Impugnan suspensión de Trump a programa de permisos de permanencia temporal humanitaria

Un grupo de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes demandó al gobierno del presidente Donald Trump por eliminar una herramienta legal de larga data que los presidentes han utilizado para permitir que personas de países donde hay guerra o inestabilidad política ingresen y vivan temporalmente en Estados Unidos.

La demanda, presentada la noche del viernes, busca restablecer los programas de permisos de permanencia temporal humanitaria que permitieron la entrada de 875,000 migrantes de Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, patrocinados por residentes legales en Estados Unidos.

Trump ha eliminado varias vías legales para que los inmigrantes lleguen a Estados Unidos y ha impulsado sus promesas de campaña de deportar a millones de personas que se encuentran en el país sin autorización.

Entre los demandantes están ocho inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos antes de que el gobierno de Trump pusiera fin a lo que calificó como el “abuso generalizado” de los permisos de permanencia temporal humanitaria. Pueden permanecer legalmente en Estados Unidos hasta que expire su permiso, pero el gobierno detuvo el procesamiento de sus solicitudes de asilo, visas y otras peticiones que podrían permitirles quedarse más tiempo.

Ninguno de ellos proporcionó su nombre real porque temen ser deportados. Entre ellos se encuentran Maksym y Maria Doe, una pareja ucraniana, Alejandro Doe, que huyó de Nicaragua tras el secuestro y tortura de su padre, y Omar Doe, que trabajó durante más de 18 años con el ejército estadounidense en su país natal, Afganistán.

“No hicieron nada ilegal. Siguieron las reglas”, declaró a The Associated Press Kyle Varner, médico e inversionista inmobiliario de 40 años de Spokane, Washington, que patrocinó a 79 venezolanos y es parte de la demanda. “No han hecho más que trabajar tan duro como pueden... Esto es simplemente una grave injusticia.”

Casi todos los inmigrantes patrocinados por Varner han vivido en su casa durante algún tiempo. Él pagó sus boletos de avión. Les ayudó a aprender inglés y a obtener licencias de conducir y empleos. Tenía 32 solicitudes que estaban a la espera de aprobación cuando el gobierno de Trump canceló el programa en enero.

Otros demandantes son Sandra McAnany y Wilhen Pierre Victor, dos ciudadanos estadounidenses que han patrocinado inmigrantes, y la Haitian Bridge Alliance, una organización con sede en California que proporciona asesoría legal a inmigrantes.

“El gobierno de Trump trata de atacar los permisos de permanencia temporal humanitaria desde todos los ángulos”, dijo Esther Sung, abogada del Justice Action Center, que presentó la demanda junto con Human Rights First en un tribunal federal de Massachusetts y proporcionó una copia con antelación a la AP. “El objetivo principal, sobre todo, es defender los permisos de permanencia temporal humanitaria. Estos han sido procesos muy, muy exitosos.”

Hasta el momento, los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos no han respondido a las solicitudes de comentarios.

La autoridad para otorgar permisos de permanencia temporal humanitaria comenzó en 1952 y ha sido utilizada por presidentes republicanos y demócratas para admitir a personas que no pueden utilizar las rutas de inmigración estándar por presiones de tiempo o porque el gobierno de su país de origen no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Con tales permisos, los inmigrantes llegaron “por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo.” Se les permite trabajar mientras buscan otra forma legal de permanecer en el país.

Trump ordenó el fin de los “programas categóricos de permisos de permanencia temporal humanitaria” el día que regresó a la presidencia.

Joe Biden utilizó la autoridad para otorgar tales permisos más que cualquier otro presidente estadounidense, incluso para personas que llegaron utilizando la aplicación CBP One del gobierno. Pero la demanda cubre solo ciertos programas de permisos.

McAnany, una viuda de 57 años de Wisconsin que diseña y enseña cursos de adquisiciones y habilidades interpersonales, patrocinó a 17 personas de Venezuela y Nicaragua. Aún tiene cuatro solicitudes pendientes de aprobación.

McAnany les ayudó a adaptarse a su nuevo país y a encontrar hogares y escuelas. Todos trabajan ahora más de 40 horas a la semana, pagan impuestos y cubren sus gastos de salud, dijo.

“Me importa mucho cada una de las personas que patrocino”, dijo McAnany. “No puedo simplemente alejarme y rendirme”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.