India rechaza clasificar actos sexuales no consensuados en el matrimonio como violación

El Gobierno indio se opuso a los llamamientos para calificar de “violación” los actos sexuales no consentidos cometidos por un marido contra su esposa, alegando que hacerlo podría repercutir en las relaciones conyugales y perturbar la institución del matrimonio.

En un documento presentado en el Tribunal Supremo del país, el Ministerio del Interior de la India afirmó que, aunque un esposo no tiene derecho a violar el consentimiento de su esposa, calificar tal acto de “violación” sería “excesivamente duro y, por tanto, desproporcionado”.

Es la primera vez que el gobierno federal del primer ministro Narendra Modi se opone oficialmente a las peticiones de eliminar la excepción legal que existe en India con respecto a la violación conyugal.

El documento se entregó en respuesta a una serie de peticiones presentadas ante el Tribunal Supremo, que buscan anular una excepción en el código penal del país que establece que un acto sexual no consensuado entre un hombre y su propia esposa, siempre que esta no sea menor de 18 años, no puede ser considerado violación.

En una declaración jurada de 40 páginas, el gobierno federal afirmó que “un marido ciertamente no tiene ningún derecho fundamental a violar el consentimiento de su esposa”, pero subrayó que calificar tal transgresión de violación podría considerarse excesivamente severo. En el documento se instó a adoptar un enfoque equilibrado y tener en cuenta los derechos básicos que existen en el contexto del matrimonio.

“El gobierno central insiste en que [el requisito del] consentimiento de la mujer no queda anulado por el matrimonio, y su quebrantamiento debe acarrear consecuencias penales”, se expresó en la declaración. Y se añadió: “Sin embargo, las consecuencias de tales transgresiones dentro del matrimonio difieren de las que se producen fuera de él”.

Esta declaración surge después de que el gobierno indicara, en 2022, durante una audiencia en el Tribunal Supremo de Delhi, que el asunto requería más discusión y que se estaba llevando a cabo una revisión de las leyes penales.

En aquel momento, el fiscal general, Tushar Mehta, afirmó que el gobierno no deseaba adoptar una postura definitiva y prefería debatir el asunto antes de seguir adelante. Esto provocó una aguda respuesta del Tribunal Supremo, que emitió un veredicto dividido; en dicho veredicto se señaló que los argumentos presentados habrían estado “mejor elaborados” si Mehta hubiera asistido al tribunal.

En el exhaustivo documento publicado por el Ministerio del Interior, se reconoció que la violación marital debía considerarse ilegal y estar sujeta a consecuencias penales.

Sin embargo, también se admitió que cada una de las partes de un matrimonio tiene derecho a la intimidad y a la dignidad, y añadió que una acusación de violación “acarrearía necesariamente consecuencias” que no reflejan la matizada realidad de la relación matrimonial, según informó el periódico Hindustan Times.

En el documento gubernamental también se argumentó que calificar la violación conyugal de violación podría perturbar las relaciones maritales y la institución del matrimonio.

De acuerdo a la declaración jurada, existe una expectativa razonable de acceso sexual entre cónyuges, pero esto no justifica la coacción. Sin embargo, se agregó que “estas obligaciones, expectativas y consideraciones (...) están completamente ausentes cuando un extraño comete la violación”, por lo que la legislación debía “distinguir de forma cualitativa entre un incidente de sexo no consentido dentro de la esfera marital y fuera de ella”.

Asimismo, se expresó que el gobierno había optado por mantener esta excepción legal sobre la violación marital a pesar de las recomendaciones de otro comité gubernamental, lo que permitiría “tomar en cuenta la sutileza y complejidad del consentimiento dentro del matrimonio”.

En la declaración jurada también se citan factores socioeconómicos y culturales entre los motivos de la decisión, afirmando que los tribunales deben tener en cuenta la diversidad social. También se advierte sobre un posible uso indebido de las leyes sobre violación marital.

Asimismo, se hizo un llamado a reconocer los límites del ámbito judicial, ya que el asunto a considerar en estas peticiones era una “cuestión social más que una cuestión jurídica”, por lo que se afirmó que la respuesta a dichas solicitudes “no [podía] decidirse sin consultar adecuadamente a todas las partes interesadas, o sin tener en cuenta las opiniones de todos los estados”.