Muchos civiles ucranianos languidecen en cárceles rusas

Con frecuencia, Alina Kapatsyna sueña que recibe una llamada telefónica de su madre. En esas visiones, su madre le dice que va de vuelta a casa.

Hombres con uniformes militares se llevaron a Vita Hannych, de 45 años, de su hogar en el este de Ucrania en abril. Nunca regresó.

Su familia se enteró más tarde que Hannych, quien desde hace mucho tiempo ha sufrido convulsiones debido a un quiste en el cerebro, está bajo custodia en una parte ocupada por los rusos de la región de Donetsk.

Kapatsyna dijo a The Associated Press que aún no es claro por qué su madre, “una civil pacífica y enferma” que nunca ha empuñado un arma, fue detenida.

Hannych es una de cientos —y quizás miles— de civiles ucranianos no combatientes que se cree que han sido retenidos por las fuerzas rusas por meses tras su invasión. Algunos han sido considerados prisioneros de guerra a pesar de que nunca participaron en combates. Otros permanecen en una especie de limbo judicial, sin enfrentar ningún cargo penal y sin ser considerados prisioneros de guerra.

Hannych vestía sólo ropas deportivas y pantuflas cuando fue capturada por las fuerzas rusas que ocuparon su pueblo de Volodymyrivka varias semanas después de la invasión que comenzó el 24 de febrero. El pueblo todavía está bajo el control de Moscú.

Su familia pensó inicialmente que regresaría a casa pronto. Se sabía que las fuerzas rusas detenían personas durante dos o tres días para efectos de “filtración” y que luego las liberaban, dijo Kapatsyna, y Hannych no tenía nexos militares ni policiales.

Cuando pasaron los días sin que fuera liberada, Kapatsyna y su abuela de 70 años comenzaron a buscarla. Al principio, las cartas y las visitas a varios funcionarios y organismos gubernamentales instalados por Rusia en la región de Donetsk no dieron resultados.

“Las respuestas en todas partes fueron las mismas: ‘Nosotros no nos la llevamos’ ¿Quién se la llevó entonces, si nadie se la llevó?”, pregunta Kapatsyna, quien dejó el pueblo en marzo para dirigirse a la ciudad de Dnipro, controlada por Ucrania.

Por fin obtuvieron algo de claridad después: Hannych fue trasladada a una cárcel en Olenivka, otra ciudad controlada por Rusia, según una carta de la fiscalía instalada por Moscú en la región de Donetsk.

Los empleados en la cárcel le dijeron a la abuela de Kapatsyna que Hannych era una francotiradora, acusaciones que su familia considera absurdas dada su condición. Los reportes médicos vistos por la AP confirmaron que ella tenía un quiste en el cerebro, además de “encefalopatía residual” y “ataques convulsivos generales”.

Anna Vorosheva, quien pasó 100 días en las mismas instalaciones que Hannych, relató las condiciones miserables e inhumanas del lugar: el agua para beber está estancada, no hay calefacción ni duchas, sólo se puede dormir por turnos y se escucha a los presos nuevos gritando por las golpizas que reciben.

Vorosheva, de 46 años, explicó que no le dijeron por qué la detuvieron, pero percibió “sonrisas de superioridad y bromas sobre los nazis”, aludiendo a las falsas afirmaciones de Rusia de que lo que llama su “operación militar especial” en Ucrania es una campaña para “desnazificar” al país. También aseguró que el personal le dijo: “Alégrate de que no te estemos golpeando”.

Las autoridades de Donetsk etiquetaron a Hannych como prisionera de guerra y recientemente le dijeron a su familia que ella está encarcelada en la ciudad ocupada de Mariúpol. No está claro cuándo podría ser liberada o si lo será.

La principal organización de derechos humanos de Ucrania, el Centro para las Libertades Civiles, tiene solicitudes sobre unos 900 civiles capturados por Rusia desde que comenzó la guerra, con más de la mitad aún bajo custodia.

Dmytro Lubinets, el enviado de Ucrania para los derechos humanos, elevó aún más la cifra y el viernes dijo que su oficina ha recibido consultas sobre más de 20.000 “rehenes civiles” detenidos por Rusia.

El abogado ruso Leonid Solovyov aseguró a la AP que ha acumulado más de 100 solicitudes respecto a civiles ucranianos. Agregó que pudo ayudar a 30 o 40 a confirmar que la persona que buscaban estaba bajo custodia rusa sin ningún estatus judicial, al igual que su cliente, Mykyta Shkriabin.

El estudiante de la región de Járkiv, en el noreste de Ucrania, fue detenido en marzo por el ejército ruso y ha permanecido en custodia sin cargos ni procedimientos judiciales desde esa fecha.

Shkriabin, quien entonces tenía 19 años, se refugiaba de los combates en un sótano con su familia, según su madre, Tetiana. Durante un cese de las hostilidades salió a buscar suministros, pero nunca regresó.

Tetiana Shkriabina dijo a la AP que se enteró por testigos que los soldados rusos lo capturaron.

