La UE lleva a Hungría a los tribunales por ley contra influencia extranjera
La Unión Europea anunció el jueves que llevará al gobierno derechista de Hungría ante los tribunales por leyes que podrían permitir que las autoridades investiguen y sometan a proceso a personas acusadas de socavar la soberanía del país.
La “ley de protección a la soberanía” entró en vigor en diciembre. Creó una autoridad gubernamental con el poder de obtener información sobre cualesquier grupos o personas que se beneficien de financiación extranjera e influyan en el debate público. Los servicios secretos de Hungría pueden colaborar en las investigaciones de la autoridad.
El gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sostiene que la ley está diseñada para evitar que partidos políticos reciban financiación del extranjero para sus campañas.
Sin embargo, sus opositores la han comparado con la ley de “agentes extranjeros” de Rusia, que considera que cualquiera que reciba apoyo financiero del extranjero, incluidos periodistas y grupos defensores de derechos, es un agente de otro país.
Piensan que el lenguaje amplio de la ley húngara puede usarse para atacar arbitrariamente a los críticos del gobierno, como organizaciones no gubernamentales y periodistas. Cualquier persona condenada por una infracción a esta ley puede enfrentar períodos de prisión de hasta tres años.
La Comisión Europea, que es la rama ejecutiva del bloque, señaló que llevaría a Hungría ante la Corte de Justicia porque no había abordado las preocupaciones sobre probables violaciones a los derechos fundamentales de la Unión, entre ellos, el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión y asociación.
En junio, la autoridad encargada de la defensa contra la influencia extranjera puso en marcha una investigación contra la rama húngara de la organización anticorrupción Transparencia Internacional. Los medios también han sido objeto de investigación.
La Comisión señaló que la oficina de protección de la soberanía tiene poderes tan amplios que puede “intervenir de forma intrusiva en las investigaciones”. Sus pesquisas y hallazgos deben recibir una amplia publicidad, lo que, probablemente, tendrá “un efecto estigmatizador” en las personas investigadas.
“Los amplios poderes y discreción de la oficina afectarán de manera desproporcionada a un amplio sector de personas y entidades, entre ellas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas”, señaló.