Garland advierte que estados no pueden prohibir medicamentos abortivos aprobados por la FDA
Los legisladores estatales republicanos han presentado docenas de propuestas para prohibir el aborto con medicamentos
El fiscal general de los EE.UU., Merrick Garland, prometió que el Departamento de Justicia de los EE.UU. “trabajará sin descanso para proteger y promover la libertad reproductiva”, luego de que la Corte Suprema anulara las protecciones constitucionales para el aborto, dando marcha atrás a 50 años de este derecho.
Una declaración emitida por su oficina el 24 de junio advirtió a los estados que no pueden prohibir el medicamento abortivo mifepristona, mientras los legisladores republicanos presentan docenas de propuestas que restringen la disponibilidad de medicamentos recetados aprobados para interrumpir el embarazo.
El aborto con medicamentos es, con mucho, la forma más común de atención al aborto en EE.UU. Representa casi el 60 por ciento de todos los procedimientos. El medicamento fue aprobado para su uso por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA) en la mayoría de los casos hasta las 10 semanas de embarazo en el 2000. El tratamiento con mifepristona y misoprostol, medicamentos que se venden sin receta en algunos países, es abrumadoramente seguro y efectivo.
El año pasado, la FDA eliminó permanentemente el requisito de presentarse en persona para conseguir recetas de aborto con medicamentos, permitiendo a los pacientes tener acceso a los fármacos a través de citas virtuales y farmacias en línea, para que puedan tomarlos en casa.
Garland aseguró que el Departamento de Justicia está “listo para trabajar con otras ramas del gobierno federal que buscan usar sus autoridades legales para proteger y preservar el acceso a la atención reproductiva”.
“En particular, la FDA ha aprobado el uso del medicamento mifepristona”, señaló. “Los estados no pueden prohibir la mifepristona si no están de acuerdo con el dictamen de expertos de la FDA sobre su seguridad y eficacia”.
En los últimos meses, los legisladores republicanos en todo el país presentaron más de 100 proyectos para restringir la disponibilidad y distribución de los fármacos abortivos, o para prohibirlos por completo, trazando una nueva línea en la guerra del Partido Republicano contra el derecho al aborto, mientras el fin de las protecciones de Roe traslada la batalla a las legislaturas y cortes estatales.
Diecinueve estados requieren que un médico que ofrezca el aborto con medicamentos esté físicamente presente cuando se administren las sustancias, lo que prohíbe las citas virtuales para recetarlas.
Los fármacos también se usan comúnmente para tratar los abortos espontáneos, que ocurren en aproximadamente uno de cada 10 embarazos. La mifepristona y el misoprostol son los únicos medicamentos recomendados por el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos para tratar una pérdida temprana del embarazo.
Defensores y médicos han advertido que las restricciones al acceso a los medicamentos podría provocar consecuencias peligrosas para la salud de las mujeres que buscan ser atendidas.
Garland adelantó que el Departamento de Justicia trabajará para brindar apoyo a los proveedores y las personas que buscan abortar en estas que seguirán permitiéndolos.
También agregó que las agencias federales “pueden seguir brindando servicios de salud reproductiva en la medida en que lo autorice la ley federal”, y que “a los empleados federales que cumplen con su deber al brindar dichos servicios se les debe permitir hacerlo sin la amenaza de la responsabilidad”.
La decisión de la Corte Suprema “asesta un golpe devastador a la libertad reproductiva en los Estados Unidos”, sostuvo. “Tendrá un impacto inmediato e irreversible en las vidas de las personas de todo el país. Y tendrá un efecto muy desproporcionado: las personas de color y de medios económicos limitados tendrán las mayores cargas”.
El Departamento de Justicia “utilizará todas las herramientas a nuestra disposición para proteger la libertad reproductiva”, afirmó. “Y no vacilaremos en la responsabilidad fundacional de este departamento de proteger los derechos civiles de todos los estadounidenses”.