La Fiscalía de Guatemala allana por segunda vez la sede del tribunal electoral

La fiscalía de Guatemala allanó el jueves por segunda vez la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tiene emitida una orden de captura contra una responsable del Registro de Ciudadanos, en una nueva maniobra judicial dentro del proceso penal que se sigue contra uno de los partidos que pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Tras finalizar el allanamiento, el tribunal electoral dijo en un comunicado que las acciones contra la institución y contra su personal provocan un ambiente adverso a la legalidad. “Demandamos respeto al Tribunal Supremo Electoral y garantizar los principios fundamentales del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa”, recogía el texto.

La víspera, el ente rector electoral se negó, siguiendo una orden constitucional, a cancelar la personalidad jurídica del movimiento Semilla, que impulsa al candidato de izquierda Bernardo Arévalo. Éste se disputará la presidencia el 20 de agosto frente a la aspirante de derechas Sandra Torres, de donde saldrá el reemplazo del presidente Alejandro Giammattei. El allanamiento de la Fiscalía, según confirmó el TSE, buscaba evidencias y registros de personal de la entidad electoral, después de que ya hiciera una pesquisa similar la semana pasada. Un juez había ordenado suspender a Semilla por supuestamente haberse constituido como partido político con firmas falsas.

David de León, vocero del tribunal electoral, confirmó a The Associated Press el allanamiento del jueves y dijo que se realizó en la sede de Recursos Humanos de la institución. La orden de aprehensión, precisó, es contra la abogada Eleonora Castillo, subregistradora del Registro de Ciudadanos, a cargo del despacho.

El juez Fredy Orellana dispuso la detención de la funcionaria que quedó encargada del Registro de Ciudadanos, después de que el Registrador Ramiro Muñoz, que tiene inmunidad por su posición, solicitara días de vacaciones al tribunal electoral y saliera del país.

Primero Muñoz y luego Castillo recibieron el requerimiento judicial de suspender la personería jurídica de Semilla, por iniciativa de la fiscalía, pero no ejecutaron la orden ya que la Corte de Constitucional concedió un amparo al movimiento para interrumpir la intervención mientras concluye el proceso electoral en el país. Pero el juez Orellana insistió en que se cancele al partido político.

Después de que el Registro informara al juez Orellana que no podía ejecutar su orden de cancelar la personería de Semilla por el fallo de la CC -el tribunal de mayor jerarquía en Guatemala-, el juez ordenó a la fiscalía investigar al Registrador Ramiro Muñoz. Cuando Eleonora Castillo asumió el encargo en el Registro de Ciudadanos, el juez le volvió a requerir el por qué no se cancelaba la personería de jurídica. Ésta le respondió con la misma negativa dado el fallo constitucional y Orellana ordenó su captura.

Las decisiones del magistrado y las de los fiscales del Ministerio Público han cosechado el rechazo popular a nivel nacional e internacional y han sido cuestionadas sobre los motivos de fondo para investigar a toda costa al partido Semilla.

El jueves, la Misión de Observación de la Unión Europea condenó “enérgicamente el acoso y hostigamiento que viene sufriendo el Tribunal Supremo Electoral y el Movimiento Semilla por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad”, dijo en un comunicado de prensa.

El partido Semilla también informó que el juez Orellana había ordenado la detención de una de sus militantes por la investigación que realiza sobre las presuntas firmas falsas recogidas entre 2017 y 2018 con las que se conformó como partido. Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, aceleró la investigación solo días después de que se supo que Semilla había logrado el segundo lugar y pasaba al balotaje. El movimiento pudo inscribirse para la carrera electoral sin contratiempos.

El primer allanamiento se realizó el jueves pasado cuando la fiscalía interrumpió la sede electoral con hombres cubiertos con gorras pasamontañas y armados en busca de la documentación original que acreditó la inscripción del partido, incautando la misma.

La víspera, el gobierno de Estados Unidos sancionó a Orellana señalándolo de socavar procesos o instituciones democráticas en Guatemala al autorizar acusaciones penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión. Le retiró la visa de entrada a territorio estadounidense.

Las sanciones de Estados Unidos también alcanzan a los fiscales Cinthia Monterroso, Curruchiche y a la fiscal general, Consuelo Porras, por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia del país.

La tarde del jueves un grupo de personas manifiestan frente a la sede del Ministerio Público pidiendo la renuncia de los fiscales Porras, Curruchiche y Monterroso, así como el juez Orellana.