Trump y Barr “atacaron deliberadamente” a manifestantes de Black Lives Matter, según un informe

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y las fuerzas del orden federales "atacaron deliberadamente" a manifestantes de Black Lives Matter bajo la "dirección expresa" de Donald Trump y el ex fiscal general William Barr, según un amplio análisis del grupo de defensa Movement for Black Lives.

En casi todos los enjuiciamientos, los casos relacionados con las protestas del 31 de mayo al 25 de octubre "dieron como resultado que cientos de organizadores y activistas se enfrentaran a años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional" después de que las fuerzas del orden federal "explotaran el extenso código penal federal" para ejercer jurisdicción sobre casos relacionados con protestas que "no tenían ningún interés federal", según el informe.

El informe, que examina 326 casos penales presentados por fiscales federales a raíz de las protestas de 2020 en medio de un levantamiento contra la violencia policial y la injusticia racial tras el asesinato policial de George Floyd, parece "corroborar en gran medida lo que los organizadores negros han sabido durante mucho tiempo intelectualmente, intuitivamente", y de la experiencia vivida sobre la actuación policial y el enjuiciamiento de las protestas por la justicia racial y actividades relacionadas por parte del gobierno federal”, dice el informe.

Movement for Black Lives ha señalado los hallazgos como parte de un legado de los intentos del gobierno y las fuerzas del orden para socavar la organización negra y la oposición a la supremacía blanca, desde el legado dañino del FBI de las operaciones de Cointelpro hasta los enjuiciamientos de los manifestantes por la justicia racial en la era Trump mientras se ignora a la policía, brutalidad y amenazas crecientes de violencia supremacista blanca en el centro de las protestas.

Los fiscales federales "buscaron agresivamente jurisdicción" en los casos de protesta a pesar de los cargos equivalentes a nivel estatal que fueron suficientes en casi todos los casos, según el informe, emitido en conjunto con la clínica de Creación de Responsabilidad y de la Aplicación de la Ley (CLEAR) en la City University of New Facultad de Derecho de York.

Los enjuiciamientos federales generalmente dan como resultado tasas de condenas más altas, y aproximadamente el 88 por ciento contra los manifestantes conllevaba penas más severas que los cargos estatales equivalentes, según el informe.

"El gobierno exageró en gran medida la amenaza de violencia" de las protestas, con la "gran mayoría" de los cargos relacionados con "delitos no violentos o delitos que eran potencialmente peligrosos pero que estaban restringidos a la destrucción de la propiedad, no a la violencia contra las personas", según el informe.

Más del 25 por ciento de todos los casos incluían "cargos acumulados" contra los acusados "con múltiples cargos redundantes que surgen de los mismos hechos, lo que lleva a posibles sentencias mucho más severas contra los acusados", según el informe.

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Más del 22 por ciento de todos los casos involucraron posibles sentencias mínimas obligatorias, y el 20 por ciento involucraron delitos en los que se alegaba que el acusado había conspirado o instigado a un delito sin haber cometido realmente ninguno.

La retórica de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia describía las protestas como compuestas por "radicales violentos", mientras que las fuerzas del orden federal justificaron su autoridad señalando la "abdicación de los líderes estatales y locales de sus responsabilidades de aplicación de la ley en deferencia a este violento asalto", según al informe.

En mayo, el entonces fiscal general Barr afirmó que los "extremistas anarquistas y de extrema izquierda" secuestraron las protestas y se comprometieron a invocar las leyes federales contra el cruce de fronteras estatales utilizando carreteras interestatales para "incitar o participar en disturbios violentos". También ordenó al Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI que investigara tales actos de “terrorismo interno” y, en un memorando, instó a los fiscales a acusar a los manifestantes de sedición.

Trump también anunció que estaría "movilizando todos los recursos federales disponibles... para detener los disturbios y saqueos". También firmó una orden ejecutiva que ordena al Departamento de Justicia que envíe fuerzas policiales a ciudades y estados con gobiernos liderados por los demócratas.

“Estas directivas, destinadas a interrumpir el movimiento, fueron la razón principal de la federalización sin precedentes de los enjuiciamientos relacionados con las protestas que se vio en 2020”, dice el informe.

El cargo más común (32 por ciento) fue incendio provocado, que los fiscales abarcaron en general más allá de prender fuego, según el informe.

El “desorden civil” representó el 15 por ciento de los cargos, seguido de agredir a un oficial (13,8 por ciento), que incluyó apuntar con punteros láser en la dirección general de las fuerzas del orden.

El informe también encontró que "los enjuiciamientos relacionados con protestas por parte de las autoridades federales en general no se correlacionaron con el tamaño de la población, como cabría esperar, sino más bien con el despliegue de las fuerzas del orden federal en las protestas policiales", lo que sugiere que "el despliegue de funciones de aplicación de la ley federal como una profecía autocumplida, que conduce a más enjuiciamientos y sirve para legitimar de manera circular la retórica alarmista que condujo al despliegue en primer lugar".

Los únicos dos cargos violentos relacionados con el asesinato fueron presentados contra miembros del grupo paramilitar de extrema derecha Boogaloo Boys.

Y aunque Trump, los miembros de su administración y sus aliados en el Congreso continúan culpando a "antifa" por la violencia en las protestas, el informe encontró solo una denuncia penal que enumeraba cualquier afiliación a "antifa", y una señaló su autoidentificación como un anarquista.

El informe exige amnistía para los manifestantes y pide al Congreso que apruebe la Ley Breathe, que trasladaría los fondos federales para los departamentos de policía a programas de seguridad pública basados en la comunidad.