Cómo el movimiento “provida” mató a Roe vs. Wade

Cuando los abogados del estado de Mississippi defendieron la ley estatal que prohibía el aborto a las 15 semanas de embarazo ante la Corte Suprema en 2020, sugirieron que la corte no necesitaba anular Roe vs. Wade para hacerlo.

Un año después, el argumento del estado giraba en torno a la cuestión de acabar con Roe, rechazando un precedente que podría poner fin a las protecciones constitucionales del aborto y desencadenar una ola de leyes que lo vuelvan ilegal en más de la mitad del país.

Muchas cosas pueden pasar en un año. Murió la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg. Donald Trump nombró a su reemplazo Amy Coney Barrett, quien fue confirmada en el Senado en un tiempo récord antes de que Trump dejara el cargo.

Pero llevar un caso como el de Mississippi frente a una Corte Suprema de mayoría conservadora para desafiar directamente el aborto legal ha sido fundamental para una campaña que tardó años en gestarse.

Un borrador del fallo que señala el fin del acceso al aborto consitucionalmente protegido en Estados Unidos representa una victoria para el movimiento antiabortista que ha reformado la política de derecha y ha ayudado a los republicanos a llenar el poder judicial federal con figuras ideológicamente afines.

El llamado movimiento “provida” (paralelo y en conjunto con una creciente derecha cristiana y grupos legales conservadores) ha impulsado al Partido Republicano y emprendido una campaña para moldear a los votantes de “un solo tema” en una base poderosa. El movimiento ha ayudado a redactar leyes a nivel estatal para restringir el acceso al aborto y ha promovido figuras antiaborto en todo el sistema judicial, cultivando una mayoría conservadora en el tribunal supremo de la nación para deshacer el fallo que está en el centro de su agenda.

Si se finaliza el fallo, se verá como un logro supremo para un movimiento minoritario que ha pasado las últimas décadas enfocado en la desaparición de Roe, a pesar del creciente consenso entre los estadounidenses a favor de proteger el acceso al aborto.

“Es una victoria, y también plantea la pregunta más difícil sobre lo que sigue”, dijo a The Independent Mary Ziegler, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, autora de Abortion and the Law in America: Roe v Wade to the Present y del libro próximo a publicarse Dollars for Life: The Antiabortion Movement and the Fall of the Republican Establishement.

“Es mucho más fácil estar en la oposición que ser la persona en condiciones de hacer algo”, señaló. “Ahora veremos grupos antiaborto en los estados dando una idea de ‘¿Qué significa realmente ser provida?’ ¿Significa simplemente ecarcelar gente por [realizar] abortos o tener abortos, o hay algo más?”.

La historia en el centro del movimiento cristiano conservador ha reunido a los votantes que se inclinan por la derecha por años. Pero lo que se convirtió en un esfuerzo concertado por politizar el aborto a raíz del fallo de la Suprema Corte de 1973 en Roe vs. Wade se desarrolló de un movimiento conservador en feroz oposición al progreso de los derechos civiles, que movilizó a los grupos cristianos conservadores sin invocar la raza, según académicos que han trazado la historia del movimiento y su influencia.

“El movimiento antiaborto ha tenido un éxito notable en convencer a los observadores de que las posiciones que adoptan las personas sobre el tema del aborto siempre se derivan de manera deductiva de sus supuestos principios morales. No es así”, explicó Katherine Stewart, autora de The Power Worshipers, aThe New York Times.

El hecho de que el gobierno federal atacara a las escuelas privadas afiliadas a religiones que evadían la integración racial en los años posteriores al fallo de la Corte Suprema de Brown vs. Board of Education en 1954, electrizó a los líderes del movimiento, admitiendo que “defender las ventajas impositivas de las escuelas racistas no sería una estrategia viable en el escenario nacional”, observó.

Las encuestas públicas y las resoluciones emitidas por organizaciones religiosas, incluida una petición hecha en 1971 por la Convención Bautista del Sur para apoyar la legalización del aborto en ciertos casos, mantuvieron en gran parte la importancia de su acceso, independientemente de las cuestiones “morales” sobre su práctica.

