Exrecluso: Presos políticos bielorrusos enfrentan abusos, falta de atención médica y aislamiento

Durante sus tres años en una colonia penitenciaria bielorrusa, el activista de derechos humanos Leanid Sudalenka asegura que él y otros presos políticos fueron privados regularmente de visitas familiares, llamadas telefónicas y paquetes. Casi muere cuando el COVID-19 arrasó las instalaciones. Y se vio obligado a pasar los últimos nueve días de su condena en una celda de castigo húmeda, durmiendo en el suelo de cemento con un rollo de papel higiénico como almohada.

Tuvo que usar una etiqueta amarilla en su uniforme, al igual que los 1.473 presos políticos detenidos en Bielorrusia, para que sean fácilmente identificables por los guardias, quienes, afirma, los intimidaban, abusaban y humillaban de manera rutinaria.

“Las autoridades bielorrusas crean deliberadamente terribles condiciones de detención para los presos políticos, que se consideran tortura”, dijo Sudalenka en una entrevista con The Associated Press después de cumplir su condena tras las rejas y huir a la vecina Lituania.

Bielorrusia ha tomado medidas enérgicas contra los opositores del presidente autoritario Alexander Lukashenko desde las elecciones de agosto de 2020 que le dieron un sexto mandato en una votación que fue ampliamente considerada fraudulenta.

Las protestas recorrieron el país durante meses y sacaron a las calles a cientos de miles de personas. Más de 35.000 personas fueron arrestadas, miles fueron golpeadas bajo custodia policial y cientos de medios de comunicación independientes y organizaciones no gubernamentales fueron clausurados y prohibidos.

Aunque la mayoría de los manifestantes pasaron unos días o semanas encarcelados, aquellos como Sudalenka, de 58 años y activista político durante dos décadas, fueron acusados ​​de cargos más graves que los llevaron a prisión durante años. El mes pasado, se enteró que las autoridades habían abierto un nuevo caso en su contra, aunque ahora se encuentra a salvo en el extranjero, tras haber huido de Bielorrusia el verano pasado.

Todavía encarcelado está Ales Bialiatski, galardonado con el premio Nobel de la Paz de 2022 y quien fundó Viasna, el grupo de derechos humanos más antiguo y destacado de Bielorrusia. Cumple una condena de 10 años de prisión y permanece recluido “en completo aislamiento”, sin acceso a médicos, dijo su esposa, Natalia Pinchuk, en una entrevista con la AP.

Algunos prisioneros no han sobrevivido al encarcelamiento, dijo, señalando que el artista Ales Pushkin murió en julio de una úlcera perforada tras no recibir atención médica, y Vitold Ashurak, cuyo cadáver fue entregado a sus familiares en 2021, todavía llevaba una venda en la cabeza.

Algunos han desaparecido en el sistema penitenciario después de su arresto. No se ha sabido nada sobre el destino de Viktar Babaryka, quien intentó enfrentar a Lukashenko en las elecciones y, según informes, fue golpeado al tiempo que cumplía una sentencia de 14 años. No se ha sabido nada de otro líder de la oposición, Mikola Statkevich, desde hace casi un año.

“El mundo necesita saber esto y responder a ello”, dijo Pinchuk. “La gente desaparece en las colonias y prisiones bielorrusas, y los familiares de muchos presos políticos no saben nada de ellos durante cientos de días”.

Ha llevado el caso de su marido ante funcionarios de derechos humanos de la ONU.

Funcionarios del departamento penitenciario del Ministerio del Interior de Bielorrusia dijeron a la AP el miércoles que no tenían comentarios sobre las acusaciones.

Sudalenka fue detenido por primera vez en la ciudad sureña de Homel en enero de 2021 y acusado de “organizar y financiar acciones que violan gravemente el orden público”, una acusación común.

Las pruebas en su contra incluyeron una publicación en Facebook en que recolectaba dinero para comprar leña para la familia de alguien acusado de “disturbios masivos” en las protestas. El tribunal también dijo que una vez impartió un taller sobre seguridad digital para activistas de derechos humanos y que había ayudado a pagar multas y honorarios legales a otros acusados.

Un registro policial en su oficina y apartamento arrojó más de 350 expedientes sobre manifestantes a quienes ayudó a preparar las apelaciones de sus casos.

Lo enviaron a la colonia penal Vitba-3, cerca de la ciudad nororiental de Vitebsk, y le cosieron en su uniforme la distintiva etiqueta amarilla que lo señalaba como un preso político “propenso al extremismo”, que, según dijo, los señalaba para sufrir abusos. Las etiquetas, dijo, “recordaban demasiado claramente” a las que los judíos eran obligados a usar en la Alemania nazi.

“Todos los presos políticos con etiquetas amarillas están sujetos a problemas y humillaciones adicionales cada día”, dijo Sudalenka. “Los métodos de intimidación pueden variar desde celdas de castigo y aislamiento total de información, hasta negarle reunirse con un abogado y negarle atención médica y medicamentos”.

Alrededor de un tercio de los 1.000 reclusos de Vitba-3 son prisioneros políticos, dijo, y señaló que su número “aumentó notablemente después del inicio de la guerra en Ucrania”, cuando se intensificaron los arrestos contra los bielorrusos que se oponían a la invasión rusa.

Cuando comenzó la guerra en febrero de 2022, hubo un brote de COVID-19 en la colonia penal, y Sudalenka dijo que se enfermó, tuvo fiebre de 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit), perdió el sentido del olfato y tuvo dificultades para respirar. Sus súplicas de ser atendido por un médico fueron ignoradas y los guardias le dieron una pastilla no identificada todos los días.

“Estuve delirando durante 20 días, entre la vida y la muerte, y milagrosamente seguí con vida, ya que el médico nunca me examinó”, dijo.

Sudalenka presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que fue registrada en octubre y luego remitida a las autoridades bielorrusas, que aún no han respondido. Dijo que el nuevo caso penal iniciado contra él en noviembre por cargos de extremismo era “una forma de respuesta”.

El lunes, las autoridades allanaron su casa cerca de Homel y confiscaron sus tierras.

Este mes, las autoridades estadounidenses exigieron que Bielorrusia liberara a todos los presos políticos o, de lo contrario, se endurecerán las sanciones impuestas a Minsk. El 5 de diciembre se anunciaron nuevas sanciones estadounidenses contra 19 personas físicas y jurídicas bielorrusas que apoyan a Lukashenko.

La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya, cuyo esposo cumple una pena de prisión de 19 años y medio, se reunió este mes con funcionarios y legisladores del Departamento de Estado, y con un representante bielorruso-estadounidense. Se formó un grupo de trabajo sobre presos políticos.

“Estamos dispuestos a hablar sobre cambiar nuestras políticas, aliviar las sanciones y mejorar nuestras relaciones una vez que el régimen libere a todos sus presos políticos, detenga su represión contra el pueblo bielorruso y ponga fin a su complicidad en la guerra de Rusia contra Ucrania”, dijo el portavoz del Departamento de Estado. Matthew Miller.

Lukashenko se niega a hablar sobre presos políticos con Occidente.