Funcionarios de Trump presionan a la Oficina del Censo de Estados Unidos por datos sobre indocumentados

Los estadísticos del Buró del Censo de Estados Unidos están bajo presiones significativas de funcionarios nombrados por Donald Trump para determinar quiénes están ilegalmente en el país y temen que un reporte así producido en los últimos días de esta administración sea impreciso, dijo la Oficina del Inspector General.

Dos designados por Trump para posiciones importantes en el Buró, Nathaniel Cogley y Benjamin Overholt, son el motor del esfuerzo, de acuerdo con un memorándum de la oficina enviado el martes. Los nombramientos de Cogley y Overholt el año pasado fueron muy criticados por estadísticos, académicos y legisladores demócratas, que expresaron preocupación por la politización del conteo.

El director del Buró del Censo, Steven Dillingham, fijó de plazo hasta el viernes para que los estadísticos de la agencia le entreguen un reporte técnico sobre el esfuerzo, le dijeron informantes a la Oficina del Inspector General.

“Funcionarios del buró temen que información incompleta pueda ser malinterpretada, mal usada o perjudicar la reputación del buró”, dijo la inspectora general Peggy Gustafson en el memo enviado a Dillingham.

El memo le pide a Dillingham que explique lo que planea hacer con la información y por qué la estaba priorizando. El Buró del Censo no había respondido a un pedido de comentario el miércoles.

Hace dos años, el presidente Trump le ordenó al buró utilizar registros administrativos para determinar quién estaba ilegalmente en el país luego que la Corte Suprema bloqueó el esfuerzo de su administración de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el cuestionario del censo 2020. La agencia de estadísticas no ha dicho públicamente qué método está usando.

La información sobre el estatus de ciudadanía des cada residente pudiera ser utilizada para implementar otra orden de Trump que buscaba excluir a las personas ilegalmente en el país del conteo usado para asignar asientos en el Congreso y los votos del Colegio Electoral, aparte de la distribución anual de 1,5 billones de dólares de fondos federales entre los estados.

Un influyente asesor republicano propuso excluirlos del proceso para distribuir los asientos legislativos para favorecer a republicanos y blancos no hispanos. La orden sin precedentes de Trump fue apelada en más de media decena de demandas en todo el país, pero la Corte Suprema falló en diciembre que cualquier apelación era prematura.

Sin embargo, la capacidad de implementar la orden de Trump sobre la distribución de los asientos legislativos está en peligro toda vez que el procesamiento de los datos no está programado para antes de marzo, muchas semanas después del fin de su presidencia, y el presidente electo Joe Biden, quien asume el 20 de enero, se opone al esfuerzo.