EEUU advierte de graves problemas en la frontera sur si juez retira restricciones al asilo

El gobierno de Estados Unidos pidió el martes a un tribunal de apelaciones que permita que las nuevas y radicales restricciones al asilo permanezcan vigentes, y advirtió que su retiro sería “altamente problemático” en la frontera.

El gobierno ha solicitado a un panel de jueces en Pasadena, California — dos de los cuales fueron designados al cargo por el presidente Bill Clinton y uno por el presidente Donald Trump — que se revierta un fallo emitido en julio que buscaba bloquear las nuevas restricciones al asilo, las cuales hacen que sea mucho más difícil obtener el asilo si un migrante no presentó primero una solicitud por internet o si viajó por otro país, como México, y no solicitó protección allí. Las medidas se han mantenido en vigor durante el proceso de apelación.

Aunque los jueces no emitieron un fallo de inmediato ni dieron algún indicio de hacia dónde se inclinaban, los argumentos se produjeron mientras los senadores republicanos buscan establecer cambios de gran alcance en cuanto a la elegibilidad de asilo como parte de un paquete en el que el presidente Joe Biden busca que se otorgue ayuda militar para Ucrania e Israel.

Los tribunales bloquearon medidas similares durante la presidencia de Trump, pero el gobierno de Biden señaló que su enfoque es distinto porque está acompañado de nuevas vías jurídicas para ingresar al país y crea excepciones. Sin embargo, los activistas representados por la Unión Americana de Libertades Civiles, el Centro de Estudios de Género y Refugiados y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes argumentan que se trata de políticas recicladas de la era Trump que violan la ley federal, la cual permite a las personas solicitar asilo sin importar cómo y o por donde lleguen.

Una aplicación móvil que se lanzó en enero les permite a los solicitantes de asilo hacer 1.450 citas al día en cruces fronterizos oficiales con México, mientras que el gobierno federal ha permitido que hasta 30.000 personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela pidan asilo al mes, siempre que presenten su solicitud por internet, cuenten con un patrocinador financiero y lleguen al país por vía aérea.

Esas nuevas vías representan “una diferencia muy significativa” respecto a las políticas de Trump, comentó Brian Boynton, abogado del Departamento de Justicia. Boynton también señaló que el 12% de los 57.700 solicitantes de asilo que estaban sujetos a la nueva regla hasta septiembre la evitaron demostrando “circunstancias excepcionalmente apremiantes”, como una“emergencia médica grave”, “amenaza inminente y extrema para la vida o la seguridad” o ser víctima de tráfico de personas.

El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Spencer Amdur, dijo que las excepciones eran “mínimas” y que la “abrumadora mayoría” de los solicitantes de asilo tuvieron que ingresar por un puerto oficial de entrada.

"Lo único que no pueden hacer es implementar prohibiciones sustanciales de asilo”, dijo Amdur. “Esa no es una opción disponible para ellos”.

Los cruces ilegales desde México disminuyeron desde sus máximos históricos diarios a principios de mayo, después de que entraron en vigor las nuevas restricciones, pero aunque las detenciones no han vuelto a los 10.000 cruces diarios, la calma duró poco. La cifra de detenciones durante diciembre estuvo a punto de alcanzar el máximo histórico mensual registrado en diciembre de 2022 y rebasaron los 2 millones por segundo año consecutivo durante el ejercicio presupuestario del gobierno que terminó el 30 de septiembre.

Blas Nuñez-Neto, subsecretario para política fronteriza y migratoria del Departamento de Seguridad Nacional, dijo la semana pasada durante la presentación de otro caso, que las restricciones al asilo eran fundamentales. Las cifras muestran que los índices de aprobación en las revisiones iniciales de asilo cayeron bruscamente después de que se implementaron las nuevas restricciones.

Boynton pidió a los jueces que mantengan en vigor las medidas incluso si fallan en contra del gobierno, insinuando que están preparados para llevar el caso a la Corte Suprema en caso de perder la apelación.