Meses después, Solovyov recibió confirmación del Ministerio de Defensa de Rusia, de que Shkriabin fue detenido por “resistirse a la operación militar especial”. No existe tal delito en la legislación rusa, precisó Solovyov, pero incluso si existiera, Shkriabin tendría que haber sido acusado e investigado formalmente, lo que nunca ocurrió. El ministerio se negó a revelar su paradero.

Es más, cuando Solovyov presentó una denuncia ante el Comité de Investigación de Rusia donde impugnaba la detención, confirmó que no hay investigaciones penales abiertas contra Shkriabin y que no es sospechoso ni ha sido acusado formalmente.

Shkriabin, quien cumplió sus 20 años mientras estaba en cautiverio, no ha sido catalogado como prisionero de guerra, dijo el abogado, quien agregó: “Su estatus judicial es simplemente de un rehén”.

Los ministerios de Defensa y del Interior rusos no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Otros casos son inquietantemente similares a los de Shkriabin y Hannych.

Las fuerzas rusas detuvieron en mayo a Iryna Horobtsova, una especialista en tecnología de la información, en la ciudad sureña de Jersón cuando estaba ocupada por Moscú. Allanaron su apartamento, incautaron una computadora portátil, dos teléfonos móviles y varias memorias USB antes de llevársela, según su hermana, Elena Kornii. Prometieron a sus padres que volvería a casa esa noche, pero eso no sucedió.

Horobtsova permaneció en la ciudad y habló en contra de la guerra en redes sociales antes de ser detenida, precisó Kornii. Ella había asistido a protestas contra Rusia y también ayudó a los residentes llevándolos en su automóvil al trabajo o a encontrar medicamentos escasos.

“Ella no ha violado ninguna ley ucraniana”, agregó Kornii, quien señaló que su hermana no tenía nada que ver con el ejército.

El abogado de Horobtsova, Emil Kurbedinov, dijo creer que las fuerzas de seguridad rusas llevaban a cabo “purgas de desleales” en Jersón.

Se enteró por el Servicio de Seguridad Federal de Rusia que ella todavía estaba bajo custodia. El Ministerio del Interior en Crimea, una península ucraniana anexionada por Moscú, le dijo que Horobtsova estaba en un centro de detención allí. Cuando Kurbedinov trató de visitarla, los funcionarios se negaron a reconocer que la tenían como prisionera.

En cuanto al porqué de su detención, el abogado explicó que las autoridades le dijeron que “resistió la operación militar especial, y que se tomará una decisión sobre ella cuando termine la operación militar especial”.

La describió como “encarcelada ilegalmente”.

Dmytro Orlov, alcalde de la ciudad ocupada de Enerhodar, en la región de Zaporiyia, describe el destino de su vicealcalde de la misma manera: “una detención absolutamente arbitraria”.

Ivan Samoydyuk fue detenido por soldados rusos poco después de que tomaran la central nuclear de Zaporiyia, en marzo, y no han presentado cargos en su contra, sostuvo Orlov.

“¡Ni siquiera estamos seguros de si está vivo!”, subrayó el alcalde. “Si no podemos obtener respuestas claras de los rusos sobre el destino de un vicealcalde, imagina el destino de los civiles ucranianos comunes”.

Mykhailo Savva, del Consejo de Expertos del Centro para las Libertades Civiles, dijo que las Convenciones de Ginebra permiten que un estado detenga a civiles temporalmente en áreas ocupadas, pero “tan pronto como desaparezca la razón que causó la detención de ese civil, esa persona debe ser liberada”.

“Sin condiciones especiales ni intercambios, simplemente liberada”, insistió Savva, quien señaló que los civiles no pueden ser declarados prisioneros de guerra según las leyes internacionales.

El derecho internacional prohíbe que una parte en guerra traslade por la fuerza a un civil a su propio territorio o al territorio que ocupa, y hacerlo puede ser considerado un crimen de guerra, advirtió Yulia Gorbunova, investigadora sénior de la organización Human Rights Watch.

Los prisioneros de guerra pueden ser intercambiados, pero no existe un mecanismo legal para intercambiar a civiles no combatientes, agregó Gorbunova, lo que complica los esfuerzos para liberar a los civiles del cautiverio.

Sin embargo, desde que comenzó la guerra, Kiev ha podido traer a algunos a casa. Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial de Ucrania, dijo el 8 de enero que 132 civiles fueron rescatados del cautiverio ruso en 2022.

Lubinets, el defensor ucraniano de los derechos humanos, se reunió este mes con su homóloga rusa, Tatyana Moskalkova.

Informó que le dio a Moskalkova listas de algunos de los 20.000 civiles ucranianos que dijo que eran retenidos por Rusia, y que “la parte rusa acordó averiguar dónde están, en qué condición y por qué están detenidos”.

Después de obtener dicha información, se planteará la cuestión “del procedimiento para su devolución”, concluyó Lubinets.

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Litvinova informó desde Tallín, Estonia. El periodista de The Associated Press Yuras Karmanau en Tallín contribuyó para este reportaje