el mes pasado de conspiración y soborno.

Las declaraciones iniciales comenzaron el martes en un caso federal contra Hunter Biden, el hijo del presidente, acusado en Delaware de tres delitos graves derivados de una compra de armas de fuego en 2018 cuando estaba, según sus memorias, en plena adicción al crack.

En el pasado, Trump ha dado señales encontradas sobre si considera apropiado perseguir a los enemigos políticos.

En un video de campaña publicado en agosto, llamó a los procuradores generales y fiscales de distrito republicanos a observar “atentamente” los juicios en su contra, diciendo que “es ojo por ojo, o combatir fuego con fuego”. Sin embargo, en una asamblea pública realizada en febrero, respondió a las preocupaciones de que su segundo mandato estuviera enfocado en ajustar cuentas afirmando lo siguiente: “mi venganza será un éxito”.

Cuando se le preguntó si buscaría vengarse en el programa “Fox & Friends” del domingo, Trump respondió con dificultad, diciendo que era “una pregunta realmente difícil” porque “estas son malas personas”. Dijo que, cuando era presidente, pudo haber encarcelado a la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, pero se negó a hacerlo.

“Y luego me pasó esto” dijo, “y por eso puede que tenga una opinión distinta al respecto”.

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La periodista de The Associated Press Christine Fernando en Chicago contribuyó a este despacho.

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