Palestinos enfrentan desalojo de aldea por expansión israelí

Manifestantes que subían en tropel por las colinas que el viento azotaba al este de Jerusalén interrumpieron el desayuno de Maha Alí.

Los palestinos que coreaban consignas para respaldar a su comunidad beduina de Khan al-Ahmar, en Cisjordania, ahogaron el canto de las aves y el balido de las ovejas. La aldea está en riesgo de ser demolida por el ejército israelí desde que perdió su protección jurídica hace más de cuatro años.

Si bien el objetivo era apoyar al poblado, la manifestación solidaria de la semana pasada inquietó a Alí. Políticos israelíes se reunieron en la colina opuesta para orquestar una contramanifestación, exigiendo el desalojo inmediato de Khan al-Ahmar.

“¿Por qué están todos ellos de vuelta aquí? ¿Pasó algo?”, le preguntó Alí a su hermana mientras contemplaba una aglomeración de periodistas de televisión. “Cuatro años de calma y ahora este caos otra vez”.

La añeja disputa por Khan al-Ahmar ha resurgido dentro del conflicto palestino-israelí e incluye un plazo jurídico por vencer. Los nuevos ministros israelíes de extrema derecha están presionando al gobierno con el fin de que cumpla un compromiso aprobado por el Tribunal Supremo en 2018 para borrar al poblado del mapa. Israel sostiene que la aldea, hogar de casi 200 palestinos y una escuela subvencionada por la Unión Europea, se construyó de manera ilegal en territorio del Estado.

Para los palestinos, Khan al-Ahmar es emblemática de la etapa más reciente del conflicto de décadas. Miles de palestinos se esfuerzan por obtener permisos de Israel con el fin de poder construir en 60% de la Cisjordania ocupada, la cual está bajo el control total de las fuerzas armadas israelíes.

Después de un arrebato de violencia la semana pasada —incluida la redada israelí más letal en Cisjordania en dos décadas y el ataque palestino más mortífero contra civiles en Jerusalén desde 2008—, el primer ministro Benjamin Netanyahu respondió el sábado con la promesa de reforzar los asentamientos judíos en la zona de Cisjordania que controla Israel, en la que pocas tierras se distribuyen entre los palestinos.

La competencia por la tierra se desarrolla en las colinas de Hebrón, ubicadas en el sur —en donde el Tribunal Supremo ordenó la expulsión de mil palestinos en una zona conocida como Masafer Yatta—, y en todo el territorio. En poblados palestinos no autorizados, los cuales carecen de acceso directo a la electricidad, el agua o la infraestructura sanitaria de Israel, los residentes contemplan impotentes a las autoridades israelíes demoler viviendas, expedir órdenes de evacuación y ampliar asentamientos, modificando el paisaje del territorio que los palestinos sueñan llamar su Estado.

El año pasado, las autoridades israelíes demolieron 784 construcciones palestinas en Cisjordania porque no tenían permisos, reportó B’Tselem, un grupo israelí que defiende los derechos humanos, la mayor cantidad desde que comenzó a llevar la cuenta de las demoliciones hace una década. El ejército derriba viviendas poco a poco, dice el grupo, pues no quiere arriesgarse a enfrentar la censura internacional que recibiría si decidiera arrasar un poblado completo.

La noticia del inminente desahucio masivo de Khan al-Ahmar hace cuatro años provocó una reacción negativa generalizada. Desde entonces el gobierno la detuvo, pidiéndole más tiempo al tribunal debido a la presión internacional y al repetido estancamiento político de Israel.

“Dicen que los bulldozers vendrán mañana, el próximo mes, el próximo año”, dijo Alí, de 40 años, en su choza con techo de metal, desde la cual puede ver las viviendas de techos rojos del asentamiento de Kfar Adumim, en rápida expansión. “Nuestra vida está paralizada”.

El miércoles, el gobierno israelí solicitó otros cuatro meses para responder a una petición que le hizo al Tribunal Supremo un grupo partidario de los asentamientos, Regavim, en la que preguntó por qué Khan al-Ahmar no ha sido demolido. Legisladores de extrema derecha condenaron la demora el miércoles, y Danny Danon, miembro del partido de Netanyahu, Likud, exigió que el nuevo gabinete cambie las “torpes políticas del gobierno anterior”.

Los beduinos temen que el paréntesis llegue a su fin ahora que Israel tiene el gobierno más derechista de su historia.

El cofundador de Regavim, Bezalel Smotrich, es ahora el ministro ultranacionalista de finanzas de Israel. En un polémico acuerdo de coalición se le dio el control del organismo militar israelí que supervisa la construcción y demolición de zonas de Cisjordania que administra Israel.

