Corte Suprema de Myanmar escucha alegatos finales en casos contra Suu Kyi

La Corte Suprema de Myanmar escuchó el miércoles los alegatos finales relativos a la apelación de la presidenta depuesta Aung San Suu Kyi contra sus condenas por fraude electoral y violación de la Ley de Secretos Oficiales, informó un funcionario judicial.

Suu Kyi, de 78 años, fue arrestada tras el golpe de Estado militar de febrero de 2021. Se la acusó de una serie de crímenes y condenó a 33 años de prisión. La mayoría de los cargos fueron presentados por el gobierno militar.

Los partidarios de Suu Kyi y expertos en derecho dicen que se trata de legitimar la toma del poder por los militares, y a la vez desacreditarla e impedir su regreso a la actividad política.

La audiencia del miércoles estuvo cerrada a la prensa y el público. Órdenes mordaza impuestas a fines de 2021 impiden a sus abogados dar información. Ni Suu Kyi ni los demás acusados asistieron a la audiencia.

El funcionario, que está al tanto de los casos judiciales de Suu Kyi y habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a dar información, dijo que la Corte Suprema daría sus fallos en los próximos dos meses.

Dijo que los abogados de Suu Kyi presentaron sus alegatos finales en dos casos, en tanto los fiscales argumentaron contra su liberación.

El funcionario dijo que los abogados apelaron también en nombre del expresidente Win Myint y el exministro Min Thu, condenados junto con Suu Kyi en el caso de fraude electoral. Los tres fueron condenados a tres años de prisión en setiembre.

Suu Kyi, el economista australiano Sean Turnell y tres ministros fueron condenados en setiembre a tres años de prisión por violar la Ley de Secretos Oficiales.

Turnell, que fue asesor de Suu Kyi, y dos miembros del gabinete fueron amnistiados. Set Aung, exviceministro de Planeación, Hacienda e Industria, quedó en libertad después de cumplir su condena.

La corte convocó a una audiencia el 18 de julio para decidir si acepta apelaciones en casos en los que Suu Kyi fue condenada por sedición, importación y posesión ilegal de walkie-talkies y violación de la cuarentena del coronavirus, dijo el funcionario. Las apelaciones de otros siete casos de corrupción están en proceso.