El voto en EEUU de los que no son ciudadanos se vuelve un tema central del mensaje republicano
Un partido político está realizando conferencias de prensa urgentes y audiencias en el Congreso sobre el tema. El otro dice que es una distracción peligrosa encaminada a sembrar dudas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos este año.
En los últimos meses, el fantasma de que inmigrantes voten ilegalmente se ha convertido en uno de los principales temas de discusión de los republicanos durante el año electoral. Argumentan que se necesita un proyecto de ley para proteger la inviolabilidad del voto, ya que el país se enfrenta a niveles sin precedentes de inmigración irregular en la frontera con México.
El voto de personas que no son ciudadanos estadounidenses ya es ilegal en las elecciones federales y no hay indicios de que esté ocurriendo en ningún lugar en cantidades significativas. Sin embargo, legisladores republicanos a nivel federal y estatal están volcando su energía en este asunto, presentando propuestas legislativas y medidas electorales para el otoño, y eso garantiza que la cuestión seguirá presente en la cabeza de los votantes en los próximos meses.
Los republicanos del Congreso están impulsando un proyecto de ley llamado SAVE (siglas en inglés de Safeguard American Voter Eligibility - Proteger el Derecho de los Votantes Estadounidenses), que exigiría presentar una prueba de que se es ciudadano para poder empadronarse. Mientras tanto, las asambleas legislativas republicanas de al menos seis estados han incluido medidas para prevenir el voto de los que no son ciudadanos en las papeletas del 5 de noviembre, y al menos otras dos están debatiendo si hacerlo o no.
“Las elecciones estadounidenses son para los ciudadanos estadounidenses, y tenemos la intención de que siga siendo así”, dijo el presidente de la Comisión de Administración de la cámara baja, el representante Bryan Steil, durante una audiencia que organizó sobre el tema la semana pasada.
Los demócratas de la comisión arremetieron contra sus colegas republicanos por centrarse en algo que calificaron de “no relevante”, argumentando que forma parte de una estrategia orquestada con el expresidente Donald Trump con el fin de sentar las bases para los desafíos electorales este otoño.
“Parece que la lección que los republicanos aprendieron del fiasco que el expresidente causó en 2020 no fue ‘no te robes una elección’... fue simplemente ‘comienza antes’”, dijo el representante Joe Morelle, el principal demócrata de la comisión. “El golpe de Estado empieza aquí. Aquí es donde comienza”.
La preocupación de que los inmigrantes que no tienen derecho al voto estén sufragando ilegalmente ha predominado en el sector de la derecha durante años. Pero este año volvió a llamar la atención cuando Trump empezó a insinuar —sin presentar evidencia— que los demócratas estaban alentando la inmigración irregular a Estados Unidos para poder empadronar a los recién llegados.
Los republicanos que se han pronunciado sobre el voto de quienes no son ciudadanos han puesto reparos cuando se les han pedido evidencias de que es un problema. La semana pasada, durante una rueda de prensa sobre su propuesta de ley federal para exigir una prueba de ciudadanía durante el empadronamiento, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no pudo dar ejemplos de que se cometiera ese delito.
“La respuesta es que es imposible de responder”, dijo el republicano en respuesta a una pregunta sobre si ese tipo de personas estaban votando ilegalmente. “Todos sabemos, intuitivamente, que muchos (inmigrantes) ilegales están votando en las elecciones federales, pero no ha sido algo que sea fácil de probar”.
Expertos en administración electoral dicen que no sólo es comprobable, sino que se ha demostrado que el número de personas que carecen de la ciudadanía y que votan en elecciones federales es ínfimo.
A lo largo de los años ha habido casos de personas sin ciudadanía que se han empadronado ilegalmente e incluso han votado. Pero los estados tienen mecanismos para detectarlo. El secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, encontró recientemente 137 sospechosos de no ser ciudadanos en las listas electorales del estado —de un total de aproximadamente 8 millones de votantes— y está tomando medidas para confirmar que así sea y retirarlos de allí, según anunció la semana pasada.
En 2022, el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, llevó a cabo una auditoría del padrón electoral de su estado en busca de personas que carecen de ciudadanía. Su oficina descubrió que 1.634 habían intentado empadronarse a lo largo de 25 años, pero funcionarios electorales habían detectado todas las solicitudes y ninguno había podido registrarse.
En Carolina del Norte en 2016, una auditoría de las elecciones descubrió que 41 inmigrantes legales que aún no se habían convertido en ciudadanos votaron, de un total de 4,8 millones de papeletas emitidas. Los votos no representaron una diferencia en ninguna de las elecciones del estado.
