La UE creía que tenía un plan migratorio. Pero al inicio de su cumbre, algunos piden ir más allá
Los líderes de la Unión Europea aprovechaban su cumbre el jueves para buscar formas de hacer del bloque un destino más hostil para migrantes y solicitantes de asilo tras un reciente incremento del apoyo a la extrema derecha, que ha fomentado la oposición a los extranjeros,
Al inicio de la cumbre en Bruselas, líderes del grupo de 27 países intentaban acelerar iniciativas para sacar del bloque a los migrantes no deseados y procesar solicitudes de asilo muy lejos de sus fronteras.
“Vemos que hay un ambiente diferente en Europa”, dijo el primer ministro holandés, Dick Schoof, que lidera un gobierno dominado por el partido del combativo líder de ultraderecha Geert Wilders.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo que hasta ahora, plantear esos temas era “un poco como gritar en un estadio vacío”. Ahora, añadió, “hay muchos países que trabajan juntos en esto".
“Un gran número de europeos está cansado de ayudar a la gente de fuera que comete crímenes. Algunos están radicalizados”, dijo. “No puede seguir así. Por lo tanto, hay un límite a cuánta gente podemos ayudar”.
El tono del debate está muy alejado del de 2015, hace menos de una década, cuando la UE enfrentó una crisis migratoria. Más de un millón de migrantes y refugiados buscaron ayuda entonces, principalmente de Oriente Medio y Afganistán. “Podemos gestionarlo”, dijo la canciller de Alemania, Angela Merkel, que era la líder más influyente de la UE en esa época, en una frase que se hizo célebre.
Ahora, los líderes de la UE quieren gestionar y sellar sus fronteras de forma aún más estricta, adoptando iniciativas que habrían parecido inaceptables hace apenas unos pocos años.
En las últimas semanas, Polonia ha dicho que quiere suspender temporalmente el derecho al asilo. Italia ha abierto dos centros en Albania para procesar migrantes fuera de sus fronteras, y Alemania ha reinstaurado los controles fronterizos, todas medidas que van en un mismo sentido.
El plan dicta la normas para que los 27 estados miembros gestionen a las personas que intentan entrar sin autorización, lo que incluye desde cómo filtrar las solicitudes a cómo determinar si cumplen los requisitos para conseguir protección o cómo deportarles si no se les permite quedarse. También establece un mecanismo para compartir la carga, y que ha sido rechazado por Hungría y Polonia.
Pero tras el auge de la extrema derecha en las elecciones parlamentarias de la UE en junio y en otras votaciones en Alemania y Austria desde entonces, la inmigración sigue siendo un tema candente para los gobernantes.
En 2023 llegaron a Europa 3,5 millones de personas de forma legal, pero otro millón de personas estaba en territorio europeo sin autorización.
Los partidos populistas y de derecha dura han tenido éxito reclamando medidas migratorias más duras, y tras sus victorias en elecciones regionales alemanas, el canciller del país, Olaf Scholz, siente la presión.
El canciller describió el nuevo sistema de asilo de la UE como “un gran progreso” y presionó para que “se introduzca antes en todas partes en Europa”.
Scholz dijo que las medidas de países concretos, como los controles de frontera en Alemania, han producido “una reducción significativa de la inmigración irregular”.
Insistió en que “no todo el mundo puede venir” y añadió que “la reducción de la inmigración irregular es la precondición para la apertura que necesitamos”.
La presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, subrayó la situación con una carta inusualmente detallada a los líderes antes de la cumbre en la que insistía en que “no hay margen para el exceso de confianza”, y pedía que algunas partes del plan de 2026 se aplicaran mucho antes.
“Si miramos a los acontecimientos, incluso en el último verano, sabemos que debemos seguir siendo ambiciosos, lo que incluye nuestros plazos”, indicó la carta.
Esa ambición también incluye emprender proyectos “innovadores”, como la externalización italiana de las solicitudes de asilo a Albania. “También podremos aprender de esta experiencia en la práctica”, escribió Von der Leyen.
Un barco de la Armada italiana atracó el miércoles en el puerto albano de Shengjin para llevar el primer grupo de 16 migrantes interceptados en aguas internacionales para procesarlos allí.
Según un acuerdo de cinco años firmado el pasado noviembre por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homólogo albanés, Edi Rama, hasta 3.000 migrantes interceptados por guardacostas italianos en aguas internacionales cada mes serán alojados en Albania. Pasarán un primer filtro en los barcos que los rescatan antes de ser enviados a Albania mientras se tramita su caso.
El gobierno holandés de Schoof valora externalizar el proceso a Uganda. “Estas son soluciones innovadoras que en principio deberían interesar a nuestros colegas aquí”, dijo.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, también presentará su plan para suspender el derecho a que los migrantes pidan asilo, uno de los derechos fundamentales establecidos en Europa después de la II Guerra Mundial.
Polonia ha acusado a Bielorrusia y Rusia de organizar el traslado masivo de migrantes de Oriente Medio y África a la frontera oriental de la UE para desestabilizar Occidente. Tusk dice que forma parte de una guerra híbrida mientras Moscú continúa con su invasión de plena escala en Ucrania, iniciada hace casi tres años.
Aunque Tusk fue criticado por varias organizaciones de derechos humanos, otros han mostrado comprensión con la situación de Polonia.
Hace años que las naciones de la UE están profundamente divididas sobre cómo lidiar con las llegadas irregulares de migrantes al bloque y cómo compartir el esfuerzo que supone manejarlas, lo que hace improbable que la cumbre del jueves produzca cualquier acción decisiva.
La posición de España, que recibe decenas de miles de migrantes africanos que llegan a las Islas Canarias, refleja el alcance de las divisiones internas de la UE.
Aunque España acepta acelerar la introducción del plan de 2026, se opone a algunas de las medidas que se están probando en otros lugares.
Los críticos ya han denunciado que el plan acordado por la UE permitirá a los países detener migrantes en las fronteras y tomar huellas dactilares de los niños. Afirman que el objetivo del plan es mantener a la gente fuera e infringe el derecho a pedir asilo.