Título 42: juez federal mantiene en el limbo esa política

El Título 42, la política que permite expulsar de forma inmediata a los indocumentados que piden asilo en Estados Unidos por temor a que propaguen el covid-19, sigue en el limbo.

Robert Summerhays, el juez federal de Lousiana a cargo de determinar el futuro de esa política, declinó emitir un fallo definitivo sobre la intención de la Casa Blanca de poner fin al Título 42. El magistrado argumentó que necesita evaluar los argumentos a favor y en contra de esa controversial medida, que fue puesta en marcha por la administración de Donald Trump y que ahora el presidente Joe Biden quiere terminar.

Biden había anunciado que su gobierno cancelaría el Título 42, que es una orden sanitaria, no de tipo migratorio, debido a que los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) han dado luz verde para terminar con las restricciones migratorias porque consideran que la pandemia está bajo control.

Este anuncio, sin embargo, ha desencadenado una fuerte controversia. Los defensores de los inmigrantes la han aplaudido, pero los republicanos, e incluso algunos demócratas, se han manifestado en contra porque creen que agudizará el caos que hay en la frontera.

Veintiún estados del país, entre ellos Arizona, Louisiana, Missouri y Texas, solicitaron a la corte federal que impidiera a Biden cancelar el Título 42.

El juez Summerhays decidió respaldar esta demanda. Hoy se ha dedicado a escuchar ambos lados y se espera que, en los próximos días, dé a conocer su fallo.

Entre las voces que se han manifestado a favor de mantener las restricciones migratorias está la de Drew Ensign, un abogado de Arizona, quien dijo que la administración Biden no siguió los procedimientos administrativos requeridos para notificar al público sobre la decisión de finalizar el Título 42. Y agregó que tampoco se consideraron de manera debida “ los probables aumentos resultantes en los cruces fronterizos y sus posibles efectos, entre ellos la presión sobre los sistemas de salud y de la policía”.

Por su parte, Jean Lin, del Departamento de Justicia, argumentó que no hay bases para mantener el Título 42 porque los CDC tienen toda la autoridad para levantar una restricción de salud de emergencia que no consideran ya necesaria. Y destacó que “no hay bases para usar el Título 42 porque se trata de una cuestión de política de salud, no de migración”.

Varios grupos defensores de los inmigrantes le han pedido al juez Summerhays que permita cancelar el Título 42, al menos en California y Nuevo México, estados que están de acuerdo en que se levanten las restricciones migratorias.

En el Congreso, tanto republicanos como demócratas, han expresado su preocupación por el hecho de que el gobierno de Biden no esté preparado para recibir el enorme flujo de inmigrantes que esperan en la frontera de México entrar a Estados Unidos.

En respuesta a estas inquietudes, la Casa Blanca ha insistido en que trabaja de manera ardua con el Congreso para destinar más recursos a la frontera y asegurar un flujo migratorio seguro y ordenado.

Funcionarios del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) revelaron que esperaban recibir y procesar hasta 18 mil solicitudes diarias de asilo.

Los republicanos no han ocultado que la migración será uno de los temas electorales que explotarán en contra de Biden, algo que preocupa sobremanera a los demócratas.

Desde que se implementó el Título 42, en marzo de 2020, se han expulsado a más de 1,8 millones de migrantes que han llegado a la frontera entre México y Estados Unidos en busca de asilo.

El Título 42 no se ha aplicado de manera uniforme entre las distintas nacionalidades. Estados Unidos llegó a un acuerdo con México para aceptar migrantes, no sólo de su país, sino de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como algunos de Cuba y Nicaragua. Pero los altos costos de transporte, las relaciones diplomáticas tensas y otras consideraciones han dificultado expulsar a migrantes de otras naciones.