La policía sigue desalojando a activistas de aldea alemana
La policía sigue adelante con el desalojo de una aldea condenada en el oeste de Alemania, donde los activistas han prometido quedarse para evitar que sea demolida en la ampliación de una mina de carbón
La policía siguió adelante el jueves con el desalojo de una aldea condenada en el oeste de Alemania, donde los activistas han prometido quedarse para evitar que sea demolida en la ampliación de una mina de carbón.
Las autoridades reanudaron la tarea tras trabajar durante la noche para bajar a varios activistas del tejado de un almacén agrícola abandonado en Luetzerath y sacar a otro de los restos de un auto.
Más de 200 ecologistas han abandonado ya el lugar de forma voluntaria, indicó a la televisora ZDF el jefe de policía de Aachen Dirk Weinspach, cuya fuerza está al mando de la operación. El desalojo de los almacenes debería terminar el jueves y después la policía se centrará en varias cabañas en árboles construidas por los manifestantes y en las casas que quedan en la población, añadió.
“Esto irá paso a paso y con gran calma y prudencia”, dijo Weinspach.
La operación para expulsar a los activistas climáticos atrincherados en Luetzerath comenzó el jueves por la mañana, cuando se arrojaron algunas piedras, petardos y otros objetos a los agentes que se aproximaban, aunque sin incidentes violentos graves. La mayoría de la protesta fue pacífica.
Luetzerath se ha convertido en el centro de un debate sobre los esfuerzos climáticos en Alemania.
Los ambientalistas sostienen que demoler la localidad para ampliar la cercana mina de Garzweiler provocaría enormes emisiones de gases de efecto invernadero. El gobierno y la empresa eléctrica RWE sostienen que el carbón es necesario para garantizar al seguridad energética del país.
Algunos manifestantes denunciaron un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y otros dijeron que la escala del despliegue policial, con agentes traídos de todo el país y cañones de agua en reserva, era una escalada no justificada por la protesta pacífica.
Los gobiernos regional y nacional, que en ambos casos incluyen al Partido Verde, alcanzaron un acuerdo con RWE el año pasado para permitir la destrucción del poblado abandonado a cambio de poner fin al empleo de carbón para 2030 en lugar de 2038.