Pero en los años previos al fallo de Roe, los líderes del movimiento conservador comenzaron a dar forma a una agenda que sigue firme dentro de la derecha estadounidense, desde la retórica en torno a la definición de “vida” a las plataformas políticas que se resisten a la autoridad federal, arraigadas fuertemente en los agravios de la era de la Reconstrucción.

Diez años después de la decisión judicial histórica en Roe vs. Wade, el Senado de los Estados Unidos no aprobó una propuesta de enmienda constitucional para prohibir el aborto. En 1984, Americans United for Life convocó a una conferencia nacional para desarrollar una estrategia para revocar el fallo.

Durante las siguientes décadas, el movimiento generó docenas de organizaciones antiaborto y obtuvo una enorme influencia dentro de las legislaturas estatales bajo la dirección de grupos religiosos centrados en la “familia”, mientras que movilizaba a partidarios “provida” en escuelas, fuera de clínicas de aborto y en las calles de Washington DC.

Mientras tanto, la recién formada Sociedad Federalista apuntó a lo que creía era el “activimos judicial” de la Corte Suprema y comenzó una labor de décadas para reformar el poder judicial federal y los legisladores tras él, transformándose en una poderosa presencia en Washington con seis miembros o exmiembros de la Corte Suprema.

“La derecha cristiana y el movimiento antiaborto están obviamente conectados, pero el movimiento antiaborto es algo así como algo propio: es verdaderamente un movimiento de un solo tema en ciertos aspectos”, señaló Ziegler a The Independent. “El movimiento legal conservador, la Sociedad Federalista y una especie de “ala élite” del movimiento [es] distinta. Hay mucha superposición en el sentido de que los tres quieren que Roe sea anulado y han trabajado por ese objetivo por un tiempo, pero a veces tienen una relación complicada entre sí ... Como la mayoría de los movimientos sociales, es más complejo que eso”.

El presidente Trump, con un Senado controlado por los republicanos bajo Mitch McConnell y aportes de la Sociedad Federalista, nombró a 54 jueces federales de apelación en cuatro años, casi tantos como los que designó Barack Obama, pero en la mitad del tiempo. Con sus rápidos nombramientos, el expresidente “invirtió” el equlibrio de varias cortes de apelación a través de las cuales se revisan casos importantes antes de ser considerados ante la Corte Suprema.

Los nombramientos de Trump para la Corte Suprema (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett) son los más altos dentro de la administración de cualquier presidente desde Ronald Reagan, y los más altos para cualquier presidente de un solo mandato.

En 2019, el entonces líder de la mayoría en el Senado, McConnell, dijo que “la decisión más importante” en su carrera política fue bloquear los intentos de llenar una vacante en la Corte Suprema tras la muerte del juez Antonin Scalia durante la presidencia de Barack Obama.

El Senado negó las audiencias al candidato de Obama, Merrick Garland, ahora fiscal general de EE.UU., por un tiempo récord de 293 días, argumentando que las elecciones presidenciales de 2016 impedían hablar de un candidato. Y solo unas pocas semanas después de la toma de posesión de Trump en enero de 2017, esa vacante fue ocupada por su candidato, Neil Gorsuch.

McConnell abandonó la “regla” en lo que fueron los últimos días de la administración de Trump, cuando el Senado confirmó al juez Barret apenas 38 días antes del día de las elecciones.

A principios de este año, Ziegler escribió en The Atlantic que el Partido Republicano y la Sociedad Federalista “han creado una comunidad paralela con sus propias normas y fuentes de validación”, en la que los jueves de la Corte Suprema “pueden no preocuparse sobre perder legitimidad en un círculo legal de élite cuando van a ser héroes en otro”.

El viaje de Roe v Wade para llegar a la Corte Suprema no solo cumple con la “ambición de décadas de la derecha cristiana de derrocar a Roe, sino que les da una licencia muy explícita para promulgar el régimen más duro que puedan imaginar para defender lo que afirman son los valores bíblicos de una nación cristiana”, según dice Sarah Posner, autora de Unholy: Why White Evangelicals Worship at the Altar of Donald Trump.

