‘Parece que todavía no pueden hacerlo bien’: Acusan a Oklahoma de malograr la primera ejecución tras 6 años de interrupción

Oklahoma ejecutó a su primer condenado a muerte en seis años, mientras los críticos afirman que el estado aún no ha aprendido la lección después de suspender temporalmente las ejecuciones tras una serie de errores catastróficos.

John Grant, condenado a muerte en 1999 por apuñalar mortalmente a la trabajadora de la cafetería Gay Carter mientras estaba en prisión, fue ejecutado mediante inyección letal el jueves por la tarde.

Los asistentes dijeron que gritó, vomitó, convulsionó y se retorció antes de caer inconsciente.

“Empezó a convulsionar unas dos docenas de veces, convulsiones de todo el cuerpo, y empezó a vomitar, lo que le cubrió la cara y empezó a correr por el cuello y el lado de la cara”, dijo el reportero de Associated Press Sean Murphy, uno de los testigos de la ejecución.

Los críticos dijeron que su aparente lucha durante el proceso era una de las razones por las que el estado no debería haber reanudado las ejecuciones con un cóctel de tres fármacos que había utilizado en varias ejecuciones defectuosas en 2014 y 2015.

“El protocolo de ejecución de Oklahoma no funcionó como fue diseñado”, dijo el defensor público Dale Baich en un comunicado el jueves.

Los defensores condenaron la última ejecución. “Parece que todavía no pueden hacerlo bien”, tuiteó Death Penalty Action, que protestó frente a la prisión que alberga la cámara de ejecución de Oklahoma el jueves.

“John Grant convulsionó, gritó de dolor y vomitó. Ya es hora de detener las ejecuciones.”

La ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) de Oklahoma, por su parte, dijo que la ejecución era “vergonzosa” y el resultado de los esfuerzos “por encima” de los funcionarios del estado para seguir adelante.

Los críticos señalaron el aparente forcejeo de Grant antes de morir como una prueba más de que el estado sigue sin ejecutar a las personas de forma humana.

Se dice que el proceso de ejecución es tan insoportable y doloroso que viola la prohibición de castigos crueles e inusuales de la Constitución estadounidense.

“Por eso el Décimo Circuito suspendió la ejecución de John Grant y por eso el Tribunal Supremo de Estados Unidos no debería haber levantado la suspensión”, dijo Baich. “No debería haber más ejecuciones en Oklahoma hasta que vayamos a juicio en febrero para abordar el problemático protocolo de inyección letal del estado.”

Baich se refería a una demanda de 32 personas contra el estado en la que representaba a Grant, así como a otros reclusos. La demanda alega que el protocolo de inyección letal no seda adecuadamente a los reclusos.

Aunque el juicio está previsto para febrero de 2022, el Tribunal Supremo de EE.UU. sostuvo el jueves que las ejecuciones contra demandantes como Grant podían continuar de todos modos.

La decisión había anulado un fallo emitido el miércoles por un tribunal federal de apelaciones según el cual la demanda debía desarrollarse antes de que el estado pudiera ejecutar a cualquiera de los implicados en ella.

“Se arriesgan a no poder presentar lo que puede ser una reclamación viable en virtud de la Octava Enmienda ante los tribunales federales antes de que se les ejecute utilizando el método que han impugnado”, había escrito el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Décimo Circuito en su fallo.

Está previsto que Oklahoma ejecute a otro demandante, Julius Jones, antes de que se celebre el juicio de 2022.

La cámara de ejecuciones del estado, una de las más prolíficas del país, llevaba años sin utilizarse, hasta la decisión del jueves del Tribunal Supremo.

El estado no había ejecutado a nadie después de los incidentes ocurridos en 2014 y 2015, en los que dos hombres fueron asesinados por utilizar fármacos de inyección letal incorrectos, lo que provocó un sufrimiento visible. Un tercer hombre, Richard Glossip, estuvo a punto de correr la misma suerte, antes de que se suspendiera la ejecución con horas de antelación.

Los errores de gran repercusión se ganaron las críticas de Barack Obama y de la ONU.

En 2020, Oklahoma anunció que reanudaría las ejecuciones utilizando la misma mezcla de tres fármacos para su protocolo de inyección letal, pero con garantías añadidas.

“El Departamento de Correccionales ha abordado las preocupaciones relativas a la ejecución de la pena de muerte y está preparado para seguir la voluntad del pueblo de Oklahoma, expresada en el estatuto estatal, y las órdenes de los tribunales llevando a cabo la ejecución de los reclusos condenados a muerte por un jurado de sus pares”, dijo el martes el director de la agencia, Scott Crow, en un comunicado de prensa.

Los críticos han argumentado que el estado todavía no está haciendo lo suficiente para garantizar el trato humano de las personas que ejecuta.

Han expresado su preocupación por el hecho de que el estado no identifique públicamente de dónde obtiene sus fármacos y que siga utilizando el medicamento Midazolam, que, según la demanda de inyección letal constitucional, no seda adecuadamente a los ejecutados.

La oficina del gobernador y el Departamento de Correccionales de Oklahoma no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la ejecución de John Grant.

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