El Palacio de Buckingham niega que la Reina Isabel presionó al gobierno para ocultar su riqueza privada
Según The Guardian, un abogado privado de la Reina presionó con éxito al gobierno para que cambiara un proyecto de Ley que permitía total transparencia de las empresas utilizadas por los "jefes de estado"
El Palacio de Buckingham ha descrito como "simplemente incorrecto" un informe que sugería que la Reina Isabel bloqueó una ley en la década de 1970 para ocultar su patrimonio privado.
The Guardian informó que el abogado privado de la monarca había presionado con éxito al gobierno para que cambiara un proyecto de ley que permitía que las empresas utilizadas por los "jefes de estado" estuvieran exentas de las nuevas medidas de transparencia que se estaban considerando en ese momento.
El material almacenado en los Archivos Nacionales mostró que en noviembre de 1973, el jefe de estado temía que un proyecto de ley destinado a abrir las participaciones de la empresa pudiera permitir al público examinar sus finanzas, informó el diario.
Como resultado, el abogado de la monarca habló con funcionarios del entonces Departamento de Comercio e Industria sobre el Proyecto de Ley de Empresas y propuso que se eximiera a la Reina, alegó The Guardian.
Según el diario, un funcionario advirtió en ese momento del riesgo de revelaciones "vergonzosas" si no se modificaba la legislación, que se convirtió en ley en 1976 y se aplicó hasta el 2011.
The Guardian informó que la riqueza privada de la reina nunca se ha revelado oficialmente, aunque se cree que asciende a cientos de millones de libras.
Thomas Adams, profesor asociado de derecho en la Universidad de Oxford, dijo al periódico que los documentos mostraban “el tipo de influencia sobre la legislación con la que los cabilderos solo soñarían”.
Sin embargo, el palacio ha negado rotundamente el informe, insistiendo en que las afirmaciones de que la monarca había intentado bloquear el proyecto de ley eran "simplemente incorrectas".
Un comunicado decía: “El consentimiento de la reina es un proceso parlamentario, con el papel de soberano puramente formal. La monarca siempre otorga el consentimiento cuando lo solicita el gobierno. Cualquier afirmación de que el soberano ha bloqueado la legislación es simplemente incorrecta.
“El parlamento decide si se requiere el consentimiento de la reina, independientemente de la casa real, en asuntos que afectarían los intereses de la Corona, incluida la propiedad personal y los intereses personales de la monarca.
"Si se requiere consentimiento, el proyecto de ley se entrega, por convención, al soberano para que lo otorgue únicamente por consejo de los ministros y como un asunto de dominio público".