EE. UU. habría borrado evidencias del secuestro de miles de niños ucranianos por parte de Rusia
Según una fuente del Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, el Departamento de Estado eliminó las pruebas que se habrían utilizado como parte de los esfuerzos para devolver a los niños a Ucrania
Los esfuerzos internacionales por localizar y rescatar a decenas de miles de niños secuestrados en Ucrania y llevados a Rusia, y por procesar a los responsables, se han visto paralizados por la eliminación de pruebas por parte del Departamento de Estado de EE. UU.
El Gobierno de Trump cortó el mes pasado la financiación al Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, que estaba compilando una base de datos de presuntos crímenes de guerra rusos, incluido el secuestro de unos 35.000 niños de las zonas ocupadas de Ucrania.
Utilizando imágenes por satélite y otros sistemas de vigilancia proporcionados por el gobierno estadounidense, los investigadores de Yale vigilaban 116 emplazamientos en Rusia.
Según una fuente de Yale, el Departamento de Estado estadounidense eliminó las pruebas que se habrían utilizado como parte de los esfuerzos de rescate para que los niños regresaran a Ucrania. También se habrían utilizado para procesar a quienes están detrás de estos secuestros, incluido el presidente ruso Vladímir Putin.
“No está claro si fue por accidente o intencionadamente, pero esto podría revelar o generar una potencial responsabilidad penal para el Gobierno de Trump, dadas las prohibiciones internacionales contra la destrucción de pruebas de crímenes de guerra”, dijo una persona con información privilegiada de Yale a The Independent.
Asimismo, podría recaer más responsabilidad sobre la Administración Trump por la destrucción de pruebas en la persecución de Putin, quien ha sido acusado por la Corte Penal Internacional.
Los investigadores y abogados que trabajan en el proyecto de Yale también han tenido que dejar de compartir los datos con la Unión Europea, que también está investigando el secuestro de niños a través de la Europol.
“Ellos [el Departamento de Estado] borraron la base criminal de la orden de arresto contra Putin. Tanto si lo hicieron por accidente, como si lo hicieron a propósito, le están haciendo un gran favor”, dijo la fuente de Yale a The Independent.
“Lo peor de todo esto no es que obstaculiza el enjuiciamiento, lo que ya es malo. Lo peor es que arruina nuestros esfuerzos activos para intentar que los niños vuelvan a sus hogares”, añadieron.
El equipo trabaja en estrecha colaboración con SaveUkraine, organización benéfica que ha repatriado a 610 niños ucranianos hasta la fecha, y con el gobierno ucraniano.
Trump mantuvo conversaciones con Putin el martes sobre el futuro de Ucrania. Desde su toma de posesión, ha adoptado sistemáticamente una postura fuertemente prorrusa respecto a Ucrania y se ha burlado de su presidente, Volodymyr Zelensky, calificándolo de “dictador”, aunque fue elegido democráticamente.
Zelensky ha hecho del regreso de los jóvenes de su país desde Rusia una prioridad en las negociaciones de alto el fuego, así como en las orientadas a lograr paz a largo plazo entre Ucrania, EE. UU. y Rusia.
El proyecto de la Universidad de Yale había sido una de las contribuciones más importantes de los departamentos de Estado estadounidenses al derecho internacional y al enjuiciamiento de presuntos crímenes de guerra. Ha elaborado 16 importantes informes sobre Ucrania y ha contribuido a seis acusaciones en la CPI contra rusos.
Putin y Maria Lvova-Belova, su comisaria para los derechos de la infancia, figuran entre las personas sobre las que pesa una orden de detención internacional emitida por la CPI como responsables individuales de “deportación ilegal” y “traslado ilegal” de niños procedentes de zonas de Ucrania invadidas por Rusia. Lvova-Belova ha afirmado haber adoptado a un “huérfano” ucraniano.
Rusia se ha anexionado ilegalmente cuatro provincias ucranianas que controla en gran parte, ha expedido pasaportes rusos a sus residentes y está obligando a jóvenes a alistarse en su ejército para luchar contra su propio país bajo la bandera del Kremlin.
Moscú también ha intentado erradicar la lengua ucraniana del plan de estudios en las zonas ocupadas. Y ha trasladado por la fuerza a un gran número de niños a las profundidades del territorio ruso. Los asesinatos en masa y las expulsiones forzosas de ucranianos bajo el régimen de Stalin dieron lugar a un genocidio conocido como el Holodomor, en el que más de tres millones de personas murieron de hambre a principios de la década de 1930.
Según varias fuentes de Yale, los detalles de varios presuntos crímenes de guerra se guardaban en una base de datos de alta seguridad denominada “César”.
“La Ley Jones de Crímenes de Guerra de 1996, un estatuto penal federal, prohíbe todas las violaciones de la Convención de Ginebra como parte del derecho penal estadounidense. Destruir pruebas de un crimen de guerra es, a su vez, un crimen de guerra según esta convención”, declaró el experto de Yale a The Independent.
Se ha contactado con el Departamento de Estado de EE. UU. en busca de comentarios.
Traducción de Sara Pignatiello