“Crea un mundo posterior a Roe en el que las legislaturas estatales se sienten más empoderadas para intensificar sus ataques no solo contra los derechos reproductivos, sino también contra los derechos [LGBT+]”, dijo.

En 2018, la única clínica de aborto de Mississippi demandó al estado un día después de la aprobación de la Ley de Edad Gestacional que prohíbe el aborto a las 15 semanas de embarazo.

Un juez de distrito de EE.UU. dictaminó inicialmente en Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization que el estado “no tiene un interés estatal legítimo lo suficientemente fuerte, antes de la viabilidad, para justificar la prohibición de los abortos” antes de las 23 o 24 semanas de embarazo. Un fallo de la corte de apelaciones confirmó esa decisión, afirmando que los estados “no pueden prohibir los abortos”.

En la presentación inicial de Mississippi ante la Corte Suprema en 2020, el estado inicialmente propuso tres preguntas a la corte, ninguna de las cuales menciona a Roe. Un año después, el argumento del estado se redujo a una sola pregunta: “Si todas las prohibiciones de previabilidad sobre los abortos electivos son inconstitucionales”.

La fiscal general de Mississippi, Lynn Fitch, argumentó que “la conclusión de que el aborto es un derecho constitucional no tiene base en el texto, la estructura, la historia o la tradición”, una declaración que se replicó en los argumentos contra el aborto y en el fallo filtrado del juez Samuel Alito.

“Hoy en día, la adopción es accesible y, en gran escala, las mujeres logran tanto el éxito profesional como una vida familiar rica, los anticonceptivos están más disponibles y son más efectivos, y los avances científicos muestran que un niño por nacer ha tomado la forma humana y presenta características meses antes de la viabilidad”, afirmó Fitch en una presentación ante el tribunal. “Los estados deberían poder actuar sobre esos desarrollos. Pero Roe y Casey encadenan los estados a una visión de los hechos que tiene décadas de antigüedad”.

Una estrategia para defender la ley contra Roe y Casey comenzó años antes. La Conferencia Evangélicos por la Vida antiaborto en Washington DC en 2018, que contó con oradores del grupo legal conservador Alianza en Defensa de la Libertad (ADF), celebró una nueva estrategia legal dentro de las legislaturas estatales para revertir el fallo de Roe.

Días después, los legisladores republicanos en Mississippi presentaron una versión idéntica de la Ley de Edad Gestacional, redactada por ADF, para obligar a los grupos defensores del aborto a presentar un desafío legal que finalmente llegaría a la Corte Suprema.

El caso en el centro del fallo de 1992 en Planned Parenthood vs. Casey involucró la Ley de Control del Aborto de Pensilvania, que requería que las pacientes de aborto esperaran 24 horas desde su cita inicial, el consentimiento de los padres para menores que buscaban servicios de aborto y que las pacientes notificaran a sus cónyuges.

Planned Parenthood fue uno de los opositores a la ley que demandó al estado, argumentando que la ley redactó restricciones inconstitucionales contra aquellos protegidos por el estándar de Roe.

Antes de que el caso llegara a la Corte Suprema, el juez Alito, que en ese entonces era juez de la corte federal de apelaciones, argumentó que el requisito de notificación al cónyuge de la ley debería permanecer vigente, y escribió que “algunas mujeres casadas se inclinan inicialmente a abortar sin el conocimiento de sus esposos, debido a problemas percibidos, como limitaciones económicas, planes futuros o la oposición previamente expresada por el esposo, que pueden obviarse mediante una discusión previa al aborto”.

La Corte Suprema finalmente rechazó su argumento y se negó a usar el caso como un medio para anular a Roe, y los jueces Sandra Day O'Connor, Anthony Kennedy y David Souter escribieron que “toda una generación ha llegado a la edad libre para asumir el concepto de libertad de Roe para definir la capacidad de las mujeres de actuar en la sociedad y tomar decisiones reproductivas”.

