Respuesta al tiroteo en la escuela de Uvalde estuvo aquejada por "muchas fallas", dice investigador
La policía de Uvalde cometió “muchas fallas” al responder a un agresor armado que mató a 19 alumnos y dos maestras en una escuela primaria de Uvalde, Texas, en 2022, dijo el jueves el investigador que dirigió la indagación de la ciudad sobre sus agentes locales.
Jesse Prado, investigador residente de Austin y exdetective policial que realizó el informe para el Consejo Municipal de Uvalde, describió fallas generalizadas en el lugar aquel día: fallas de comunicación, entrenamiento deficiente para enfrentar situaciones donde hay un hombre armado activo, falta de equipo disponible para los agentes y retrasos en la irrupción en el aula.
“Hubo problemas todo el día con la comunicación y la falta de ella. Los agentes no tenían forma de saber lo que se planeaba, lo que se decía”, dijo Prado. “Si hubieran tenido un escudo antibalas, éste habría bastado para que llegaran hasta la puerta”.
El informe es sólo una de las distintas investigaciones sobre la masacre. Legisladores de Texas encontraron en 2022 que cerca de 400 agentes locales, estatales y federales acudieron al lugar, pero aguardaron más de una hora antes de confrontar al agresor. En un informe del Departamento de Justicia publicado en enero se critican las “fallas en cascada” de los policías que respondieron a la emergencia.
Una investigación penal realizada por la oficina de la fiscal del distrito de Uvalde, Christina Mitchell, sobre la respuesta de los organismos policiales al tiroteo del 22 de mayo continúa abierta. Un jurado investigador se reunió este año y se ha pedido a algunos policías que testifiquen.
Siguen existiendo intensas tensiones entre los funcionarios de la ciudad de Uvalde y el fiscal local, mientras que la comunidad de más de 15.000 habitantes —ubicada a unos 140 kilómetros (85 millas) al suroeste de San Antonio— está aquejada por el trauma y dividida respecto a la rendición de cuentas.
Esas tensiones entraron en ebullición en diciembre de 2022, cuando la ciudad de Uvalde demandó a la fiscalía local para obtener acceso a registros y otros materiales de investigación relacionados con el tiroteo en la Escuela Primaria Robb. Esa demanda es uno de los temas que el consejo municipal podría revisar el jueves.
La investigación independiente de la ciudad se realiza después de que, en un informe de casi 600 páginas dado a conocer en enero por el Departamento de Justicia, se encontraron grandes fallas cometidas por los organismos policiales, incluido el hecho de actuar “sin urgencia” para establecer un puesto de mando, suponer que el sujeto estaba atrincherado a pesar de que continuaban los disparos, y comunicar información inexacta a las familias dolientes.
El secretario de Justicia Merrick Garland dijo que las víctimas “merecían algo mejor” cuando presentó las conclusiones del Departamento de Justicia a las familias afectadas de Uvalde.
“Si los organismos policiales hubieran seguido las practicas generalmente aceptadas en situaciones donde hay un hombre armado activo y hubieran ido de inmediato tras el agresor y lo hubieran detenido, se habrían salvado vidas y varias personas habrían sobrevivido”, dijo Garland en la conferencia de prensa en enero.
En el informe también se encontraron fallas cometidas después del incidente: personal sanitario no capacitado dio inadecuadamente noticias dolorosas, y los funcionarios dieron a las familias mensajes confusos y desinformación sobre las víctimas y los sobrevivientes. Un funcionario dijo a las familias que aguardaban noticias que otro autobús con sobrevivientes estaba en camino, pero eso no era verdad.
En un principio, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, elogió la respuesta de los organismos policiales, diciendo que la razón por la que el tiroteo “no fue peor es porque los agentes policiales hicieron lo que hacen”. Dijo que los policías habían corrido hacia los disparos para salvar vidas.
Pero en las semanas posteriores al tiroteo, esa historia cambió a medida que la información publicada en los medios y hallazgos de los legisladores ilustraron la deficiente respuesta de la policía.
Al menos cinco oficiales que estuvieron en el lugar perdieron su empleo, incluidos dos agentes del Departamento de Seguridad Pública y el comandante en el lugar, Pete Arredondo, exjefe de la policía de la escuela. Ningún agente ha enfrentado acusaciones penales.