Nueva orden ejecutiva de Trump pone en la mira a leyes climáticas de los estados
Una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que forma parte de su intento de revitalizar la producción de energía, plantea la posibilidad de que su Departamento de Justicia acuda a los tribunales contra las leyes estatales sobre cambio climático destinadas a reducir la contaminación por gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles que calientan el planeta.
La orden de Trump, firmada el martes, llega en un momento en que la demanda de electricidad en Estados Unidos aumenta para satisfacer el crecimiento de las aplicaciones de inteligencia artificial y computación en la nube, así como los esfuerzos federales para expandir la fabricación de alta tecnología. También coincide con la legislación de “superfondo climático” que está tomando fuerza en varios estados.
Trump ha declarado una “emergencia energética nacional” y ha ordenado a su fiscal general que tome medidas contra los estados que puedan estar excediendo ilegalmente su autoridad en la regulación del desarrollo energético.
“La dominación energética estadounidense está amenazada cuando los gobiernos estatales y locales buscan regular la energía más allá de sus autoridades constitucionales o estatutarias”, sostuvo Trump en la orden.
Indicó que el fiscal general debería centrarse en las leyes estatales dirigidas al cambio climático, una orden amplia que pone indudablemente a los estados liberales en la mira del Departamento de Justicia de Trump.
Michael Gerrard, director del Centro Sabin de Derecho sobre Cambio Climático de la Universidad de Columbia, afirmó que será un “movimiento extraordinariamente audaz” que el gobierno federal acuda a los tribunales para intentar anular una ley estatal sobre el clima.
Gerrard señaló que el camino más rápido para el Departamento de Justicia de Trump es intentar unirse a las demandas en curso donde los tribunales están decidiendo si los estados o ciudades están excediendo su autoridad al intentar obligar a la industria de combustibles fósiles a pagar por el costo de los daños del cambio climático.
Los demócratas aseguran que no retrocederán
Los gobernadores demócratas prometieron seguir luchando contra el cambio climático.
El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó a Trump de “retroceder en el tiempo” en el tema del clima y dijo que los esfuerzos de su estado para reducir la contaminación “no serán descarrilados por un comunicado de prensa glorificado disfrazado de orden ejecutiva”.
El grupo Climate Mayors, que incluye a los alcaldes de las ciudades más grandes de Estados Unidos, señaló en un comunicado de su presidenta, la alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, que el gobierno federal está excediendo su autoridad e ignorando los “enormes costos de la continua destrucción ambiental y el daño político y social de la retirada del liderazgo estadounidense”.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, copresidentas de la Alianza Climática de Estados Unidos, que incluye a 22 gobernadores, dijeron que “seguirán avanzando en soluciones para la crisis climática”.
Las leyes de superfondos climáticos están tomando fuerza
Vermont y Nueva York están actualmente luchando contra desafíos en los tribunales federales a las leyes de superfondos climáticos aprobadas el año pasado. Trump sugirió que las leyes “extorsionan” pagos de las compañías energéticas y “amenazan la dominación energética estadounidense y nuestra seguridad económica y nacional”.
Ambas están modeladas según la ley federal de superfondos de hace 45 años, que gravaba a las compañías de petróleo y productos químicos para pagar la limpieza de sitios contaminados por desechos tóxicos. De manera similar, las leyes climáticas estatales están diseñadas para obligar a las principales compañías de combustibles fósiles a contribuir a fondos estatales basados en sus emisiones pasadas de gases de efecto invernadero.
Varios otros estados controlados por demócratas, entre ellos Nueva Jersey, Massachusetts, Oregon y California, están considerando medidas similares.
El Instituto Estadounidense del Petróleo, que representa a las industrias del petróleo y el gas natural, elogió la orden de Trump que, afirmó, “protegerá la energía estadounidense de los llamados ‘superfondos climáticos’”.
“Dirigir al Departamento de Justicia para abordar este exceso estatal ayudará a restaurar el Estado de derecho y garantizar que las campañas impulsadas por activistas no se interpongan en el camino de asegurar que la nación tenga acceso a un suministro de energía asequible y confiable”, indicó.
Las batallas legales ya están en curso
El Instituto Estadounidense del Petróleo, junto con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, presentó la demanda contra Vermont. La demanda contra Nueva York fue presentada por Virginia Occidental, junto con varios intereses de carbón, gas y petróleo y otros 21 estados, en su mayoría gobernados por republicanos, incluyendo Texas, Ohio y Georgia.
Make Polluters Pay, una coalición de grupos de consumidores y anticombustibles fósiles, prometió luchar contra la orden de Trump y acusó a los multimillonarios de los combustibles fósiles de convencer a Trump para lanzar un ataque contra los estados.
La orden, dijo, demuestra la “captura corporativa del gobierno” y “arma al Departamento de Justicia contra los estados que se atreven a hacer que los contaminadores paguen por los daños climáticos”.
Por separado, el Departamento de Justicia podría unirse a demandas en defensa de las industrias de combustibles fósiles que están siendo demandadas, señaló Gerrard.
Esas demandas incluyen las presentadas por Honolulu, Hawai, y docenas de ciudades y estados que buscan miles de millones de dólares en daños por cosas como incendios forestales, aumento del nivel del mar y tormentas severas.
En los últimos tres meses, la Corte Suprema de Estados Unidos ha declinado involucrarse en un par de demandas relacionadas con el clima.
Una fue presentada por compañías de petróleo y gas pidiendo bloquear la demanda de Honolulu. Otra fue presentada por Alabama y fiscales generales republicanos en otros 18 estados con el objetivo de bloquear demandas contra la industria del petróleo y el gas de estados gobernados por demócratas, incluyendo California, Connecticut, Minnesota, Nueva Jersey y Rhode Island.
La orden de Trump desató conversaciones en los Capitolios estatales de todo Estados Unidos.
Eso incluye a Pensilvania, donde el gobernador demócrata Josh Shapiro está impugnando un desafío judicial a una regulación que lo convertirá en el primer estado importante productor de combustibles fósiles en obligar a los propietarios de plantas de energía a pagar por las emisiones de gases de efecto invernadero.
John Quigley, exsecretario de Protección Ambiental de Pensilvania y miembro senior del Centro Kleinman para Políticas Energéticas de la Universidad de Pensilvania, se preguntó si el Departamento de Justicia comenzará a impugnar todo tipo de leyes estatales sobre contaminación del agua y del aire.
“Este tipo de orden no tiene límites”, dijo Quigley. “Es difícil decir dónde podría terminar esto”.
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La periodista de The Associated Press Sophie Austin en Sacramento, California, contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.