En una reunión de gabinete la semana pasada, el ministro de seguridad nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, exigió que se demoliera Khan al-Ahmar, “de la misma forma en que el ministro de defensa decidió destruir un enclave judío” construido ilegalmente en Cisjordania.

“No sólo se trata de Khan al-Ahmar, sino del futuro de Judea y Samaria”, dijo Yuli Edelstein, presidente del comité de defensa y exterior del Knéset (el Parlamento) durante una visita al poblado la semana pasada, utilizando los nombres bíblicos de Cisjordania.

El líder de Khan al-Ahmar, Eid Abu Khamis, de 56 años, dijo que en su grupo de chozas se vuelve a respirar ansiedad. “Quieren vaciar el territorio y dárselo a colonos”, denunció.

Los beduinos han habitado en Khan al-Ahmar por lo menos desde la década de 1970, aunque algunos, como Alí y Abu Khamis, relatan que sus padres vivieron ahí desde antes. Israel ha ofrecido reubicar a los pobladores a otro lugar a varios kilómetros de distancia. Los palestinos temen que el gobierno israelí utilizará este tramo estratégico de territorio para aislar a Jerusalén de las ciudades palestinas, ante lo cual ya no sería viable un futuro Estado palestino.

“Estamos haciendo todo lo posible para impedir esto”, dijo Ahmad Majdalani, ministro de desarrollo social de la Autoridad Palestina. “El nuevo gobierno se encontrará en confrontación directa con nosotros y la comunidad internacional”.

Durante una visita del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a Jerusalén y Ramala el martes, él expresó que Washington se opone a las demoliciones y los desahucios que Israel desea implementar, acciones con las que, dijo, una solución de dos Estados al conflicto se torna “más difícil de alcanzar”.

El gobierno estadounidense le ha expresado su preocupación al gobierno israelí por los desalojos planificados de los palestinos en Cisjordania, señaló la Oficina de Asuntos Palestinos de Estados Unidos, refiriéndose a los casos de Khan al-Ahmar y Masafer Yatta en lo que ahora se conoce como el Área C.

La zona cubre 60% de la Cisjordania que se ha determinado está bajo control total de Israel. Esto contrasta con las áreas restantes, incluidos los centros de población palestinos, donde el gobierno de la autonomía palestina ejerce control civil, y también controla parcialmente la seguridad.

Esta demarcación de distintas zonas formó parte de los acuerdos de Oslo para la paz de 1995.

Fueron acuerdos provisionales, que se pretendía durarían cinco años a la espera de un tratado de paz definitivo.

“La intención siempre fue que la parte más grande del Área C formara parte del Estado palestino”, dijo Yossi Beilin, uno de los arquitectos de esos tratados para la paz. “De otro modo, es similar a tener a la gente encarcelada, y a la larga habría una explosión”.

Casi tres décadas después, el Área C es hogar de aproximadamente medio millón de israelíes en decenas de asentamientos considerados ilegales bajo el derecho internacional. Viven al lado de entre 180.000 y 300.000 palestinos, estiman las Naciones Unidas, a los cuales casi nunca se les otorgan permisos para construir. Cuando construyen viviendas sin permisos, son arrasadas por bulldozers de los militares.

Los socios de la coalición de Netanyahu tienen una perspectiva radicalmente distinta sobre el Área C que la que se estableció en Oslo. Esperan incrementar la población de colonos, eliminar la construcción palestina e incluso anexarse el territorio. El gabinete anunció que frenaría la construcción palestina en esa zona, parte de las medidas punitivas contra la Autoridad Palestina el mes pasado.

En mayo de 2022, el Tribunal Supremo de Israel aprobó la expulsión de unos 1.000 palestinos de Masafer Yatta, al sur de Hebrón, porque el ejército israelí la declaró zona de fuego restringida en la década de 1980. Ahí y en los campamentos circundantes, los palestinos dicen que existe una campaña de Israel para hacerles la vida tan miserable que se vean obligados a irse.

El miércoles pasado, Luqba Jabari, de 65 años, se despertó al escuchar el ruido sordo de los bulldozers en Khirbet Ma’in, parte del área de Masafer Yatta, donde nacieron sus abuelos. Ella y 30 de sus parientes salieron a toda prisa y vieron al ejército reducir su hogar a escombros. Los militares derribaron las otras tres chozas y los tanques de agua de su familia.

Esa noche, relató, durmieron en sus automóviles, al lado de los escombros de la vida de su familia. En el curso de la semana pasada, los vecinos les han ofrecido algunas habitaciones que tienen disponibles, con el fin de que se refugien temporalmente en ellas.

“Esta es nuestra tierra”, dijo Jabari. “No hay a dónde ir”.