Los electores deben confirmar bajo pena de perjurio que son ciudadanos cuando se inscriben para votar. Si mienten, pueden enfrentarse a multas, la cárcel o deportación, dijo David Becker, fundador y director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro Center for Election Innovation and Research (Centro para la Innovación e Investigación Electoral).
Además, cualquiera que se registre proporciona su número de Seguro Social, licencia de conducir o documento estatal de identificación, dijo Becker. Eso significa que ya le han mostrado al gobierno una prueba de ciudadanía para recibir esos documentos o, si no son ciudadanos y cuentan con una identificación estatal o un número de Seguro Social, ya han sido clasificados claramente de esa manera en los registros del estado.
“Lo que piden son pruebas adicionales”, dijo Becker sobre los republicanos que impulsan el proyecto de Johnson. "¿Por qué debería la gente tener que acudir a varias agencias gubernamentales y que les pregunten: ‘Muéstrenos sus papeles’, cuando ya los han mostrado?”.
Los demócratas temen que añadir más requisitos de identificación podría privar de derechos a los votantes elegibles que no tienen a mano sus certificados de nacimiento o tarjetas del Seguro Social. Los republicanos replican que la medida adicional podría proporcionar otra capa de seguridad y aumentar la confianza de los electores en un sistema imperfecto en el que votantes que no son ciudadanos se han infiltrado en el pasado.
El enfoque a nivel nacional en el voto de los que no son ciudadanos también ha atraído la atención a un fenómeno relacionado, pero diferente: cómo un pequeño número de jurisdicciones locales, entre ellas San Francisco y el Distrito de Columbia, han empezado a permitir que inmigrantes que carecen de ciudadanía voten en algunas elecciones locales, como las de juntas escolares y ayuntamientos.
El número de votantes no ciudadanos que han sufragado en pueblos y ciudades donde se les permite hacerlo ha sido mínimo hasta ahora. En Winooski, Vermont, donde 1.345 personas votaron en unas elecciones locales recientes, sólo 11 no eran ciudadanas, según declaró el secretario electoral a The Associated Press. Aun así, el fenómeno —que crece gradualmente— ha llevado a algunos legisladores estatales a presentar medidas en las boletas con las que se pretende impedir que las ciudades lo intenten en el futuro.
En Carolina del Sur, los votantes decidirán en noviembre sobre una enmienda constitucional que, según sus partidarios, cerrará la puerta al voto a las personas que carecen de ciudadanía. Actualmente, la Constitución del estado establece que pueden votar todos los ciudadanos mayores de 18 años que cumplan los requisitos. La enmienda modifica la redacción para que diga “sólo ciudadanos”.
El senador estatal republicano Chip Campsen dijo que era una medida de salvaguarda para evitar futuros problemas. California tiene una redacción similar a la disposición actual de Carolina del Sur, y Campsen citó una decisión de la Corte Suprema de California que dictaminó que la palabra “todos” no impedía votar a los que no son ciudadanos.
El senador estatal demócrata Darrell Jackson le preguntó a Campsen durante el debate del mes pasado: "¿Tenemos ese problema aquí en Carolina del Sur?”.
“No se tiene el problema hasta que surge el problema”, respondió Campsen.
El viernes, legisladores republicanos de Missouri aprobaron una medida electoral para noviembre que prohibiría tanto el voto de personas extranjeras como el voto por orden de preferencia de candidatos.
“Sé que se han planteado casos hipotéticos atemorizantes: ‘¿Y qué pasa con San Luis? ¿Qué pasa con Kansas City?’”, dijo la senadora estatal demócrata Lauren Arthur, de Kansas City. “No es una amenaza real porque esto ya está prohibido. Ya es ilegal en Missouri”.
Cuando el jueves un demócrata le preguntó sobre casos de votantes en Missouri que carecen de ciudadanía, el representante republicano Alex Riley dijo que no tenía “datos específicos ni una situación de que haya ocurrido”, pero quería “abordar la inquietud de que podría ocurrir en el futuro”.
En Wisconsin, un estado muy disputado en los comicios presidenciales en el que la asamblea legislativa controlada por los republicanos también incluyó una medida sobre el voto de los que no son ciudadanos en la papeleta de este otoño, la representante estatal demócrata Lee Snodgrass dijo durante una audiencia esta semana que no podía entender por qué alguien que no cuenta legalmente con la ciudadanía emitiría un voto.
“Estoy tratando de entender lo que la gente piensa que sería la motivación para que alguien que no es ciudadano pase por una enorme cantidad de complicaciones con el fin de cometer activamente un delito grave para votar en unas elecciones que a la larga los va a conducir a la cárcel o a que sean deportados”, manifestó.
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Los periodistas de The Associated Press Summer Ballentine en Jefferson City, Missouri; Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur, y Scott Bauer en Madison, Wisconsin, contribuyeron a este despacho.
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