Autoridades bielorrusas condicionan liberación de presos políticos, denuncian activistas
Activistas de derechos humanos acusaron el lunes a las autoridades bielorrusas de establecer condiciones inaceptables para la liberación de presos políticos, incluyendo la redacción de declaraciones públicas en que los detenidos admiten su culpabilidad y su arrepentimiento.
La acusación se presenta pocos días después que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko prometiera liberar a reos que se encuentran gravemente enfermos y a quienes fueron arrestados durante las protestas masivas de 2020 contra su gobierno.
El número de personas liberadas hasta el momento asciende al menos a 18, según los activistas, entre ellos el líder del partido de oposición, Ryhor Kastusiou, que padece un grave cáncer. Estados Unidos y la Unión Europea aplaudieron la liberación de algunos presos políticos, pero hicieron un llamado a Bielorrusia a que libere a todas las personas que fueron encarceladas durante las protestas de 2020.
Algunos fueron liberados gracias a una amnistía, mientras que otros fueron indultados. Quienes fueron indultados tuvieron que admitir públicamente su culpa. Algunos presos políticos se han negado a escribir esa carta y mantienen su inocencia, afirmó el centro de derechos humanos Viasna.
Actualmente hay 1.420 presos políticos tras las rejas en Bielorrusia, entre ellos el premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski. De esos presos, más de 200 se encuentran enfermos de gravedad y requieren atención médica, detalló Viasna.
Pavel Sapelka, de Viasna, dijo que “docenas, no cientos” de presos políticos fueron liberados tras el anuncio de Lukashenko el 3 de julio y sugirió que las autoridades ya han llenado las celdas con nuevos presos políticos.
Lukashenko ha reprimido a la oposición y a los medios noticiosos independientes desde que asumió el poder en 1994. Los polémicos resultados de las elecciones presidenciales de 2020 le permitieron obtener un sexto mandato y desataron las más grandes y prolongadas protestas en la historia del país.
Las autoridades respondieron con dureza y arrestaron a alrededor de 35.000 personas; muchas figuras destacadas de la oposición fueron encarceladas y otras huyeron del país.