Tribunal italiano rechaza detención de primeros migrantes enviados a Albania
Un tribunal de Italia falló el viernes contra la decisión del gobierno derechista de detener a 12 migrantes en centros recién inaugurados en Albania, lo que constituye un obstáculo clave para el plan del gobierno de delegar al país balcánico una parte de su procesamiento de migrantes.
Las 12 personas forman parte de la primera ronda de 16 migrantes que se pretende enviar a los dos centros inaugurados esta semana, de conformidad con un acuerdo a cinco años para albergar mensualmente a 3.000 migrantes recogidos por la Guardia Costera italiana, para someterlos a investigaciones con el fin de concederles un posible asilo en Italia o enviarlos de vuelta a sus países.
No obstante, según las leyes italianas, la detención de cada migrante debe ser revisada por tribunales migratorios especiales, y el viernes, un tribunal de Roma rechazó la detención de 12 de los migrantes, afirmando que no pueden ser enviados de vuelta a sus países de origen —Bangladesh y Egipto— debido a que el tribunal no consideró que ambos países sean suficientemente seguros.
Los otros cuatro migrantes ya habían sido rechazados por el personal del centro de retención, que los consideró vulnerables tras someterlos a exámenes de salud y de otro tipo.
El veredicto es un primer obstáculo en el acuerdo entre Italia y Albania, que el gobierno de la primera ministra italiana Giorgia Meloni elogió como un nuevo “modelo” para manejar la migración no autorizada.
Meloni críticó a los jueces después del fallo y dijo que considerar inseguros a países como Bangladesh y Egipto significa que se debe impedir el acceso al programa de Albania a prácticamente todos los migrantes, volviéndolo inviable. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, anunció que el gobierno apelará la decisión.
En declaraciones a reporteros durante un viaje a Líbano, Meloni dijo que convocará una reunión del gabinete el lunes para analizar el tema.
“Nos reuniremos para aprobar algunas normas que nos permitirán superar este obstáculo”, dijo. “Pienso que corresponde al gobierno, y no a los magistrados, determinar los países que se deben considerar seguros”.