Tribunales podrían ver ola de demandas electorales, pero estándar para cambiar resultado es elevado
Cuando la Corte Suprema intervino en la carrera presidencial de 2000, el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore estaban separados por un margen muy estrecho. La decisión de la corte de detener el recuento de votos en Florida en la práctica le otorgó la elección a Bush y dio forma al futuro de la nación.
El caso es quizás el ejemplo moderno más notable de la participación directa de la rama judicial tras una elección, pero no es la única vez en que los jueces se han visto involucrados en disputas poselectorales.
El sistema judicial de Estados Unidos no tiene un papel formal en el proceso electoral y los jueces generalmente tratan de no involucrarse porque no quieren ser vistos como que interfieren o dan forma a un resultado partidista, explicó Paul Schiff Berman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.
Pero las disputas electorales han llegado con más frecuencia a los tribunales desde Bush vs. Gore, agregó.
Este año podría ser especialmente contencioso, luego de más de 60 demandas infructuosas en las que el entonces presidente Donald Trump afirmara falsamente que perdió las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden debido a un fraude electoral masivo. Docenas de demandas se han presentado este año, en su mayoría relacionadas con asuntos relativamente menores.
“Tenemos una larga historia en este país de un proceso democrático que opera de manera no partidista con respecto al conteo de votos que no requiere una intervención constante de los tribunales, pero esa norma se ha hecho añicos de la misma manera que muchas de nuestras normas democráticas se han hecho añicos desde 2016”, agregó Berman.
Los casos judiciales podrían comenzar la noche de las elecciones para decidir si mantener abiertos los lugares de votación si experimentaron problemas que afectaron el acceso a ellos durante el día.
Una vez que se emitan todos los votos, las demandas por el conteo de votos podrían ser las siguientes. Esto quizás incluya reclamos sobre el recuento de ciertas papeletas, acusaciones contra los funcionarios electorales que supervisan el recuento, disputas sobre la metodología o impugnaciones a la certificación de los totales de votos en cada estado.
Podría haber demandas por las recientes actualizaciones de la Electoral Count Act (Ley de Recuento Electoral), que rige la certificación de la contienda presidencial. Las revisiones fueron aprobadas por el Congreso en 2022 en respuesta al esfuerzo de Trump por anular los resultados de 2020, cuando presionó a Mike Pence, su vicepresidente, sobre la certificación del Congreso de los electores de los estados.
El grado en que una demanda podría afectar el resultado de una elección depende de cuántos votos estén en disputa y qué tipo de solución podría ordenar un juez si se descubre un problema. En algunos casos, “no está claro cuál sería el remedio si estas demandas tuvieran éxito”, dijo Steven Schneebaum, abogado y profesor adjunto de la Universidad Johns Hopkins.
Si la contienda de 2024 está muy cerrada, los fallos judiciales podrían afectar el resultado, especialmente en los estados que no tienen una tendencia política definida y que serán clave para las elecciones. Pero para que una demanda afecte la contienda, la elección tendría que estar tan reñida que el tribunal tendría que determinar cómo votó la gente o una de las partes necesitaría demostrar un problema importante y fundamental con la forma en que se llevó a cabo, explicó Rick Hasen, experto en elecciones y profesor de Derecho en la Universidad de California, en Los Ángeles.
“El estándar para anular una elección es extremadamente alto por una buena razón”, dijo. “Queremos que las elecciones sean decididas por los votantes, no por los tribunales”.
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Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.
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