Parlamento español amplía derechos de aborto y transgénero
El Parlamento español aprueba una legislación que amplía los derechos de aborto y transgénero para adolescentes, al tiempo que convierte a España en el primer país de Europa en otorgar una licencia menstrual pagada
El Parlamento español aprobó el jueves una legislación que amplía los derechos de aborto y transgénero para adolescentes, al tiempo que convierte a España en el primer país de Europa en otorgar una licencia menstrual pagada.
La impulsora de las dos leyes fue la ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido Unidas Podemos, uno de los aliados en el gobierno de coalición de izquierdas.
Los cambios en los derechos sexuales y reproductivos significan que las jóvenes de 16 y 17 años en España podrán abortar sin el consentimiento de los padres. Habrá productos para el período gratis en escuelas y prisiones, mientras que los centros de salud estatales harán lo mismo con los anticonceptivos hormonales y la píldora del día después. Por otra parte, la licencia menstrual permitirá a las trabajadoras con dolores debilitantes tomar tiempo libre remunerado.
Además, los cambios consagran en la ley el derecho a abortar en un hospital estatal. Actualmente, más del 80% de estos procedimientos en España se realizan en clínicas privadas debido a un alto número de médicos en el sistema público que se niegan a realizarlos, muchos por motivos religiosos.
Bajo el nuevo sistema, los médicos de los hospitales estatales no estarán obligados a realizar abortos, siempre que hayan registrado sus objeciones por escrito.
Un paquete separado de reformas también aprobado por los legisladores el jueves fortaleció los derechos de las personas transgénero, incluida la posibilidad de que cualquier ciudadano mayor de 16 años cambie su género registrado legalmente sin supervisión médica.
Los menores de entre 12 y 13 años necesitarán autorización del juez para cambiarse, mientras que los de entre 14 y 16 años deberán ir acompañados de sus padres o tutores legales.
Anteriormente, las personas transgénero necesitaban un diagnóstico de disforia de género por parte de varios médicos. La segunda ley también prohíbe la llamada “terapia de conversión” para personas LGBTQ y brinda apoyo estatal para lesbianas y mujeres solteras que buscan tratamiento de fertilización in vitro.
Las iniciativas han encontrado una fuerte oposición de los partidos de derecha que forman el principal bloque de oposición de España.