El fallo estableció el “estándar de carga indebida” para las leyes que restringen el acceso al aborto, sosteniendo que los estados no pueden aprobar sus propias leyes que restrinjan el acceso al aborto, excepto si tales leyes crean “un obstáculo sustancial” para que un paciente acceda a la atención bajo la “retención esencial” establecida por Roe.

En 2005, Harriet Miers, nominada a la Corte Suprema por el entonces presidente George W. Bush tras el retiro del juez O'Connor, retiró su nominación.

En su lugar, Bush nominó a Samuel Alito.

Casi 20 años después, el juez Alito redactó el borrador del fallo de Dobbs para anular tanto a Roe como a Casey, en un fallo que se hace eco de varios puntos y argumentos legales antiguos entre figuras del movimiento antiaborto y grupos legales, según Ziegler.

El juez Alito señala lo que él llama “una tradición ininterrumpida de prohibir el aborto bajo pena de castigo penal que persistió desde los primeros días del derecho consuetudinario hasta 1973”, que los críticos han argumentado que es tanto un análisis ahistórico como uno que ignora las últimas cinco décadas de atención del aborto.

“Hay mucha historia controvertida sobre cuándo se consideró el aborto como un delito, cuáles fueron los motivos de las personas que criminalizaron el aborto en el siglo XIX; gran parte de eso proviene de la investigación realizada por académicos antiaborto”, explicó Ziegler a The Independent. “Y no quiere decir que algunos de esos académicos estén completamente equivocados. Es que no hay matices en la opinión. … ‘Las personas que criminalizan el aborto no tenían malos motivos, y el aborto [era] ilegal durante el embarazo en todas partes’, eso simplemente no es cierto”.

El fallo también establece que el derecho al aborto no está “arraigado en la historia y la tradición de la Nación” y no “se menciona” en la Constitución, por lo que es ilegítimo, aunque esa lista, que incluso el juez Alito reconoce, es extensa, incluido el derecho a obtener métodos anticonceptivos o casarse con una persona de otra raza o sexo.

“El fallo argumenta que Roe vs. Wade distorsionó otros aspectos de la jurisprudencia estadounidense, que no solo arruinó las reglas sobre el aborto, sino que arruinó la forma en que la ley trata muchos otros temas, incluso cuestiones de procedimiento ... lo que la gente del movimiento provida llamaría el argumento de la ‘distorsión del aborto’”, de acuerdo con Ziegler.

Su argumento sugiere que Roe ha inflamado las divisiones políticas, pintando a los defensores antiaborto como víctimas dentro de una antigua guerra cultural, que “ya no podrían tratar de persuadir a sus representantes electos para que adopten políticas consistentes con sus puntos de vista” a pesar del dominio republicano entre las legislaturas estatales.

La caracterización del juez Alito invoca la idea dentro del movimiento antiaborto de que “lo que está mal con la política estadounidense de alguna manera tiene que ver con Roe; todas esas son cosas en las que el movimiento provida ha estado trabajando al menos desde los años 90 y, en algunos casos, desde los años 70”, añadió Ziegler.

Los líderes del movimiento ahora deben luchar con visiones contrapuestas de lo que significa ser “provida” en una era sin Roe, ya que los legisladores republicanos, envalentonados por el posible fin de las protecciones constitucionales del aborto, buscan criminalizar a los pacientes mientras destruyen las redes de seguridad social, según Ziegler.

“¿Se refieren al DIU, las píldoras anticonceptivas? ¿Qué van a hacer con las personas que se autogestionan abortos? ¿Qué van a hacer con las personas que viajan fuera del estado?”, cuestionó Ziegler.

“Creo que eso puede ser malo para la imagen y el movimiento provida [si] se convierte cada vez más en el nuevo movimiento de encarcelamiento masivo”, planteó a The Independent. “Lo que está en juego en esa conversación es cada vez más grande, porque antes era algo académico, donde podías hacer que el gobernador tuviera una visión de lo que significa oponerse al aborto, y podías hacer que la legislatura tuviera otra visión, y nadie realmente obtenía nada, porque era desechado como inconstitucional. Pero ahora quienquiera que gane realmente puede implementar la política”.